Las autoridades de Reino Unido deben iniciar una investigación criminal, pendiente desde hace mucho tiempo, sobre el papel de una empresa británica en uno de los peores casos de vertido de residuos tóxicos del último decenio, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras acceder por fin la Agencia de Medio Ambiente a examinar los datos aportados por la organización.
Ha sido necesaria la amenaza de entablar acciones judiciales para que la Agencia dé marcha tras en su negativa a examinar un informe jurídico donde se exponía que Trafigura Limited, empresa radicada en Reino Unido, podría haber conspirado para verter los residuos tóxicos en Costa de Marfil.
El vertido, que se produjo en agosto de 2006, provocó un desastre medioambiental y de salud pública en Abiyán, donde, según la información publicada, murieron al menos 15 personas y más de 100.000 necesitaron atención médica urgente, y donde persiste aún la contaminación pese a los extensos trabajos de limpieza.
“Negarse a investigar el papel de Trafigura en un suceso que fue un devastador delito fue una muestra de desprecio por las normas internacionales de derechos humanos que Reino Unido está obligado a cumplir –ha señalado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional–.La manifiesta ausencia de medidas disuasorias da luz verde a las empresas radicadas en Reino Unido para cometer graves abusos en el extranjero.”
“Lamentablemente, los sistemas de justicia están mal preparados para exigir rendición de cuentas cuando las empresas con operaciones transfronterizas cometen abusos. Ninguna empresa debe estar por encima de la ley. La Agencia de Medio Ambiente puede ayudar a cambiar esta situación iniciando una investigación completa a partir de los datos que presentamos hace meses.”
El 17 de marzo de este año, Amnistía Internacional envió un detallado informe jurídico a la Fiscalía General de la Corona y a la Policía Metropolitana, pidiendo una investigación criminal sobre Trafigura Limited por su participación en la catástrofe de 2006. Varios directivos y empleados de la empresa en Reino Unido fueron responsables de las operaciones conducentes al vertido de los residuos peligrosos en unos 18 puntos de los alrededores de Abiyán, incluido un vertedero urbano de las inmediaciones de un barrio residencial pobre.
El informe jurídico contiene considerables datos que indican que las acciones de Trafigura y su personal de Reino Unido podrían haber constituido una conspiración empresarial ilegal, que tenía por objeto posibilitar el vertido en otro país, violando la Ley del Código Penal de 1977 de Reino Unido.
“Ofrecimos indicios de que una empresa británica podría haber cometido un delito grave en Reino Unido, con devastadoras consecuencias para decenas de miles de personas en Costa de Marfil. Sin embargo, ni la empresa ni ninguna de las personas implicadas ha tenido aún que rendir cuentas en Reino Unido”, ha explicado Audrey Gaughran.
Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta de la Policía Metropolitana. En abril, la Fiscalía General de la Corona remitió el informe de la organización a la Agencia de Medio Ambiente, que respondió meses después negándose a considerar la posibilidad de investigar el asunto.
Ha sido al disponerse Amnistía Internacional a impugnar su negativa ante el Tribunal Superior de Reino Unido cuando la Agencia ha accedido a examinar los datos. Tendrá que decidir antes del 19 de diciembre si iniciar una investigación completa sobre Trafigura Limited.
“No alegra que la Agencia de Medio Ambiente haya accedido a examinar los datos que presentamos. Sin embargo, ha sido la amenaza de entablar acciones judiciales lo que ha llevado a las autoridades británicas a ocuparse realmente de este asunto –ha afirmado Audrey Gaughran–. A pesar de haber proporcionado indicios de delito grave, hemos estado yendo de una autoridad a otra, sin que ninguna admitiera tener capacidad para tomar medidas.”
“Si este vertido tóxico se hubiera producido en Reino Unido, habría sido tal el escándalo nacional e internacional, que se habrían tomado rápidamente medidas para poner a los responsables a disposición judicial. Pero el hecho de que este desastre evitable de preparará aquí y se perpetrara en África no exime a las autoridades británicas de su obligación de investigar.”
Información complementaria
El 19 de agosto de 2006 se vertieron residuos tóxicos en 18 puntos de la ciudad Abiyán (Costa de Marfil) y sus alrededores. La empresa multinacional Trafigura, dedicada al comercio de productos básicos, había generado los residuos a bordo del carguero Probo Koala, al utilizar sosa cáustica para “lavar” un producto petrolero sumamente sulfuroso llamado nafta de cocker.
Este proceso genera peligrosos residuos de olor fétido, conocidos como “solución cáustica”. Los residuos a bordo del Probo Koala contenían esta solución cáustica, así como restos de la nafta de cocker. En vez de eliminar los residuos en condiciones de seguridad en Europa, Trafigura los transportó ilegalmente a Costa de Marfil y contrató a una empresa local para que lo hiciera.
Trafigura afirma que creía que la empresa iba a eliminar los residuos de manera segura y legal, pero los datos presentados por Amnistía Internacional a las autoridades británicas indican que sabía que se iban a verter en algún lugar. A pesar de saber que era necesario someter los residuos a un tratamiento especial antes de eliminarlos de manera segura, Trafigura pagó a la empresa algo menos de 17.000 dólares estadounidenses para que los “descargara” en un enorme vertedero al aire libre, que era totalmente inadecuado para ello. Las condiciones del acuerdo se redactaron en una hoja escrita a mano, donde no se hacía referencia a ninguna precaución que pudiera ser necesario tomar para eliminar los residuos. Un vez vertidos, Trasfigura pidió a la empresa que hiciera una factura nueva falsa, por un importe mucho mayor, de más de 100.000 dólares estadounidenses.
Tras el vertido, el 20 de agosto de 2006 por la mañana, decenas de miles de personas de todo Abiyán se despertaron con náuseas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, escozor en los ojos y ardor en la piel. Más de 100.000 personas necesitaron atención médica urgente y fue preciso llevar a cabo una amplia operación de limpieza y descontaminación.
Las autoridades marfilenses registraron también al menos 15 muertes, pero sigue si conocerse la verdadera cifra, ni la magnitud de la contaminación aún existente y los efectos para la salud a largo plazo. Los habitantes de Abiyán están pidiendo aún justicia. Está previsto que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente examine el año próximo los lugares donde se hicieron los vertidos para determinar los efectos persistentes.
En septiembre de 2012, Amnistía Internacional y Greenpeace publicaron The Toxic Truth, informe donde se documentaba el papel de Trafigura en la generación y el vertido de los residuos tóxicos.
Una de las recomendaciones del informe era que el gobierno de Reino Unido considerara la posibilidad de entablar acciones penales contra Trafigura Limited –la filial británica de la empresa multinacional– y otros presuntos responsables. Amnistía Internacional Reino Unido instó además al fiscal general a considerar la posibilidad de iniciar una investigación criminal contra la empresa. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades británicas no tomaron ninguna medida para investigar el asunto.
En Costa de Marfil hay en curso varias demandas contra Trafigura. Asimismo, en Los Países Bajos se ha procesado a algunas personas y entidades –incluida la matriz neerlandesa, Trafigura Beheer BV– pero sólo por la importación y exportación ilegal de los vertidos a través de Amsterdam.
Una demanda presenta en Reino Unido por alrededor de 30.000 víctimas del vertido, dio lugar en 2009 a un acuerdo extrajudicial en el que se determinó el pago de 30 millones de libras esterlinas de indemnización. Trafigura pagó también algo de indemnización al gobierno marfilense. Sin embargo, debido a fraudes y a la inestabilidad política en Costa de Marfil, una parte muy considerables de estas cantidades jamás llegó a las víctimas del vertido tóxico.
Hasta la fecha, Trafigura y sus directivos no han tenido que rendir penalmente cuentas en ninguna jurisdicción por su responsabilidad en el vertido real de los residuos tóxicos. La empresa ha afirmado reiteradamente que no es responsable del vertido ni de sus secuelas.
Amnistía Internacional había pedido a los despachos de abogados británicos Bindmans LLP y One Crown Office Row que la representaran en toda acción ante el Tribunal Superior.
