El ataque del gobierno turco contra ciudades y barrios kurdos, que incluye toques de queda de 24 horas y cortes en los suministros, pone en peligro la vida de hasta 200.000 personas y equivale a un castigo colectivo, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Las investigaciones de Amnistía Internacional en lugares sometidos al toque de queda y las informaciones de residentes de zonas actualmente inaccesibles a observadores externos revelan las dificultades extremas en las que viven actualmente como consecuencia de unas medidas duras y arbitrarias.
Numerosos informes indican que las fuerzas de seguridad impiden la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas.
“Los cortes de los suministros de agua y electricidad, combinados con los peligros para acceder bajo el fuego a alimentos y atención médica, están teniendo un efecto devastador en los residentes, y es probable que la situación empeore rápidamente si no se hace algo”, afirmó John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Hay zonas en las que hace más de un mes que está en vigor un toque de queda paralizante que impide que la gente salga de su casa y somete a barrios enteros a un asedio de hecho. </span></span>Es imprescindible que las autoridades turcas garanticen que las personas residentes afectadas tengan acceso a alimentos y a servicios esenciales.”
Un hombre contó a Amnistía Internacional que un familiar suyo, residente en Silopi, había muerto en su propia casa mientras se producían unos enfrentamientos en el barrio. La familia tuvo que esperar 12 días con el cadáver en descomposición en la vivienda hasta que se lo llevaron para ser enterrado.
Otro residente de Silopi contó a Amnistía Internacional que el mes pasado él y su familia estuvieron 20 días sin agua y 15 sin electricidad. Dijo que habían estado dos semanas sin ducharse y que estaban racionando el agua para beber cuando se reanudó inesperadamente el suministro la semana pasada. Desde entonces sufre cortes intermitentes.
Los toques de queda se han impuesto en el contexto de las operaciones que lleva a cabo la policía y, cada vez más, el ejército en localidades y ciudades del este y el sureste de Turquía desde julio de 2015, cuando fracasó el proceso de paz entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Según los informes, más de 150 personas han muerto en las zonas sometidas al toque de queda mientras las fuerzas estatales combaten contra el Movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas (YDG-H), la sección juvenil del PKK. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas de corta edad, y ancianos y ancianas.
El 13 de enero, la explosión de un coche bomba colocado por el PKK frente a la jefatura de policía de Çýnar, en la provincia de Diyarbakir, causó la muerte de un policía y cinco civiles, dos niños pequeños entre ellos. Los informes indican que 39 personas, en su mayoría civiles, resultaron heridas en lo que fue claramente un ataque indiscriminado.
Las operaciones de la policía y el ejército en zonas residenciales vienen caracterizándose por el uso de armamento pesado y de francotiradores, lo que pone en peligro la vida de residentes corrientes que no representan ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otros.
En el curso de las investigaciones sobre el terreno realizadas tras la imposición en Cizre de uno de los primeros toques de queda, en septiembre del año pasado, Amnistía Internacional halló indicios de que varias muertes podrían haber sido causadas por francotiradores en lugares alejados de donde se estaban desarrollando los enfrentamientos. Entre las víctimas había niños y niñas de corta edad, mujeres, y ancianos y ancianas, cuya implicación en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es muy poco probable.
Las muertes de las que se ha tenido noticia más recientemente siguen también este inquietante patrón. Las investigaciones sobre las muertes no muestran indicios de avances.
“Al mismo tiempo que pueden adoptar medidas legítimas para garantizar la seguridad y detener a sospechosos, las autoridades turcas deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las operaciones que se están llevando a cabo actualmente bajo toques de queda permanentes ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas y están empezando a parecer un castigo colectivo”, añadió John Dalhuisen.
Las autoridades turcas han impedido la entrada de observadores independientes de colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos en las zonas sometidas al toque de queda, lo que dificulta hacerse una idea precisa de lo que está ocurriendo. Las personas que han denunciado los abusos han sido objeto de amenazas, investigaciones criminales y otras formas de hostigamiento.
El 9 de enero, la fiscalía inició una investigación criminal contra el presentador y un miembro del equipo del programa televisivo de entrevistas “Beyaz show”, por “hacer propaganda a favor de una organización terrorista”, después de que un espectador que llamó al programa instara a la gente a que no permaneciera en silencio sobre la muerte de mujeres y niñas en el sureste del país.
“Aunque las autoridades turcas parecen resueltas a silenciar las críticas internas, han afrontado muy pocas de la comunidad internacional. Las consideraciones estratégicas relacionadas con el conflicto de Siria y los esfuerzos resueltos para obtener la ayuda de Turquía a fin de detener la entrada de personas refugiadas en Europa no deben eclipsar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos. La comunidad internacional no debe mirar hacia otro lado”, concluyó John Dalhuisen.
