La inacción de las autoridades de República Centroafricana y las Naciones Unidas a la hora de investigar los crímenes de guerra de forma efectiva perpetúa el ciclo de violencia y miedo en el país, ha señalado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.
El informe Central African Republic: Impunity is fuelling violence se basa en una visita de un equipo de investigación de Amnistía Internacional a República Centroafricana y expone en detalle cómo algunos dirigentes y miembros de grupos armados siguen cometiendo nuevas atrocidades y desafiando el Estado de derecho. Esto ocurre pese a que en julio Amnistía Internacional publicó indicios que suscitaron sospechas razonables acerca de la participación de varias de estas personas en graves abusos, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“El hecho de no exigir la rendición de cuentas a las personas implicadas en el homicidio de civiles, el empleo de niños y niñas soldado y la quema de pueblos supone que no sólo pueden circular en libertad, sino que pueden seguir aterrorizando a la población sin miedo a represalias”, afirmó Stephen Cockburn, director adjunto del Programa Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.
En su informe de julio de 2014, Amnistía Internacional publicó un dossier en el que nombraba a 20 personas, entre las que figuraban jefes de las milicias antibalaka y jefes militares de Seleka, contra quienes tenía indicios creíbles de que eran los presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana desde diciembre de 2013.
La organización pidió que se iniciaran investigaciones y que se creara un tribunal mixto formado por jueces nacionales e internacionales para juzgar a los presuntos autores de los delitos más graves. También pidió que se fortalecieran los tribunales nacionales y se reforzaran las investigaciones de la Corte Penal Internacional.
Ahora Amnistía Internacional puede desvelar que algunos de estos hombres han actuado para estorbar la administración de justicia y han participado en nuevos delitos de derecho internacional en Bangui y en otras partes del país entre septiembre y octubre de 2014.
Entre las personas documentadas por el equipo de investigación de Amnistía Internacional que siguen beneficiándose del clima de impunidad de República Centrofricana figuran:
Patrice- Edouard Ngaïssona, ex ministro del gobierno y autoproclamado coordinador de los grupos armados antibalaka. Según múltiples fuentes, Ngaïssona sigue coordinando las actividades de numerosos grupos antibalaka en República Centroafricana, incluidos varios grupos implicados en homicidios de civiles y ataques contra las fuerzas internacionales durante un período de aumento significativo de la violencia en octubre de 2014. Grupos armados antibalaka bajo su control presuntamente cometieron graves abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios de civiles en Bangui. Ngaïssona también aprovechó su posición para intentar conseguir concesiones de las autoridades de transición, incluida la petición de que cuatro destacados presos antibalaka recuperasen la libertad. Aunque las autoridades de transición inicialmente aceptaron esta petición, la presión del poder judicial y de miembros de la comunidad internacional impidió que esos presos quedaran en libertad.
Las autoridades de transición habían acusado con anterioridad a Ngaïssona de “ser parte de un grupo armado ilegal, y tenencia de armas de fuego” y fue detenido durante un breve período en abril de 2014 antes de quedar en libertad. Pese a que el gobierno anterior había ordenado su detención por “crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio”, una medida que las actuales autoridades de transición habían confirmado, sigue desempeñando una función destacada en las negociaciones políticas con las autoridades.
El coronel “Douze Puissances”, jefe militar de las milicias antibalaka que, según una gran variedad de fuentes, entre ellas testigos y sobrevivientes, dirigió un grupo de combatientes que mató a 3 civiles, causó lesiones graves a al menos otros 20 civiles y quemó 28 casas y una iglesia en el barrio de Nguingo de la capital, Bangui, el 14 de octubre de 2014.
Amnistía Internacional ya había nombrado al coronel “Douze Puissances” como presunto autor de abusos contra los derechos humanos en diciembre de 2013, cuando estuvo a cargo de grupos de combatientes antibalaka en la zona de Boy-Rabe de Bangui.
Alfred Yekatom, alias “Rambo”, es otro jefe militar antibalaka que sigue actuando en los alrededores de la zona de Bimbo de Bangui y que, según múltiples fuentes locales, atacó la gendarmería de Bimbo el 29 de octubre de 2014, robó material y dejó en libertad a al menos cinco personas detenidas. Amnistía Internacional siente preocupación porque este ataque demuestra la capacidad que tiene para estorbar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que tienen la obligación de investigar las denuncias de responsabilidad penal por delitos de derecho internacional. Amnistía Internacional ya había nombrado previamente a ‘Rambo’ como presunto responsable de la muerte de civiles y del reclutamiento de niños y niñas soldado en Mbaiki, a 105 km de Bangui, entre diciembre de 2013 y mayo de 2014.
“En lugar de temer ser procesados y sancionados, es bastante frecuente que los presuntos autores de crímenes de guerra vean en la violencia un medio para conseguir poder, recursos o protección frente a la justicia. Si no se pone fin a la impunidad en República Centroafricana, las graves violaciones de derechos humanos no disminuirán”, afirmó Steve Cockburn.
Aunque se han producido algunos avances con el acuerdo de la ONU y las autoridades de República Centroafricana para establecer un Tribunal Penal Especial del tipo del tribunal mixto que Amnistía Internacional sugirió en julio de 2014, éste aún debe empezar a funcionar debido a la falta de financiación. La legislación que autorice el establecimiento de este tribunal debe cumplir las normas internacionales y garantizar que este tribunal, en la práctica, es independiente, imparcial y efectivo. Tanto la ONU como las autoridades de República Centroafricana deben realizar amplias consultas, entre otros con organizaciones de la sociedad civil, sobre esta legislación y la composición del “Tribunal Penal Especial” propuesto para garantizar el cumplimiento de estas normas.
“La ONU y las autoridades de la República Centroafricana deben actuar con urgencia para garantizar que todos los presuntos autores de la comisión de delitos de derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, se investigan sin demora, de forma indepediente y efectiva. Para que esto suceda, es necesario que la comunidad internacional apoye el Tribunal Penal Especial prometido y garantice que empieza a funcionar inmediatamente”, manifestó Steve Cockburn.
Aunque las personas nombradas en el informe de Amnistía Internacional hecho público hoy en su mayoría están vinculadas a grupos antibalaka, hombres armados vinculados a Seleka también siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos y deben ser investigados. El equipo de investigación de Amnistía Internacional documentó matanzas cometidas en octubre de 2014 tanto por Seleka como por milicias antibalaka en las localidades de Dekoa y Bambari y en sus alrededores, en la región central del país, y la organización pidió que se llevasen a cabo investigaciones con prontitud.
