Marcha del 8 de marzo © AI
Las lagunas existentes en las leyes de Túnez están permitiendo que los perpetradores de violación, agresión sexual y violencia física queden impunes mientras sus víctimas son a menudo castigadas y culpadas cuando se atreven a denunciar los delitos cometidos contra ellas, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado Assaulted and accused: Sexual and gender-based violence in Tunisia, que se ha publicado en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pone de manifiesto cómo, casi cinco años después del levantamiento de Túnez, la nación árabe más avanzada en la igualdad de género sigue sin proteger a las mujeres que sufren violencia y a las personas que están en el punto de mira por su identidad de género, su orientación sexual o actividad sexual, debido a leyes deficientes y a actitudes discriminatorias arraigadas.
“El informe pone al descubierto la escalofriante subversión de la idea de delito y castigo en Túnez. La combinación de unas leyes arcaicas, una actuación policial ineficaz y unos arraigados estereotipos de género hace difícil que las mujeres acudan a la justicia por delitos cometidos contra ellas, hasta el punto de que en ocasiones son procesadas como si ellas fueran las delincuentes”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
En el mundo árabe, Túnez ha sido líder en romper tabúes y hacer avanzar los derechos de las mujeres. Pero a pesar de las reformas positivas que se han efectuado a lo largo de los años, en el Túnez actual los violadores y secuestradores de mujeres adolescentes siguen quedando impunes si se casan con su víctima. A las mujeres que denuncian violación conyugal o violencia en el seno familiar las avergüenzan para que retiren las denuncias. Las personas gays o lesbianas que denuncian abusos tienen más probabilidades de ser procesadas que sus agresores. En algunos casos son los propios agentes de policía los autores de los abusos.
“Resulta perturbador pensar que, además de sufrir un terrible abuso, las personas que sobreviven a semejante violencia, incluidas mujeres y niñas, deben enfrentarse a enormes obstáculos para conseguir justicia y en la práctica son abandonadas por las autoridades.”
El informe recoge entrevistas con decenas de personas que sufrieron agresión física y sexual, violación, violencia en el seno de la familia y acoso sexual. Entre las víctimas hay mujeres y niñas, además de personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables a los abusos en Túnez, como personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), a las que se agrede por su orientación sexual o identidad de género, y trabajadoras sexuales. Todas ellas se encuentran con obstáculos legales o sociales cuando denuncian las agresiones que han sufrido y además reciben un apoyo médico y social inadecuado.
Historias de espeluznantes abusos
Las mujeres y las niñas de Túnez viven en una sociedad que da prioridad a conservar el «honor» de la familia frente a que los agresores se enfrenten a la justicia. A las mujeres, especialmente a las que han sufrido agresión sexual o abusos en el seno familiar, se las disuade de que presenten denuncias y se las hace sentir que están avergonzando a sus familias por hacerlo. La policía suele hacer caso omiso o incluso culpar a quienes se atreven a seguir adelante, y en algunos casos se consideran mediadores entre las víctimas y el perpetrador, incluso en las denuncias más graves de violencia.
Tales actitudes sociales y deficiencias del Estado son especialmente dañinas en un país en el cual la violencia sexual y de género sigue siendo frecuente. Casi la mitad de las mujeres de Túnez (el 47%) han sufrido violencia, según la única encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres, llevada a cabo en 2010, y hay pocas señales de que la situación haya mejorado desde entonces.
Muchas mujeres tunecinas se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de violencia –incluida la violación–, a menudo a manos de sus maridos. Amnistía Internacional habló con mujeres que contaron que las abofeteaban y les daban patadas y golpes –en ocasiones con cinturones, palos u otros objetos– o las amenazaban con navajas, las estrangulaban o incluso les hacían quemaduras.
“Mi marido me pegaba todos los días […] Cuando lo denuncié en 2009, después de que me rompiera la nariz y me cortara la cara, la policía me culpó a mí», dijo una mujer que sigue sufriendo abusos.
Esta misma mujer denunció a su marido en 2014, pero en vez de detenerlo, le hicieron firmar una declaración escrita comprometiéndose a no volverla a golpear. El hombre continúa golpeándola sin sufrir ninguna consecuencia.
Otras mujeres describieron que sus maridos las habían violado, a una de ellas analmente:
«La primera vez que tuvimos relaciones sexuales fue como una violación. Él empleó la fuerza y me dejó cortes que se infectaron […] Después de aquella primera noche, no dormimos juntos durante unos días. Luego él me dijo: «Eres mi mujer y tengo derecho a hacer contigo lo que quiera».
Una mujer contó a Amnistía Internacional que a los 17 había sido violada por un hombre al que conoció después de haber huido de su casa para escapar de la violencia intrafamiliar. Después se quedó embarazada y se sintió presionada para que se casara con su violador y evitar así la vergüenza de convertirse en madre soltera. Ahora está divorciada, pero una disposición de la ley tunecina que permite eludir el procesamiento a los violadores de mujeres menores de 20 años que se casan su víctima, implica que su ex esposo no será condenado por el delito de violación.
El informe advierte que las leyes sobre violación de Túnez tienen graves deficiencias y disuaden a las supervivientes de denunciar. En la práctica, estas leyes ponen un énfasis indebido en el empleo de la fuerza o la violencia, lo cual hace que resulte muy difícil demostrar una violación si no hay pruebas médicas significativas, como señales de lesiones físicas.
Las víctimas temen a la policía casi tanto como a sus agresores
Las personas LGBTI supervivientes de la violencia sexual y física en Túnez sufren mayor riesgo de que la policía las rechace o de ser procesadas debido a la homofobia y transfobia generalizadas en el país y a la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con consentimiento mutuo.
Sharky, lesbiana de 25 años, sufrió al menos ocho agresiones homófobas en nueve años, incluidos apuñalamientos y palizas. Cuando denunció una de las agresiones, los agentes le advirtieron de que podía ser condenada a tres años de cárcel por ser lesbiana.
Amnistía Internacional ha hablado también con personas transgénero que han sido procesadas por ofender la «moral pública» por su aspecto.
Las leyes sobre «indecencia» también pueden ser utilizadas para castigar a los supervivientes de violencia sexual. En septiembre de 2012, una mujer conocida como Meriem Ben Mohamed fue acusada de «indecencia» tras denunciar a dos agentes por violación.
Los trabajadores del sexo en Túnez son particularmente vulnerables a abusos como la explotación sexual, el chantaje y la extorsión, fundamentalmente por la policía. La criminalización de su trabajo hace que a menudo tengan demasiado miedo a denunciar abusos por temor a ser procesados.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional que había sido sometida a reiterados abusos sexuales y explotada por un policía durante dos años, tras descubrir éste que era trabajadora sexual.
Otra contó que la habían acosado sexualmente tras detenerla: «El policía que me detuvo me llamó ‘puta’ y dijo que no tenía derecho a defenderme. Cuando me registraron me toquetearon los pechos. Creen que pueden hacer lo que quieran y que no eres nadie porque ser trabajadora sexual».
La penalización del adulterio con cinco años de cárcel tanto para hombres como para mujeres es otro factor que disuade a las mujeres de denunciar abusos sexuales. Amnistía Internacional habló con mujeres a las que amenazaban con cargos de adulterio si trataban de denunciar agresión sexual.
Cambiar la situación de violencia
La Constitución de Túnez de 2014 fue un gran avance en la salvaguardia de los derechos humanos y de los avances que había logrado a lo largo de los años el movimiento en favor de los derechos de las mujeres. La Constitución garantiza la protección a las mujeres, la igualdad de género y la no discriminación. También incluye otras salvaguardias importantes que protegen los derechos de las personas LGBTI. Garantiza el derecho a la vida privada y la libertad de expresión, pensamiento y opinión.
Pero los trabajos para la redacción de una nueva ley que combata la violencia contra mujeres y niñas y que también proponga la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se han estancado recientemente.
Amnistía Internacional ha pedido que Túnez lleve a cabo una serie de audaces reformas para poner fin a la discriminación y la violencia galopantes que sigue destrozando vidas:
- Garantizar que los supervivientes de violencia sexual y de género tengan más acceso a la salud y la justicia sin enfrentarse a prejuicios sociales y legales.
- Adoptar una ley integral para abordar el problema de violencia contra las mujeres y las niñas, con arreglo a las obligaciones de derechos humanos del país.
- Examinar las leyes lesivas, y en concreto: reconocer la violación conyugal como delito, impedir que violadores y secuestradores sigan evitando ser procesados casándose con sus víctimas adolescentes y dejar de criminalizar las relaciones sexuales entre adultos no casados con consentimiento mutuo y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
«Túnez tiene la obligación de proteger los derechos de personas que han sufrido violación y horribles abusos, en lugar de considerarlas como fuente de vergüenza y culpa. Las autoridades deben transmitir señales claras de que la violencia sexual y por motivos de género ya no podrá esconderse más bajo la alfombra. Sólo gracias a audaces reformas que pongan en tela de juicio las normas sociales y de género existentes podrá Túnez eliminar las desigualdades de género y proteger a las personas que están en el punto de mira por su género o su identidad sexual», ha dicho Said Boumedouha.
«Las autoridades también deben abrir investigaciones independientes e imparciales sobre todas las formas de violencia sexual y de género, y proporcionar más servicios de apoyo a los supervivientes.»
Información general
Este informe forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional Mi cuerpo mis derechos , cuyo objetivo es poner fin al control y la criminalización de la sexualidad y la reproducción por parte de los gobiernos.
