Comunicados de prensa
3 julio 2014
La sentencia condenatoria dictada hoy en el caso de un manifestante pacífico que protestaba contra el golpe de Estado en Tailandia sienta un peligroso precedente para la libertad de reunión y contribuye al clima de temor existente bajo el gobierno militar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
En la que constituye la primera sentencia dictada en relación con las protestas desde que el gobierno militar ocupó el poder, el tribunal municipal de Pathumwan, en la capital de Tailandia, Bangkok, ha declarado hoy a Weerayuth Kongkanathan culpable de violar la ley marcial y la prohibición de concentraciones de más de cinco personas. Weerayuth Kongkanathan ha sido condenado a una pena condicional de un mes de prisión, con una suspensión de un año, y a una multa de 3.000 bahts (93 dólares estadounidenses).
“Weerayuth no ha hecho nada más que ejercer pacíficamente su derecho de manifestación. No debería haber sido acusado, para empezar, y su declaración de culpabilidad y su condena deben ser anuladas”, ha manifestado Richard Bennett, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Aunque supone un alivio que Weerayuth no haya sido encarcelado hoy, la sentencia transmite un alarmante mensaje: que en Tailandia no se toleran las protestas pacíficas. Este es probablemente el primero de una serie de juicios previstos contra personas que han manifestado su discrepancia con el gobierno militar. Pedimos que sea el último.”
Weerayuth se declaró culpable, y a consecuencia de ello el juez dictó una condena más leve, pero se enfrenta a la cárcel si participa en nuevas manifestaciones pacíficas durante el próximo año.
Fue detenido por primera vez el 23 de mayo de 2014 por participar presuntamente en una protesta pacífica contra el golpe militar celebrada en el centro de Bangkok, un día después de que el ejército tomara el poder y estableciera el Consejo Nacional para la Paz y el Orden para gobernar el país.
Tras permanecer una semana bajo custodia policial, Weerayuth fue acusado oficialmente el 30 de mayo en el Tribunal Municipal de Pathumwan por violar una nueva orden que prohibía las concentraciones de más de cinco personas.
“La amenaza de encarcelamiento por manifestarse pacíficamente es una más de la serie de medidas que contribuyen a la existencia de un clima de temor en Tailandia”, ha manifestado Richard Bennett.
“El Consejo Nacional para la Paz y el Orden debe levantar las restricciones impuestas por la ley marcial a las protestas pacíficas y la libertad de expresión, y deben retirarse los cargos contra todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.”
