Cancelada la conferencia de prensa sobre represión de medios de comunicación y ONG en Azerbaiyán, pero las conclusiones se publican hoy
Amnistía Internacional se ha visto obligada a cancelar la visita prevista a Azerbaiyán tras ser informada por el gobierno en el último momento de que la visita debía ser aplazada hasta después de los Juegos Europeos.
La visita, que tenía como objetivo presentar el informe Azerbaijan: the Repression Games. The voices you won’t hear at the first European Games, fue cancelada tras recibirse a última hora de la tarde de ayer una comunicación de la embajada de Azerbaiyán en Londres en la que se decía que “Azerbaiyán no está en condiciones de acoger la visita de Amnistía a Bakú en este momento”, y se sugería el aplazamiento de cualquier visita hasta después de los Juegos.
“Es una profunda ironía que no pueda celebrarse la presentación de un informe que expone cómo se han silenciado sistemáticamente las voces críticas en el país en el periodo previo a los Juegos Europeos. Pero en vez sepultar este mensaje, las acciones de las autoridades sólo han puesto de relieve los intentos desesperados de crear una zona libre de críticas en torno a los Juegos”, ha afirmado Denis Krivosheev, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Lejos de promover los objetivos de libertad de prensa y dignidad humana consagrados en la Carta Olímpica, el legado de estos juegos será el de animar aún más a las autoridades represivas de todo el mundo a considerar los eventos deportivos internacionales como una licencia para el prestigio y la respetabilidad internacionales.”
El informe ofrece detalles de cómo periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición y activistas en favor de la democracia azerbaiyanos han sido hostigados, detenidos, encarcelados, atacados y torturados durante el último año, en una sucesión de medidas represivas contra la disidencia que se han intensificado a medida que se acercaban los Juegos. El desmantelamiento sistemático de la sociedad civil en el periodo previo a los Juegos Europeos ha mermado gravemente toda esperanza en un legado duradero positivo del evento.
Hay al menos 20 presos de conciencia en Azerbaiyán, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Algunos de ellos han sido acusados formalmente de fraude y evasión de impuestos tras la introducción en 2013 de nuevas leyes restrictivas sobre financiación y registro de las ONG. Otros se enfrentan a cargos falsos, desde posesión de drogas y vandalismo hasta traición.
Muchos otros activistas y defensores han huido del país, y los que se han quedado tienen a menudo demasiado miedo para alzar su voz contra los abusos cometidos por las autoridades debido a las amenazas dirigidas contra ellos o sus familias.
Los medios de comunicación independientes son ahora casi inexistentes, mientras que los periódicos y emisoras de televisión propiedad del gobierno o controlados por las autoridades se utilizan para desprestigiar a los críticos. Esto permite que los abusos de las autoridades carezcan de control.
En el tercer trimestre del año pasado, las autoridades azerbaiyanas emprendieron una serie de detenciones especialmente agresiva de destacados críticos del gobierno, que fueron arrestados y recluidos en espera de juicio. En los últimos dos meses, al acercarse el comienzo de los Juegos Europeos, se ha prorrogado la detención previa al juicio de algunos, y otros han sido condenados a largas penas de cárcel.
Juicios sin garantías
Rasul Jafarov, fundador de la ONG Club de Derechos Humanos, fue detenido en agosto del año pasado. Había planeado una campaña “Deporte por Democracia” para llamar la atención internacional hacia el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En abril fue condenado a seis años y medio de prisión por cargos falsos de evasión de impuestos y tratos mercantiles ilegales.
Leyla Yunus, de 60 años de edad, galardonada activista de los derechos humanos y una de las voces críticas del gobierno más franca y reconocida, fue arrestada en julio pasado, unos días después de pedir el boicot a los Juegos Europeos debido al terrible historial de derechos humanos de Azerbaiyán. Está detenida en espera de juicio desde entonces, y el periodo de detención se ha prorrogado recientemente hasta después de los Juegos. Habrá pasado un año entre rejas sin juicio. Su esposo, Arif Yunus, fue arrestado cinco días después. Los dos están recluidos por cargos falsos de traición, hacer negocios ilegales, evasión de impuestos, abuso de autoridad, fraude y falsificación. Leyla y su esposo están aquejados de graves problemas de salud y se les ha prohibido hablar entre sí y con sus familiares.
Intigam Aliyev, destacado abogado de derechos humanos que ha presentado con éxito varios casos contra Azerbaiyán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue arrestado en julio del año pasado por cargos falsos de evasión de impuestos y tratos mercantiles ilegales. Estuvo recluido hasta su juicio en abril de este año, en el que se le impuso una pena de siete años y medio de prisión.
Libertad de prensa
En julio del año pasado, las autoridades azerbaiyanas congelaron los activos del Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas, una ONG que llevaba desde 2006 en la primera línea de la defensa de la libertad de prensa desde 2006. Su oficina fue allanada, los fiscales confiscaron documentos y equipos, y la organización está cerrada desde entonces. Los miembros del personal, incluido el director, Emin Huseynov, fueron interrogados. Cuando se presentaron en su contra cargos penales de evasión de impuestos y tratos mercantiles ilegales, Huseynov huyó a la embajada suiza. La embajada le ha ofrecido el estatuto de protección humanitaria y desde agosto del año pasado permanece en sus instalaciones. Huseynov cree que será arrestado de inmediato si sale de la embajada.
En diciembre del año pasado, miembros de la Fiscalía allanaron y precintaron las oficinas de Radio Free Europe/Radio Liberty. No se ofreció explicación oficial alguna, pero se confiscaron documentos y equipos y se detuvo e interrogó a 12 empleados, que sólo quedaron en libertad tras firmar una cláusula de silencio.
Khadija Ismayilova, periodista que trabajaba para Radio Free Europe, estaba investigando supuestos vínculos entre la familia del presidente Ilham Aliyev y un lucrativo proyecto de construcción en Bakú cuando fue arrestada, en diciembre del año pasado. Fue acusada de “incitar a un colega a cometer suicidio”, así como de otros cargos de motivación política. El colega en cuestión admitió más tarde que lo habían obligado a presentar una denuncia contra ella y que su intento de suicidio no tuvo nada que ver con Ismayilova. Khadija es objeto de un hostigamiento constante de las autoridades desde hace años, y ahora puede ser condenada a 12 años de prisión en caso de ser declarada culpable de todos los cargos.
Activistas juveniles
El informe muestra también que Azerbaiyán es un lugar peligroso para los jóvenes partidarios de la democracia. Jóvenes del conocido movimiento NIDA, que usan Facebook para criticar o cuestionar a las autoridades o para organizar reuniones pacíficas, han sido arrestados y acusados formalmente de posesión de explosivos y de pretender causar desórdenes públicos. Amnistía Internacional cree que estos cargos son falsos. Miembros de NIDA han sido golpeados y torturados para obtener confesiones falsas. Un activista de 17 años, Shahin Novruzlu, perdió cuatro dientes incisivos durante los interrogatorios.
“Hay un reinado del terror, todo el mundo tiene miedo. […] Los ataques contra NIDA han transmitido un firme mensaje a otros activistas: si el gobierno puede desarticular NIDA, un grupo de jóvenes cultos e inteligentes, pueden hacer cualquier cosa a cualquiera que se atreva a alzar la voz”, afirmó Turgut Gambar, miembro de la junta directiva de NIDA.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Azerbaiyán que ponga en libertad a todos los presos de conciencia de forma inmediata y sin condiciones, y que respete plenamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. La comunidad internacional, incluidos los gobiernos y el Comité Olímpico Europeo, debe ejercer presión sobre las autoridades azerbaiyanas para que así lo hagan.
“La organización de estos Juegos por Azerbaiyán brindó una excepcional oportunidad para lograr mejoras en el historial de derechos humanos del país. Pero al no alzar la voz el Comité Olímpico Europeo y la comunidad internacional en favor de quienes intentaban expresar su opinión, las autoridades azerbaiyanas han podido ahogar cada vez más a una sociedad civil independiente y crítica”, ha afirmado Denis Krivosheev, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
