Amnistía Internacional pide a la recién elegida Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que tome medidas urgentes para garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.
En los últimos años, los derechos humanos garantizados tanto en la Constitución de 1999 como en las normas de derechos humanos en las que Venezuela es parte se han deteriorado, y las instituciones que sostienen el Estado de derecho han visto seriamente minadas su independencia y su imparcialidad. La nueva Asamblea Nacional debe tomar las medidas necesarias para revertir esta situación cuando, el 5 de enero de 2016, empiece a desempeñar sus funciones.
Amnistía Internacional insta a los representantes de la nueva cámara legislativa a poner los derechos humanos en el primer lugar de su agenda política pidiendo de inmediato al Estado que ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denunciada en septiembre de 2012, y que reconozca de nuevo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A las personas que defienden los derechos humanos se les debe permitir realizar su labor sin represalias, y la Asamblea Nacional debe garantizar que los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad, como las personas desfavorecidas económicamente, las mujeres, la infancia, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI) y los pueblos indígenas, ocupan la primera línea de cualquier legislación que propongan.
La Asamblea Nacional debe asimismo adoptar medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia y de cualquier persona que se enfrente a procedimientos judiciales por cargos de motivación política sin que se hayan presentado pruebas sólidas e irrefutables ante los tribunales.
Es fundamental reforzar el sistema judicial para garantizar su independencia e imparcialidad, para poner fin a los elevados niveles de impunidad y para hacer realidad el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y una reparación adecuada.
Deben garantizarse la rendición de cuentas y la transparencia de todas las instituciones estatales, y deben respetarse todos los derechos humanos para que las personas vivan con dignidad; eso incluye respetar el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra, a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a acceder a información pública.
Los elevados índices de violencia y criminalidad obligan al nuevo parlamento a actuar para revertir esta tendencia mediante el control del uso de armas y garantizando que las fuerzas de seguridad cuentan con los recursos necesarios para actuar de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza.
Tendiendo puentes y abriendo vías de diálogo, la Asamblea Nacional debe emprender acciones urgentes y enérgicas para abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta el país. Amnistía Internacional confía en que, en su búsqueda de la protección de los derechos humanos, el nuevo Parlamento refuerce las instituciones que sostienen el Estado de derecho, de manera que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación.
