En respuesta a la ejecución hoy en Taiwán de un hombre de 39 años, la primera desde la llegada al poder de la presidenta Tsai Ing-wen en 2016, Annie Huang, directora en funciones de AI Taiwán, ha declarado:
“Resulta sumamente decepcionante que Taiwán haya decidido reanudar la aplicación de este cruel castigo, especialmente después de que la presidenta Tsai Ing-wen haya dejado clara la intención de su gobierno de abolir la pena de muerte”.
“Ese compromiso ahora suena falso. La ejecución de hoy es un devastador revés para el movimiento abolicionista en Taiwán y un acto que ensombrece la presidencia de Tsai.”
“La pena de muerte es la máxima negación de los derechos humanos y jamás aporta justicia ni rendición de cuentas. Otra vez pedimos a las autoridades de Taiwán que declaren la suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso para la abolición de la pena de muerte de una vez por todas.”
Lee Hung-chi, condenado por asesinato en 2014, fue ejecutado por fusilamiento el viernes por la tarde.
Inicialmente había sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Distrito de Kaohsiung, pero el Tribunal Superior de Taiwán modificó el castigo por el de pena de muerte, decisión que confirmó el Tribunal Supremo en 2016.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.
