El gobierno de la República Dominicana debe investigar urgentemente la desaparición de tres personas, presuntamente a manos de la policía, en los últimos cinco años, llevar a la justicia a los responsables, y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a esa aberrante práctica, dijo Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, (30 de agosto).
Randy Vizcaíno González, Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron entre 2009 y 2013, tras haber sido detenidos por la policía nacional. Nunca más se ha sabido de ellos.
“Las desapariciones forzadas de estos tres hombres son una mancha en el sistema de justicia de la República Dominicana y la expresión más brutal de las fallos del sistema policial del país. Las familias de estas víctimas merecen conocer el paradero de sus hijos, hermanos, maridos y padres,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre la República Dominicana de Amnistía International.
Randy Vizcaíno González fue detenido por la policía el 13 de diciembre de 2013 en Santo Domingo.
Fue visto por última vez bajo custodia en una comisaría de Santo Domingo Este. Según el testimonio de su amigo, quien también había sido detenido, presentaba señales visibles de golpes. Su familia no ha vuelto a saber nada de él desde su detención.
La policía dijo que se había escapado, pero la Defensora del Pueblo, que hizo una investigación preliminar sobre la desaparición, comunicó al jefe de la Policía Nacional sus dudas sobre la credibilidad de tal fuga. También informó de que la comisaría no había registrado la detención de Randy Vizcaíno González.
Amnistía Internacional comunicó el caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
A Juan Almonte Herrera no se lo volvió a ver desde el 28 de septiembre de 2009, cuando al parecer fue secuestrado por cuatro hombres identificados por testigos presenciales como agentes de policía.
“El Procurador General nos prometió hace un año que avanzaría con la investigación pero casi a cinco años de desaparición de Juan Almonte, es claro que no ha habido avances significativos,” explica Chiara Liguori.
La familia y los abogados de Juan Almonte han recibido escasa información oficial acerca del estado de la investigación sobre su desaparición, a pesar de haber presentado tres denuncias sobre el caso.
En 2010 el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha considerado inadecuada la respuesta de las autoridades dominicanas.
Gabriel Sandi Alistar fue detenido por la policía el 23 de julio de 2009, en relación con el presunto secuestro de otro hombre. Según un testigo, Gabriel Sandi Alistar fue torturado y maltratado en la comisaría.
Tres días después de la detención, su hermano fue a la comisaría de policía donde recibió información contradictoria sobre su paradero. Al intentar solicitar más información sobre su hermano, fue amenazado por los agentes de policía para que dejara de indagar sobre la desaparición. Le dijeron que Gabriel Sandi Alistar había huído.
Desde 2009, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades dominicanas, información sobre el caso, pero no obtuvo repuesta.
“La reacción de las autoridades dominicanas en esos tres casos es completamente inadecuada, el hecho de que la policía no rinda cuentas, alarmante. La desaparición forzada es un crimen sumamente grave y tiene repercusiones dramáticas sobre los familiares. La madre de Juan Almonte falleció recientemente sin saber de qué repasó su hijo.”
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la Republica Dominicana por la desaparición del periodista Narciso González en 1994. Desde entonces, han sido pocas las medidas emprendidas para poner fin a ésta práctica, entre ellas está el proyecto de reforma de Código Penal, que incluye la tipificación del crimen de desaparición forzada. La Republica Dominicana, sin embargo, todavía no ha ratificado las convenciones internacionales en materia de desapariciones forzadas.
“La tipificación del crimen de desaparición forzada en el Código Penal sería un paso muy positivo. Es imprescindible que esta reforma siga adelante y que el gobierno de la República Dominicana tome todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente las desapariciones forzadas, incluyendo la reforma de la Policía Nacional.