11 de noviembre
Las víctimas de un caso emblemático de violaciones de derechos humanos de hace varios decenios continúan con la lucha para llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables penales; así lo ha afirmado Amnistía Internacional la víspera de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso.
Los días 12 y 13 de noviembre, la Corte, reunida en Brasilia (Brasil), oirá los testimonios sobre el caso de 12 personas que sufrieron desaparición forzada, un caso de ejecución extrajudicial y varios casos de tortura tras el asalto de las fuerzas de seguridad al Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985, donde el grupo guerrillero M-19 había tomado como rehenes a quienes estaban en el interior de la sede.
Murieron más de 100 personas durante el asalto, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. De las 12 víctimas de desaparición forzada, hasta ahora sólo se ha encontrado el cadáver de una.
La lucha para llevar ante los tribunales a los presuntos responsables penales de los delitos de derecho internacional ha sido extremadamente lenta y sólo dos altos mandos han sido declarados culpables: el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
La mayoría de los presuntos responsables de las desapariciones y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el asalto al Palacio de Justicia por parte de las fuerzas de seguridad siguen eludiendo la acción de la justicia.
El 17 de octubre de 2013, el Estado admitió ante la Corte Interamericana su responsabilidad por la tortura de dos estudiantes que estaban en el Palacio de Justicia en el momento del asedio, y también por el hecho de que no se hubieran investigado dos de los casos de desaparición forzada.
Pero se niega a reconocer la responsabilidad de agentes del Estado en las 12 desapariciones forzadas y en la mayoría de las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante el asedio. No está previsto que la Corte Interamericana dicte resolución sobre la causa hasta el año que viene.
Los tímidos avances sobre este caso se deben en gran medida a la tenacidad de los familiares de las víctimas y de sus abogados, quienes, a pesar de las amenazas, el hostigamiento y la estigmatización constantes, llevan décadas haciendo campaña sin descanso –tanto en Colombia como en el seno del sistema interamericano de derechos humanos– para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación.
El Estado colombiano sigue negando una reparación a las víctimas del Palacio de Justicia y a sus familiares, por lo que han tenido que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que garantice su derecho fundamental a la verdad y la justicia, largamente demorado.
