Una tradición de impunidad profundamente arraigada, la falta de conocimientos especializados y, en algunos casos, la obstrucción deliberada, están negando la justicia a los cientos de víctimas de abusos policiales cometidos durante las protestas del Euromaidan en Ucrania, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el primer aniversario de la protesta.
En Ukraine: A Year After Maydan, Justice Delayed, Justice Denied* se detallan la ausencia sistemática de investigaciones sobre el uso ilegítimo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de Ucrania durante las protestas del Euromaidan de Kiev y el hecho de que las autoridades no hayan impartido justicia para las víctimas.
“La deplorable falta de avances a la hora de hacer justicia a los asesinados, heridos y torturados pone de relieve una vez más los profundos defectos del sistema de justicia penal ucraniano”, declara John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“No abordar los abusos generalizados cometidos durante las protestas del Euromaidan podría afianzar una larga tradición de impunidad para la policía. Es necesario que se haga justicia, no sólo para los asesinados, sino también para las muchas personas más que sufrieron malos tratos.”
Lo que comenzó en noviembre de 2013 como una protesta pacífica contra la negativa del gobierno a firmar un acuerdo de asociación con la UE se convirtió en una protesta multitudinaria contra el propio gobierno en la que hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Según el Ministerio de Salud, murieron 105 personas como consecuencia de la protesta, entre ellas al menos 13 policías.
Amnistía Internacional documentó numerosos casos de uso ilegítimo de la fuerza, incluidos homicidios y torturas cometidos durante las manifestaciones. La organización ha transmitido en reiteradas ocasiones a las autoridades ucranianas los detalles de los casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza, pero no ha visto aún ningún progreso demostrable en ninguno de los casos que viene siguiendo.
Hasta la fecha, sólo dos oficiales de baja graduación han sido declarados culpables tras ser captados por una cámara mientras obligaban a un hombre a permanecer desnudo en temperaturas inferiores a cero grados y en público. Ambos fueron condenados a sendas penas condicionales de tres y dos años de prisión por “abuso de poder o de funciones públicas”. Varios policías más, también implicados en los malos tratos, no fueron procesados.
Homicidios y torturas
El primer manifestante que perdió la vida fue Serhiy Nihoyan, de 21 años, que recibió cuatro disparos, incluidos en la cabeza y el cuello, el 22 de enero de 2014. Se desconoce todavía la identidad de quien lo mató.
Muchos manifestantes fueron sometidos a torturas o malos tratos. Un hombre de 23 años fue golpeado y arrastrado de los labios hasta un vehículo policial y le rociaron gas lacrimógeno en los genitales antes de perder el conocimiento.
Una mujer de 51 años fue golpeada en la cara con una porra por un policía cuando miraba las protestas. Sufrió una fractura de cráneo y perdió la visión de un ojo.
Casi todas las víctimas con las que habló Amnistía Internacional dijeron que no habían sido entrevistadas como víctimas de delitos, aunque muchas sí habían sido entrevistadas inicialmente como presuntos perpetradores. Ninguna ha sido informada del progreso de las investigaciones muchos meses después de haber presentado sus denuncias.
Investigaciones demoradas y obstaculizadas
Tras la caída del presidente Yanukovych en febrero de 2014, el nuevo gobierno se apresuró en citarlo a él y a sus colaboradores más próximos, que también huyeron del país, como principales responsables de las violaciones cometidas durante las protestas del Euromaidan.
Las nuevas autoridades ucranianas han hecho numerosas promesas de investigar efectivamente todos los abusos cometidos contra los derechos humanos y de hacer comparecer ante la justicia a los responsables.
“Los esfuerzos de los investigadores se han centrado hasta la fecha en los homicidios y en la presunta responsabilidad de altos cargos del gobierno anterior, pero incluso en estos casos ha habido más declaraciones sobre progresos que indicios de que los hubiera realmente. Para la mayoría de quienes sufrieron heridas y malos tratos, las investigaciones apenas han comenzado”, dice John Dalhuisen.
Los fiscales con los que ha hablado Amnistía Internacional citaron la destrucción de pruebas por las fuerzas de seguridad inmediatamente después de las protestas y la reticencia de los agentes de estas fuerzas a cooperar como principales obstáculos para las investigaciones. También se mencionó la falta de recursos y el solapamiento de competencias de diferentes autoridades.
“Hay que reconocer la enorme cantidad de incidentes y la complejidad de algunos de los casos. Sin embargo, es más cierto que sin una reforma significativa de las instituciones responsables de investigar los abusos cometidos por los funcionarios de seguridad, la justicia para las víctimas de los abusos relacionados con el Euromaidan seguirá siendo esquiva y el círculo vicioso de la impunidad que contribuyó a que se cometieran continuará intacto”, concluyó Dalhuisen.
