Comunicados de prensa
18 marzo 2014
© Luke Somers/Demotix
En una manifiesta falta de acción, las autoridades de Yemen no han llevado a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de al menos 50 personas –entre manifestantes pacíficos y transeúntes– en Saná durante uno de los episodios más sangrientos de la sublevación de 2011; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Cuando se cumple el tercer aniversario de los homicidios del “Viernes de la Dignidad”, la organización pide la creación de una comisión de investigación independiente y con asistencia internacional para que investigue estos hechos y todas las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante 2011.
“Han pasado tres años desde la masacre del ‘Viernes de la Dignidad’ y las autoridades yemeníes todavía no han llevado a cabo una investigación creíble ni han hecho justicia. La promesa de establecer una comisión de investigación independiente que hizo el presidente Abd Rabu Mansur Hadi sigue sin cumplirse», ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Al tomarse con tanta calma la adopción de medidas que garanticen una investigación completa e imparcial sobre estas muertes, las autoridades yemeníes transmiten el inquietante mensaje de que la justicia y la rendición de cuentas no son prioritarias para ellas.”
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades yemeníes que garanticen que toda comisión establecida para investigar los hechos cuenta con la preparación y los recursos necesarios, incluso de la comunidad internacional si fuera necesario, con la autoridad suficiente para obligar a los testigos –incluidas autoridades gubernamentales– a comparecer y colaborar en la investigación, y con capacidad para proteger de intimidación a los testigos.
Asimismo, dicha comisión debería hacer recomendaciones concretas a las autoridades yemeníes para que obliguen a los autores de los abusos a rendir cuentas, ofrezcan reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familiares y garanticen que las fuerzas de seguridad acatan las normas internacionales de derechos humanos.
El 18 de marzo de 2011, hombres armados sin identificar abrieron fuego durante una manifestación pacífica en la plaza del Cambio de Saná y mataron al menos a 50 personas, entre manifestantes y transeúntes.
El entonces fiscal general abrió una investigación poco después de los hechos. Pero fue destituido por el presidente Alí Abdulá Salé dos semanas después, cuando expresó públicamente su preocupación por las dificultades que estaba teniendo para investigar las denuncias sobre la participación de altos cargos públicos.
En julio de 2011 se elevó la causa ante un tribunal penal de Saná, que más adelante ordenó al nuevo fiscal general que investigara a altos cargos del gobierno, como el ex presidente, que no habían sido acusados pero de cuya participación existían sospechas generalizadas. El fiscal general se ha negado a hacerlo.
Las perspectivas de obtener justicia a través del proceso actual se alejan aún más si se tiene en cuenta que en 2012 se aprobó una ley que concedía inmunidad al ex presidente y a todas las personas que habían trabajado a sus órdenes durante su mandato. Con ello se infringió claramente la obligación de investigar y procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos, contraída por Yemen en virtud del derecho internacional.
“La ley sobre inmunidad es totalmente inaceptable y debe derogarse de inmediato. En la práctica, permite que queden sin castigo todas las personas relacionadas con el gobierno anterior que cometieron violaciones de derechos humanos”, ha dicho Philip Luther.
A pesar del inmenso reto al que se enfrenta, Yemen ha dado algunos pasos positivos en los últimos años. Por ejemplo, ha promovido que las mujeres, los jóvenes y los grupos con motivos particulares de queja contra las autoridades centrales yemeníes, como la población del sur, estén representados en un diálogo nacional del que han surgido recomendaciones que, si se aplican, sin duda mejorarán el historial de derechos humanos del país.
También son alentadoras las medidas adoptadas para reestructurar las fuerzas armadas y de seguridad y mejorar la vigilancia de sus prácticas, así como los planes para crear una institución nacional de derechos humanos.
“Yemen ha puesto en marcha algunas reformas prometedoras en materia de derechos humanos. Pero no es posible una reforma sostenible si no hay justicia para las víctimas y sus familiares. Si el gobierno quiere demostrar que se toma en serio los derechos humanos, debe hacer frente a la arraigada impunidad», ha dicho Philip Luther.
“La mejor manera de conmemorar este aniversario sería que las autoridades establecieran una comisión de investigación independiente sobre los homicidios del Viernes de la Dignidad y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2011. Así se cumpliría el compromiso –largamente pospuesto– de garantizar investigaciones independientes e imparciales de todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado y proporcionar una reparación plena a las víctimas. La rendición de cuentas es imprescindible para la transición de Yemen.”
