Por Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe
Hay una pregunta que todo el mundo debería plantear mañana, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, cuando un grupo de expertos examine el historial de derechos humanos de la República Dominicana: “¿Por qué están privando de su nacionalidad a centenares de miles de personas?
Los dominicanos de ascendencia haitiana llevan mucho tiempo esperando una respuesta.
La discriminación que sufren desde hace ya mucho tiempo los dominicanos de ascendencia haitiana se agravó aún más en septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional del país, su máxima instancia judicial, resolvió que toda persona nacida a partir de 1929 de padres extranjeros y que no pudiera probar su condición de inmigrante regular estaba registrada indebidamente.
Se cree que desde entonces han perdido la nacionalidad dominicana y son ahora apátridas más de 250.000 personas.
Desde 2007, el gobierno niega a los dominicanos de ascendencia haitiana el documento de identidad, privándolos con ello del derecho a trabajar, a casarse, a enviar a sus hijos a la escuela o a votar.
Se teme también que millares de personas más puedan verse obligadas, de hecho, a trasladarse al país de sus antepasados, a pesar incluso de no haber estado jamás allí ni hablar el idioma.
Una de ellas es Felipe Fortines, que tiene dos hijos y cuyos antepasados nacieron en Haití.
“Sin certificado de nacimiento no tienes carné de identidad, así que tu vida queda anulada”, explica.
“La sentencia dice que si yo no soy dominicano tendría que irme a Haití, pedir a Haití que me diera su nacionalidad para después volver al país a naturalizarme. Es absurdo.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comunidad del Caribe (CARICOM), diversos gobiernos del Caribe y ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado la sentencia.
Sin embargo, el gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho caso omiso de las críticas y sigue decidido a ejecutar la sentencia. En la actualidad está elaborando un proyecto de ley de naturalización.
Aunque no se conoce aún su contenido, se teme que en el proyecto de ley se dé erróneamente por sentado que las personas afectadas por la sentencia son extranjeros que tienen que naturalizarse.
El presidente Medina afirma que la medida no viola los derechos humanos.
Se equivoca.
Su razonamiento no tiene en cuenta que aunque las condiciones para conceder la nacionalidad las decide cada Estado, el derecho internacional dispone que no debe privarse arbitrariamente de la nacionalidad a nadie, y mucho menos si la persona puede quedar convertida por ello en apátrida.
Al presidente le resulta muy cómodo también pasar por alto el hecho de que su gobierno tiene la obligación de respetar y hacer valer los derechos humanos y la dignidad de sus conciudadanos, incluido su derecho al trabajo, la salud y la educación.
El examen periódico universal es un proceso en el que los 193 Estados miembros de la ONU analizan el historial de cada uno de ellos en materia de derechos humanos bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos de la organización.
Algunos funcionarios dominicanos de alto nivel han afirmado que las críticas son parte de una conspiración internacional contra su país y una intromisión en asuntos de interés nacional.
Es absurdo. Las autoridades han de ver el examen periódico universal como una oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos.
Durante una reunión de alto nivel que han mantenido recientemente Haití y la República Dominicana, los representantes de ésta se han comprometido a respetar los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. Ahora han de mostrar al mundo cómo piensan cumplir esta promesa.
