La confirmación por parte de un tribunal tailandés de la condena a 10 años de prisión al director de un periódico y activista social por haber insultado presuntamente a la familia real es una muestra del incesante deterioro de la libertad de expresión en el país, ha declarado Amnistía Internacional.
El Tribunal de Apelación ratificó la sentencia contra Somyot Prueksakasemsuk por la publicación de dos artículos sobre un monarca ficticio en los que al parecer se difama a la monarquía tailandesa. Somyot no fue el autor de dichos artículos.
«Esta es otra decisión retrógrada de los tribunales tailandeses – Somyot ha sido encarcelado sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Nunca debió ser procesado y ha de ser puesto en libertad de inmediato», ha afirmado Rupert Abbott, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Somyot, que mañana cumplirá 53 años, permanece detenido desde el 30 de abril de 2011, y las autoridades han denegado en 15 ocasiones su libertad bajo fianza. A sus abogados y familiares no se les notificó la audiencia de esta mañana en el Tribunal de Apelación.
«La condena a Somyot debe ser anulada y todos los procedimientos penales en su contra archivados. Las autoridades tailandesas han de poner en libertad inmediata e incondicionalmente a Somyot y a todos los demás presos de conciencia. Como primer paso mínimo, las autoridades han de actuar de conformidad con la ley tailandesa y concederle la libertad provisional bajo fianza», ha aseverado Rupert Abbott.
«En los últimos años, las autoridades tailandesas vienen empleando cada vez con mayor frecuencia las leyes, como la ley de lesa majestad, para silenciar la disidencia pacífica y encarcelar a presos de conciencia. Ha habido un aumento significativo de casos de lesa majestad desde el golpe de Estado del 22 de mayo. Esta ley draconiana debe ser suspendida y revisada de inmediato para que sea compatible con las obligaciones internacionales contraídas por Tailandia en materia de derechos humanos.»
La ley de lesa majestad prohíbe cualquier palabra o acto que «difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero, o el regente» y prevé hasta 15 años de prisión por cada infracción. Esta ley vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Tailandia ratificó en 1996.
Cada vez más, las autoridades tailandesas están silenciando la disidencia y penalizando a quienes manifiestan su oposición al régimen militar. La condena a Somyot se produce tan solo un día después de la impuesta por un tribunal militar en Bangkok a cuatro manifestantes pacíficos por infringir la prohibición de reuniones públicas.
