Ahmed Yýldýz sólo tenía 26 años cuando lo mataron el 15 de julio de 2008. El colectivo de activistas en favor de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexo (LGBTI) considera que se trata del homicidio por motivos de «honor» de un gay. Siete años después, la persona o personas que lo mataron siguen en libertad, y esta falta de avances para obtener justicia es considerada por las organizaciones LGBTI de Turquía como una prueba de la falta de protección de las personas de este colectivo y un símbolo de la impunidad de la violencia homófoba.
Hablando con Amnistía Internacional la víspera del aniversario del asesinato de Ahmet Yýldýz, su pareja, Ibrahim Can, dijo: «¿Cómo es que Turquía, que alardea de su posición como potencia mundial importante y país poderoso, es incapaz de detener a los asesinos de Ahmet?¿Es el Estado turco tan impotente, tan incapaz de poner a sus asesinos en manos de la justicia? Este caso pone de relieve cómo se trata a las víctimas de la homofobia y de la violencia homófoba: como si no merecieran justicia y no fueran iguales ante la ley.»
Entre los muchos graves errores y negligencias de las autoridades turcas está que no hayan investigado las amenazas que Ahmet Yýldýz había recibido de miembros de su familia los meses previos a su asesinato, a pesar de que el joven las denunció a las autoridades. Tras el asesinato de Ahmet Yýldýz, se descubrió que su denuncia no se había investigado y que el fiscal la había trasladado a otra oficina alegando que era competencia del vecino distrito de Ümraniye. En noviembre de 2007, el fiscal de Ümraniye concluyó que no había fundamento para una investigación penal de la denuncia porque no había pruebas, sólo «denuncias abstractas». Según su pareja, ni Ahmet ni sus familiares fueron entrevistados sobre la denuncia.
Desde el asesinato no se ha investigado por qué las autoridades no actuaron ante la denuncia de Ahmet Yýldýz. Para cuando se dictó una orden de detención, en octubre de 2008, tres meses después del asesinato, el único sospechoso (el padre de Ahmet Yýldýz), al parecer había abandonado el país y no podía ser detenido, una situación que no ha cambiado después de siete años, a pesar de la alerta roja emitida por la Interpol. En abril de 2009 se inició un proceso judicial, en el que se señaló como único sospechoso al padre de Ahmet Yýldýz.
Tras 20 sesiones en seis años, la justicia en el caso de Ahmet Yýldýz sigue siendo tan remota como siempre. Durante las últimas tres sesiones, celebradas en noviembre de 2014 y marzo y julio de 2015, la fiscalía afirmó que estaban en contacto con las autoridades policiales para comprobar direcciones relacionadas con el padre de Ahmet Yýldýz. El hecho de que después de siete años aún no se hayan tomado medidas tan básicas es un indicio de la falta de diligencia y compromiso de las autoridades para que se haga justicia en este caso.
En 2012, Amnistía Internacional lanzó una campaña para que se hiciera justicia en el caso de Ahmet Yýldýz, en la que activistas de todo el mundo pedían a las autoridades turcas que se aseguraran de que el caso no sufre más retrasos procurando sin demora y activamente aplicar la orden internacional de detención por todos los medios posibles para que el juicio avance.