Nuevos relatos desgarradores recogidos por expertos de Amnistía Internacional en Yemen revelan que miembros del grupo armado huzi están torturando a manifestantes para intentar reprimir la disidencia.
“Los huzis han descendido a un peligroso nivel de intimidación y violencia para infundir miedo a cualquiera que proteste contra su régimen”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, actualmente en Yemen.
“Los testimonios reflejan que se ha detenido y torturado a manifestantes durante días interminables. La seguridad de todas las personas que se atreven a denunciar públicamente el régimen de los huzis está amenazada.”
Entre los que hablaron con Amnistía Internacional se encuentran Taher al Faqih, de 34 años, y Abdeljalil al Subari, de 40, secuestrados durante una manifestación pacífica el 11 de febrero en Saná (para conmemorar la sublevación del 11 de febrero de 2011). Ambos fueron detenidos junto a Salah Awdh al Bashri, de 35 años y padre de siete hijos, quien murió posteriormente a causa de las lesiones por la tortura sufrida durante horas.
Los tres, junto a un cuarto activista que no fue torturado, fueron conducidos a un lugar desconocido, donde estuvieron recluidos en un sótano hasta última hora de la tarde del 13 de febrero.
Cuando Amnistía Internacional se reunió con ellos el 15 de febrero, todavía eran visibles las señales y cicatrices de la tortura que habían sufrido: presentaban hematomas profundos y, en el caso de Abdeljalil al Subari, heridas abiertas en las nalgas.
Ali Taher al Faqih se lo contó así a Amnistía Internacional: “Al primero que se llevaron fue Salah [al Bashri]. No volví a verlo hasta que nos liberaron, hacia las dos de la madrugada [del 14 de febrero]. Salah no podía moverse ni ponerse en pie, ni siquiera cuando intentamos ayudarlo a levantarse, y tampoco podía hablar. Sólo dijo con un hilo de voz: ‘Tengo sed’.”
“Fuimos al hospital y allí Salah recibió primeros auxilios. Había huzis en el hospital, algunos con el uniforme militar, y como tuvimos miedo de que volvieran a secuestrarnos, nos fuimos de allí y condujimos hasta casa [a dos horas de allí], pero el estado de Salah empeoró y murió en el trayecto.”
Ali Taher al Faqih contó con detalle el interrogatorio que soportó:
“Primero me hicieron sentarme y me interrogaron sobre mi trabajo, las manifestaciones en las que participaba, los líderes de las protestas, mis relaciones con la Embajada de Estados Unidos y con organizaciones opuestas a Ansarullah (el brazo político de los huzis). Luego me vendaron los ojos y me amordazaron. Me ataron las manos a la espalda, me ataron los pies, me obligaron a tumbarme sobre una especie de mesa estrecha y empezaron a golpearme en las nalgas con algún tipo de porra. Continuaron con la paliza durante mucho rato, puede que un par de horas. El dolor era insoportable. No paraban de decirme que confesara. Cuando finalmente dejaron de golpearme, estaba medio inconsciente. Tuvieron que ayudarme a levantarme.”
Amnistía Internacional habló también con Fouad Ahmad Jaber al Hamdani, conocido activista de 34 años a quien secuestraron la mañana del 31 de enero en una protesta poco concurrida. Estuvo 13 días privado de libertad en cuatro sitios distintos, y también fue torturado. Aún tiene hematomas profundos en la parte inferior de la espalda.
“Me vendaron los ojos y me amordazaron, me ataron de pies y manos y luego a un banco estrecho, y me golpearon en las nalgas y la parte inferior de la espalda con una porra o una barra de hierro hasta que me desmayé. Me dijeron: “¿Vas a hablar o te hacemos hablar?” Me acusaron de recibir dinero de Estados Unidos y Arabia Saudí y de tener vínculos con terroristas de la Hermandad Musulmana y con ciertas personalidades relacionadas con el régimen anterior. Después de golpearme continuamente durante cuatro horas, en las que me desmayé varias veces, acepté escribir una confesión. Entonces me desataron, me advirtieron que no organizara manifestaciones ni me pusiera en contacto con opositores de los huzis y me condujeron a la calle Zubeiri. Me arrojaron al borde de la calzada. No podía moverme y me quedé allí tendido hasta que un transeúnte me rescató.”
En un caso anterior, Ahmad al Thubhani, activista estudiantil de 21 años, fue capturado tras una protesta celebrada la mañana del 7 de febrero cerca de la Nueva Universidad de Saná. Cinco miembros del grupo armado huzi siguieron al taxi en el que viajaba, lo interceptaron y se lo llevaron. Estuvo cinco días recluido en una casa próxima a la residencia del ex presidente Abd Rabu Mansur Hadi, donde fue torturado.
Contó a Amnistía Internacional: “Después de decirles que yo estaba en contra de las milicias, me dieron veinte latigazos seguidos, la mayoría en la espalda y las piernas, y me obligaron a escribir nombres de activistas y líderes de la protesta”. Fotografías de sus cicatrices examinadas por Amnistía Internacional concuerdan con su relato.
“Los huzis deben poner fin de inmediato a sus tácticas ilegales de detención, tortura y otros malos tratos. La Fiscalía General de Yemen debe investigar sin demora éste y otros casos parecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, ha afirmado Donatella Rovera.
Información complementaria
Los huzis, en su mayoría pertenecientes a la minoría chií zaidí (del norte del país) que sufrió reiteradas persecuciones por el régimen del ex presidente Alí Abdulá Salé entre 2004 y 2010 (en media docena de conflictos), al parecer ahora están persiguiendo a quienes los critican y los están sometiendo a las mismas violaciones de derechos humanos que el régimen anterior les infligió a ellos.
El grupo tomó algunas posiciones militares y de seguridad en Saná en septiembre de 2014. La tercera semana de enero de 2015 ya habían atacado posiciones militares, sedes gubernamentales y el recinto presidencial. Los acontecimientos llevaron a dimitir al presidente Abd Rabu Mansur Hadi y a su gobierno, y los huzis se erigieron en gobernantes de facto en la capital y otras zonas de Yemen.
Ahora están consolidando su control de la capital de Yemen, Saná, y del país en su conjunto. El 6 de febrero disolvieron el Parlamento y emitieron una declaración constitucional con el mandato de crear un consejo presidencial de transición que ejerciera de gobierno interino durante un periodo de dos años.
La medida supuso en la práctica el fin de una iniciativa conciliatoria (en gran medida incumplida) de reparto del poder negociada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico para poner fin a la sublevación de 2011 que había terminado con la deposición del presidente Alí Abdulá Salé después de permanecer 33 años en el poder.
