Desplazados en la RCA. © AI
La República Centroafricana debe aprovechar la oportunidad histórica que supone la visita de dos días del papa Francisco al país para situar los derechos humanos y la justicia en el centro de las iniciativas de reconciliación nacional, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Al menos 75 personas, muchas de ellas civiles, han perdido la vida en una nueva oleada de violencia sectaria en la capital, Bangui, que se inició el 26 de septiembre de 2015.
“La visita del papa es una oportunidad única para ejercer presión para que se ponga fin a la impunidad de que aún disfrutan demasiados autores de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos. La impunidad es un importante impulsor del conflicto, y todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de que han cometido crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones y abusos contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia en juicios justos.”
En más de dos años de violencia han muerto miles de personas y al menos 900.000 han sido víctimas de desplazamiento. La población civil sigue gravemente amenazada con violencia y graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios, agresiones sexuales y saqueo.
Las víctimas de la última oleada de violencia de septiembre, entre las que había mujeres embarazadas, niños y niñas, han sido acribilladas a disparos, matadas a golpes, apuñaladas, quemadas vivas o asesinadas en homicidios selectivos. La violencia también desplazó a otras 40.000 personas, sólo en Bangui. La mayoría de ellas han terminado en campos abarrotados o con familias de acogida donde siguen siendo económica y psicológicamente vulnerables y reciben muy poco apoyo del exterior.
Tras estos disturbios Amnistía Internacional ha documentado un aumento de las agresiones físicas y verbales contra la minoría musulmana en la ciudad de Carnot, donde se ha producido al menos un caso de homicidio selectivo.
La violencia renovada pone de manifiesto que una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU con poco personal y mal equipada no podrá proteger a la población civil de los ataques organizados. Es preciso hacer mucho más para prever, impedir o reaccionar a grandes estallidos de violencia de grupos armados y milicias dirigidos contra la población civil.
La creación por la República Centroafricana de un Tribunal Penal Especial para investigar abusos contra los derechos humanos desde 2003, es una medida muy satisfactoria, pero requiere una financiación adecuada, segura e incondicional. Sin embargo, hasta la fecha pocos donantes han comprometido recursos.