Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades turcas que liberen a los periodistas detenidos ayer como parte de una oleada de arrestos si no tienen pruebas verosímiles de que hayan cometido un delito común reconocible.
Las detenciones de influyentes periodistas practicadas ayer en un sector de los medios de comunicación que ha tenido un papel destacado en la cobertura informativa de las denuncias sobre corrupción de funcionarios públicos han suscitado importantes dudas en cuanto a los motivos de las autoridades para detenerlos.
Las autoridades turcas tienen una trayectoria probada de uso de la legislación antiterrorista, que está redactada en términos demasiado amplios, para actuar selectivamente contra opositores políticos, y hay razones de peso para creer que eso es lo que ha motivado estas detenciones, practicadas en aplicación de esa legislación.
La aplicación abusiva de estas leyes ha contribuido en gran medida a engordar el lamentable historial de Turquía en materia de criminalización de la disidencia, vulnerando el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado de prensa emitido ayer, la Fiscalía de Estambul afirmaba que iban a ser detenidas 31 personas. Finalmente fueron detenidas 27 personas –entre ellas 6 periodistas jubilados y en activo de medios impresos–, que están siendo interrogadas como sospechosas de “formar, dirigir o pertenecer a organización armada, falsear información y propagar falsos rumores en el contexto de la organización”.
