De Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.,
Hoy se cumplen dos años desde que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana publicó, el 23 de Septiembre de 2013, una sentencia que privó arbitraria y retroactivamente a decenas de miles de personas de su nacionalidad dominicana por el sólo hecho de ser hijos de migrantes haitianos indocumentados.
Es un aniversario oscuro en el que no hay nada que celebrar.
Muchos eventos han ocurrido desde entonces a nivel del debate político, de intercambios diplomáticos y desarrollos legislativos. En particular, en mayo de 2014 el Congreso dominicano adoptó la Ley 169-14 que las autoridades presentaron como la solución a los problemas que la sentencia había creado.
Bajo esta ley, una parte de las personas nacidas en la República Dominicana a quienes la sentencia les despojó de su nacionalidad, podrían haberse registrado como extranjeros en un proceso de naturalización que les permitiría recuperar la nacionalidad dominicana.
Pero no todos recibieron la información sobre este proceso. Ése fue el caso de los hermanos Adonis, Esterlina y Nagelis Peguero, de 21, 18 y 13 años respectivamente.
Desde que el plazo para registrarse ante las autoridades venció en febrero de este año, los hermanos Peguero no tienen ningún recurso legal para reclamar su nacionalidad dominicana.
Sin papeles, su presente, y futuro, es desalentador.
“Si tuviera papeles, hubiera terminado el bachiller y ahora estaría estudiando psicología,” me dijo Esterlina en junio de este año.
“El hecho de que podría ser deportado aunque nací aquí me afecta mucho como persona, en lo psicológico,” me confió Adonis.
Muchas personas en cada rincón de la República Dominicana sufren la misma realidad que los hermanos Peguero – tienen sus vidas efectivamente paralizadas. Lo que es aún peor, la mayoría permanecen invisibles, ignorados por las autoridades. Esa invisibilidad se debe a que el gobierno sigue insistiendo que nadie es apátrida en la República Dominicana.
Es cierto que desde la promulgación de la ley 169-14, en Mayo 2014, centenas de personas han podido conseguir o recuperar sus documentos de identidad. Sin embargo, esa ley no ha solucionado todos los problemas creados por la sentencia de la Tribunal Constitucional, como las autoridades dominicanas han declarado públicamente en distintos foros nacionales e internacionales.
El segundo aniversario de esa sentencia debería ser una oportunidad para que las autoridades dominicanas evalúen de manera sincera y objetiva su impacto sobre las vidas de un sinnúmero de personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana. Es hora que admitan que queda mucho por hacer para finalmente asegurar que nadie sea apátrida en la República Dominicana y garantizar así el efectivo ejercicio de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
Las organizaciones dominicanas de derechos humanos han propuesto a las autoridades que el 23 de septiembre sea declarado como el día contra la apátrida. Esta pequeña acción ayudaría a visibilizar las injusticias que enfrentan tantas personas como los hermanos Peguero y recordar a las autoridades dominicanas que su futuro y la posibilidad de realizar sus sueños, dependen de ellos.
