Comunicados de prensa
4 marzo 2014
@AP
El hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU relajara el año pasado el embargo internacional de armas a Somalia parece haber contribuido al aumento de la inseguridad y los abusos contra los derechos humanos, que se cobran centenares de vidas civiles todos los meses, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha pedido que se reimponga un embargo de armas riguroso.
En marzo de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó parcialmente y por un año el embargo de armas impuesto a Somalia durante 21 años, lo que permitió al gobierno somalí importar armas pequeñas y ligeras, pero no armamento de gran tamaño ni municiones. Está previsto que el Consejo revise el embargo el 6 de marzo de 2014, y el gobierno ha pedido que lo levante.
“Los hechos hablan por sí solos: la seguridad sigue siendo sumamente volátil para la población de Somalia, y el flujo constante de armas al país está avivando la llama de la violencia armada y los abusos graves contra los derechos humanos perpetrados contra civiles”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.
“Permitir el envío de más armas ligeras a Somalia aprovechando las débiles medidas de control que aplica actualmente el gobierno no puede más que llevar al desastre. El Consejo de Seguridad debe reimponer totalmente el embargo de armas y establecer estrictos procedimientos de vigilancia de toda posible excepción en su aplicación, a fin de reforzar la seguridad en el país.”
Desde que se relajó el embargo de la ONU en marzo del año pasado se ha tenido noticia de desvíos de armas destinadas al gobierno somalí, que han ido a parar a grupos armados paralelos, que no forman parte de las fuerzas armadas de Somalia, entre ellos Al Shabab.
En 2012 y principios de 2013 se produjo un aumento del número de víctimas mortales civiles en Somalia. Se registraron más que en 2011, hasta 600 al mes, según cálculos, en los peores momentos. Los ataques con granadas de mano se duplicaron en mayo y junio, en comparación con los primeros meses de 2013, y se cometen homicidios selectivos casi a diario.
Cuando la ex viceprimera ministra de Somalia Fawsiyo Yusuf Haji Adan pidió en febrero de 2013 que se levantara el embargo de armas de la ONU, prometió que su gobierno establecería “los mecanismos necesarios para asegurarse de que el armamento no cae en manos de quien no debe” y reforzaría las fuerzas armadas.
Sin embargo, recientes noticias publicadas en medios de comunicación sobre un informe de la ONU que se ha filtrado apuntan a la comisión de “abusos sistemáticos” por parte de las fuerzas del gobierno, que han dado lugar al desvío masivo de armas a grupos armados desde que el Consejo de Seguridad de la ONU levantó parcialmente su embargo el año pasado. En esas mismas noticias se habla de “lagunas en la información” de los Estados proveedores de armas ligeras como Etiopía, Uganda y Yibuti, así como en la que proporcionan las autoridades somalíes acerca del volumen y el paradero de los envíos.
Al parecer, las armas para el ejército desviadas se venden en general en mercados privados de armas de Somalia, y presuntamente han llegado a manos de fuerzas de seguridad paralelas, e incluso se le reservan a un líder de Al Shabab.
A principios de 2010, Amnistía Internacional pidió la suspensión de las transferencias de armas al gobierno somalí hasta que se establecieran salvaguardias adecuadas con que impedir la utilización de las armas para cometer crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. Asimismo, la organización pidió el año pasado al Consejo de Seguridad de la ONU que, por ese motivo, no levantara el embargo de armas.
“El gobierno somalí no ha podido cumplir sus compromisos. No ha reforzado sus fuerzas de seguridad, que, según la información disponible, han permitido de manera activa que las armas caigan en manos de grupos que cometen atrocidades”, ha explicado Michelle Kagari.
“Sería muy poco acertado y peligroso que el Consejo de Seguridad no reimpusiera un control de armas mucho más estricto como principal medida con que poner fin a la proliferación y el uso indebido de armas entre grupos armados responsables de abusos contra los derechos humanos en Somalia.”
Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad que restablezca totalmente el embargo de armas y garantice el establecimiento de mecanismos de vigilancia más rigurosos. Esta medida ha de incluir notificaciones previas más estrictas de los Estados exportadores al Comité de Sanciones de la ONU de toda transferencia de armas que se pretenda realizar al gobierno, así como el derecho del comité a oponerse a la transferencia si existe un riesgo significativo de uso indebido y establecimiento de un equipo de la ONU independiente para inspeccionar rigurosamente los arsenales y seguir el rastro a los envíos de armas.
Información complementaria
En 2013 se intensificaron los ataques en la capital somalí, Mogadiscio, pese a estar nominalmente bajo el control del gobierno.
Al Shabab sigue teniendo capacidad para efectuar ataques mortales incluso en las partes mejor protegidas de la ciudad. Villa Somalia, sede del gobierno somalí, sufrió un mortal ataque con granadas hace muy poco, el 21 de febrero de 2014, que se sumó a los cuatro que había sufrido ya en 2013.
La falta de disciplina y de mando dentro de las fuerzas armadas de Somalia y de los grupos armados aliados con ellas no sólo les impide brindar protección a la población civil, sino que también hace que contribuyan de hecho a la inseguridad general. Sigue habiendo delincuentes, radicales e insurgentes infiltrados en las fuerzas de seguridad del Estado.
