“Bienvenido al pueblo de las penas de muerte”, me dijo el abogado Ahmed Shabeeb cuando llegué a la localidad de Mattay esta semana. Fui allí para reunirme con las familias de algunas de las 528 personas juzgadas, que al día siguiente iban a recibir la confirmación de sus condenas, incluidas decenas de penas de muerte, impuestas por su presunta participación en la violencia política del año pasado.
Detención de un médico
Calificó el juicio de su hermano, médico del hospital de Mattay, de “auténtica broma”. Las fuerzas de seguridad lo habían detenido el 28 de agosto de 2013 a medianoche. Ahmed no supo que estaba recluido en la comisaría de policía de Mattay hasta el día siguiente. Acudió en seguida allí y supo que estaba acusado de no respetar el toque de queda. Cuenta que, cuando oyó la noticia, sintió que podía volver a respirar: su hermano estaba acusado sólo de un delito menor, y, de todos modos, el toque de queda no era aplicable a los médicos debido a la naturaleza de su trabajo.
Ahmed representó a su hermano durante el interrogatorio del fiscal. Éste ordenó que fuera puesto en libertad, pero la policía no lo dejó marchar, porque se enfrentaba a una nueva acusación: no haber atendido al subcomisario jefe de la comisaría de policía de Mattay en el hospital el 14 de agosto. Durante un nuevo interrogatorio del fiscal, el hermano de Ahmed negó la acusación: como médico general no podía atender al sujeto, que tenía que ser operado de urgencia. Dijo que no había ningún cirujano más en el hospital ese día, pues todos habían huido al ver que las fuerzas de seguridad no protegían el lugar de la airada muchedumbre congregada afuera.
El fiscal ordenó una vez más ponerlo en libertad, pero tampoco en esta ocasión las fuerzas de seguridad le dejaron marchar. En vez de ello se formuló contra él una nueva acusación: haber dicho a la muchedumbre que el subcomisario estaba vivo, tras lo cual la gente asaltó el hospital y lo asesinó.
El hermano de Ahmed pasó 70 días detenido antes de ser puesto finalmente en libertad y marcharse de Egipto. Ahmed se reía de lo ridículo de la situación. Cómo se podía dejar en libertad a una persona acusada de asesinato y permitirle luego abandonar el país, preguntaba.
Recluidos arbitrariamente a horas de viaje de su casa
En la oficina de Ahmed conocí luego a los familiares de otra de las 528 personas juzgadas, que estaban indignados por la sentencia. Intenté explicarles el trabajo de Amnistía Internacional, pero su respuesta fue: “No queremos hablar. No cambiará nada: en nuestra calle hay al menos 10 de las 528 personas juzgadas. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes? Ya no hay justicia en este país; no confiamos en nadie más que en Dios”.
Un primo de los hermanos se halla recluido en la prisión de Al Wadi Al Gadid, que está a ocho horas de viaje de Mattay, explicaron. Dijeron que, para verlo, tenían que salir de noche para estar allí por la mañana, y que sólo podían pasar tres minutos con él. Se preguntaban quién iba a correr con los gastos de las familias de las personas detenidas arbitrariamente.
Abogado condenado a cadena perpetua
Luego me reuní con los padres de Ahmed Eid, abogado que figura entre las 528 personas juzgadas. Cuando llegue, el padre me llevó al piso de arriba de la casa para que conociera a su esposa y a sus hijos. La esposa del abogado estaba deprimida y tenía los ojos llenos de lágrimas. El padre empezó a enseñarme todos los documentos del caso. Dijo que Ahmed Eid había estado defendiendo a 66 personas acusadas de los ataques del 14 de agosto contra la comisaría de policía de Mattay. Me enseñó los documentos del fiscal, según los cuales el abogado había asistido a las investigaciones junto con los acusados, y contó que Ahmed Eid no sabía que figuraba entre ellos.
La esposa de Ahmed Eid dijo que, el 22 de enero, estando el abogado fuera de casa, unos agentes de policía vestidos de civil se habían presentado en ella y la habían registrado. Se llevaron el ordenador de sus hijos porque pensaron que era de Ahmed Eid. Luego, el 24 de enero, esté recibió un llamada telefónica de la comisaría de policía en la que le dijeron que fuera allí para hablar de un asunto relacionado con la causa judicial. Lo detuvieron en cuanto llegó. La causa se remitió al tribunal el 25 de enero. Ahmed Eid estuvo detenido hasta que le impusieron la cadena perpetua. En todo ese tiempo no fue interrogado jamás por el fiscal ni por el tribunal.
Una parodia de justicia
Ayer fui a los juzgados de El Minya, donde había una fuerte presencia de personal de seguridad de la policía y el ejército. No se permitía la entrada a los familiares ni a los periodistas. Afuera vi a las familias de las más de 1.200 personas acusadas en dos causas distintas, relacionadas ambas con los ataques a las comisarías de Mattay y Adwa y el homicidio de dos agentes de policía en el marco de la violencia política que estalló tras la destitución del presidente Mohamed Morsi. Logré entrar en el juzgado y reunirme allí con Ahmed Shabeeb. Él no entró en la sala, pues me dijo que estaba muy nervioso y temía no ser capaz de escuchar la sentencia.
Dentro de la sala, la jaula de los acusados estaba totalmente vacía. No habían llevado a ninguno de ellos para escuchar la sentencia. Había una fuerte presencia de personal de seguridad, con agentes enmascarados y armados con metralletas de pie tras el juez.
El presidente del tribunal comenzó a leer la sentencia. Explicó que, tras haber adoptado la opinión del gran muftí, el tribunal había decidido condenar a la horca a 37 de los acusados. El juez procedió a leer los nombres. Luego dijo que al resto se los condenaba a cadena perpetua. Al principio se le veía tranquilo, pero luego, a medida que leía la sentencia, fue alzando el tono voz hasta empezar a gritar. Nadie supo decirme por qué.
Cambiando entonces radicalmente de postura, el juez instó al fiscal a recurrir contra las sentencias de los condenados a prisión para pedir de nuevo la pena de muerte para ellos.
Se piden más condenas masivas de muerte
El mismo juez comenzó entonces a leer la sentencia de las 683 personas acusadas en la causa aparte de Al Adwa, relativa también a denuncias de violencia política. Tampoco en esta ocasión se hallaba presente ninguno de los acusados. El tribunal había decidido que todos fueran condenados a muerte y los había remitido al gran muftí, cuya opinión deben solicitar los tribunales antes de imponer formalmente la pena de muerte. El juez remitió además a un tribunal disciplinario a los abogados que no habían asistido a la única vista previa del juicio y les impuso una multa de 50 libras egipcias (unos 7 dólares estadounidenses). Los letrados no habían asistido a la vista, celebrada el 25 de marzo, como protesta por el hecho de que el tribunal fuera el mismo que, justamente la víspera, había remitido a los 528 acusados del caso de Mattay al gran muftí.
Salí de la sala y fui a ver a las familias, que lloraban y gritaban clamando justicia. Una mujer perdió el conocimiento y se desplomó; otras personas lloraban y pedían ayuda a Dios.
Los familiares de algunos de los acusados me dijeron que todo Al Adwa estaba indignado con la decisión del tribunal y que en cada calle del pueblo había familias afectadas por ella. “Esta sentencia no tiene validez –me dijo uno de ellos–. No nos queda nadie más que Dios. Ya no confiamos en el gobierno”. Dijo que entre las 683 personas que según el tribunal debían ser condenadas a muerte se encontraban su hermano y cuatro primos suyos. Aseguró que había enviado 5.250 libra egipcias (750 dólares estadounidenses) para pagar la libertad bajo fianza de su hermano, pero que éste había seguido detenido.
Una mujer contó que le habían propinado patadas en la prisión al intentar ir a ver a su hijo. “No nos queda nadie más que Dios”, me dijo.
Las decisiones de ayer ponen una vez más de manifiesto lo arbitrario y selectivo que es ya el sistema de justicia penal de Egipto. El tribunal ha mostrado el más absoluto desprecio por los principios más básicos de juicio justo y ha perdido por completo su credibilidad. Es hora de que las autoridades egipcias reconozcan claramente que el sistema actual no es justo, independiente ni imparcial.
Más información:
Juicios injustos y condenas de muerte que suponen una burla de la justicia (comunicado de prensa, 28 de abril de 2014)
Egipto: Más de 500 personas condenadas a muerte en una sentencia “grotesca” (comunicado de prensa, 24 de marzo de 2014)
