La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos, manifestó Amnistía Internacional el día de hoy.
“Alberto es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.
Este indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil.
Alberto Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos.
Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán fue condenado.
“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.
A través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven en la pobreza en México significa reciben una menor protección a sus derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta situación.
Otro ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012 después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.
“La resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.
Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.
“Los fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.
