DECLARACIÓN PÚBLICA
13 de noviembre de 2013
El 11 de noviembre, el Tribunal Supremo de Apelación confirmó la condena dictada contra 11 funcionarios por la muerte bajo custodia de Engin Çeber, ocurrida en 2008. Un director de prisiones y dos guardias penitenciarios fueron condenados a cadena perpetua por causar mediante tortura la muerte a Engin Çeber. La suya fue la primera condena de ese tipo dictada en Turquía, donde la impunidad por los actos de tortura ha sido la norma.
En octubre de 2012 concluyó un nuevo juicio de este caso ante un tribunal local, después de que la sentencia inicial fuera anulada por motivos sumamente inusuales por el Tribunal Supremo de Apelación. Además de los tres condenados a cadena perpetua, otros nueve funcionarios fueron condenados a penas de entre 5 meses y 12 años y medio. El Tribunal Supremo de Apelación confirmó todas las condenas, y pidió penas más altas para dos de los condenados. Amnistía Internacional lleva haciendo campaña en favor de la justicia desde la muerte de Engin Çeber, en 2008, y ha recibido con satisfacción esta resolución. La sentencia demuestra que el poder judicial de Turquía puede ser efectivo a la hora de combatir la impunidad de que gozan los funcionarios por actos de tortura.
En una conversación con Amnistía Internacional, la hermana de Engin Çeber, Serife Çeber, dijo: “Aunque reconocemos que esta decisión es muy importante, y nos satisface, no podemos regocijarnos: al fin y al cabo, mi hermano murió a consecuencia de la tortura cuando tenía 29 años, y nada nos los va a devolver. Pero no podemos imaginar siquiera cómo nos habríamos sentido si el Tribunal Supremo de Apelación hubiera anulado la condena. Guardamos una gratitud enorme a todas las personas de Amnistía Internacional que hicieron campaña para lograr este resultado”.
Amnistía Internacional desea señalar, no obstante, que los procesamientos con éxito por tortura y otros malos tratos siguen siendo sumamente raros en Turquía. Las autoridades turcas deben garantizar que los recientes abusos de la fuerza por parte de la policía durante las protestas del parque Gezi, que causaron la muerte de al menos tres personas y heridas a decenas más, son enjuiciados. Los indicios iniciales no son prometedores, pues muestran las típicas demoras, pérdidas de pruebas y obstrucciones de la policía que obstaculizan las investigaciones.
Las investigaciones fallidas sobre los abusos relacionados con las protestas del parque Gezi subrayan la necesidad de que las autoridades turcas establezcan un mecanismo de presentación de denuncias realmente efectivo e independiente.
