Mañana, la Corte Penal Internacional dictará sentencia en la causa contra Germain Katanga, ex líder de las Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri, grupo armado de oposición de la República Democrática del Congo.
Katanga está acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el ataque al poblado de Bogoro, en el distrito congoleño de Ituri, a comienzos de febrero de 2003.
Se trata de una importante decisión, ya que, entre otras cosas, la Corte abordará por primera vez cargos de violencia sexual y de género, incluida la violación y la esclavitud sexual.
He aquí todo lo que es preciso saber sobre esta causa histórica.
1. ¿Quién es Germain Katanga y por qué lo juzga la Corte Penal Internacional (CPI)?
En 2007, la CPI dictó orden de detención contra Germain Katanga (conocido también como ‘Simba’) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el ataque al poblado de Bogoro, en el distrito de Ituri de la República Democrática del Congo (RDC), que tuvo lugar a comienzos de febrero de 2003.
Se trata de la tercera sentencia dictada por la CPI. Las dos anteriores también tuvieron que ver con la situación en la RDC. La Fiscalía acusa a Katanga de estar implicado en el ataque como comandante de las Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri (Forces de résistance patriotique d’Ituri, FRPI).
A Katanga se le imputan siete cargos de crímenes de guerra y tres de crímenes contra la humanidad.
En el ataque a Bogoro murieron al menos 200 civiles, la mayoría de etnia hema. Según un informe de la ONU, 100 de supervivientes afirman que “murieron unas 260 personas y otras 70 han desaparecido, y que 173 de las víctimas eran menores de 18 años”.
La Fiscalía afirma también que los miembros de las FRPI saquearon el pueblo, que secuestraron a mujeres y niñas para convertirlas en esclavas sexuales, que algunos supervivientes fueron encarcelados en un edificio lleno de cadáveres y que en el ataque se utilizaron niños soldado.
2. ¿Por qué es importante el caso Prosecutor v. Katanga?
Después de que la RDC pidiera en 2004 a la Fiscalía de la CPI que investigara los crímenes que son de la competencia de la Corte cometidos en el territorio de la RDC desde el 1 de julio de 2002, el caso Katanga es el tercer juicio relativo a delitos cometidos en la RDC sobre el que la CPI dicta sentencia.
Durante los últimos 20 años, las provincias orientales de la RDC han sufrido oleadas sucesivas de inestabilidad y un largo conflicto armado.
Diversos grupos armados, tropas extranjeras y el ejército nacional congoleño (Forces armées de la République Démocratique du Congo, FARDC) se han enzarzado en una violenta lucha por el control político y militar del territorio y los recursos. A pesar de que las hostilidades terminaron oficialmente en 2003, la violencia en la RDC continúa, pues los grupos armados siguen lanzando operaciones esporádicas contra la población civil, sometida a homicidios, violación y violencia sexual, desplazamiento forzoso, reclutamiento y uso de niños como soldados y saqueo.
El trabajo de la CPI en el caso Katanga y en otros procesos ofrece a las víctimas del largo conflicto de la RDC la esperanza de que exista una vía para hacer realidad su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
Otro aspecto importante de la decisión es que se ocupa de cargos de violencia sexual y de género, incluida la violación y la esclavitud sexual. Katanga también está acusado de crímenes de guerra por utilizar a menores de 15 años como niños soldado, que al parecer combatieron en el ataque y servían de escoltas del acusado. Estos crímenes se cometieron impunemente a gran escala en la RDC.
Los supervivientes de la violencia sexual y los ex niños soldado suelen ser estigmatizados en sus comunidades. Es de esperar que esta causa cuestione este estigma y siente importantes precedentes que los tribunales de la RDC puedan seguir para abordar estos crímenes eficazmente.
3. ¿Qué más ha hecho la CPI para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos en el conflicto de la RDC?
Las investigaciones de la CPI sobre los crímenes perpetrados en la RDC comenzaron poco después de la creación de la Corte y hasta ahora se han centrado en los crímenes cometidos en el este del país, en el distrito de Ituri, y en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional.
Hasta la fecha, la CPI ha llevado a cabo otros dos juicios por los crímenes cometidos en la RDC.
El 14 de marzo de 2012, Thomas Lubanga Dyilo fue declarado culpable del crimen de guerra de reclutar y utilizar a niños soldado en el grupo armado Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (Forces patriotiques pour la liberation du Congo, FPLC) en varias localidades en torno a Bunia y en otros puntos del distrito de Ituri en 2002 y 2003. Lubanga fue condenado en total a 14 años de cárcel. La sentencia condenatoria y la pena están en proceso de apelación.
Mathieu Ngudjolo Chui fue absuelto el 18 de noviembre de 2012 de los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente perpetrados durante el mismo ataque a Bogoro por el que se acusa a Germain Katanga. El fiscal ha recurrido contra la sentencia absolutoria.
Otra causa, la que se sigue contra Bosco Ntaganda, está en la etapa de diligencias preliminares. Ntaganda, por entonces subcomandante del Estado Mayor de las FPLC, está acusado de siete crímenes de guerra por alistar, reclutar y utilizar a niños soldado en las hostilidades, asesinato, ataques contra la población civil, violación y esclavitud sexual y saqueo en Ituri en 2002 y 2003. Además, se le acusa de otros tres crímenes contra la humanidad: asesinato, violación y esclavitud sexual y persecución.
Otro acusado, Sylvestre Mudacumura, sigue en libertad. La CPI ha dictado orden de detención contra él por crímenes presuntamente cometidos en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional cuando era comandante supremo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR), con nueve cargos por crímenes de guerra cometidos entre el 20 de enero de 2009 y septiembre de 2010. Un sexto acusado en casos por crímenes en la RDC, Callixte Mbarushimana, quedó en libertad en diciembre de 2011 después de que los jueces rehusaran confirmar los cargos presentados contra él por la Fiscalía de la CPI por falta de pruebas suficientes.
La CPI sigue investigando crímenes en el país y es posible que la Fiscalía abra nuevas causas.
4. ¿Qué ha hecho la CPI por las víctimas y las comunidades afectadas en el caso Katanga?
Hay al menos 363 víctimas que participan en la causa abierta contra Katanga en la CPI, representadas por abogados ante la Corte. Estas víctimas están divididas en dos grupos. Uno de ellos es el de las víctimas “generales” y otro, menor, el de ex niños soldado.
Si Katanga es declarado culpable, la Corte podría ordenar que proporcionara reparación a las víctimas por los daños sufridos a consecuencia de los crímenes. Si eso sucede y Katanga no dispone de fondos suficientes para afrontar una orden de reparación, podría intervenir el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI.
Desde 2008, el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI ha prestado «ayuda general” a las víctimas en Ituri y en Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Mediante contribuciones voluntarias de donantes, en su mayoría Estados, proporciona rehabilitación física, apoyo material y/o rehabilitación psicológica a decenas de miles de víctimas directas e indirectas del conflicto que se libra en el este de la RDC. Por ejemplo, entre sus proyectos está la prestación de asesoramiento psicológico y formación profesional a las víctimas de tortura y mutilación en Kivu Meridional y apoyo material y psicológico a las víctimas de violencia sexual y de género en Ituri.
El cambio que ya ha supuesto para las vidas de las víctimas el trabajo del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI muestra el valor y la importancia que tiene la implicación de la CPI en la RDC, complementando las iniciativas de la justicia.
5. ¿Qué supondría la condena de Germain Katanga? ¿Y su absolución?
Una sentencia condenatoria en este caso no supone un éxito, y una absolución no supone un fracaso. Un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad refleja si la Fiscalía ha presentado pruebas admisibles suficientes para demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que Katanga cometió los crímenes que se le imputan. En cualquiera de los dos casos, condena o absolución, la defensa y la Fiscalía pueden apelar.
Si Katanga es declarado culpable, se pasará a la fase de imposición de condena, durante la cual los jueces estudiarán las circunstancias agravantes y atenuantes, y comenzarán los procedimientos de reparación.
Si es absuelto, los jueces ordenarán que se organice lo antes posible su puesta en libertad en un país que esté dispuesto a recibirlo. Sin embargo, si la Fiscalía apela, los jueces pueden, en circunstancias excepcionales y teniendo en consideración el peligro real de fuga, la gravedad del delito y la probabilidad de éxito, ordenar que siga detenido hasta que se vea el recurso de apelación.
6. ¿Qué efecto debería tener este fallo en la RDC?
Si bien el hecho de que el juicio de Katanga llegue a término supone otro paso importante para abordar la impunidad en la RDC, su caso sólo tiene que ver con una pequeñísima parte de los crímenes de derecho internacional cometidos en la RDC en los últimos años. El veredicto sobre Katanga debería servir de orientación a las autoridades de la RDC para abordar la enorme “brecha de impunidad” de crímenes atroces perpetrados contra los habitantes del país.
En los últimos dos años, los investigadores de Amnistía Internacional han documentado muchas graves violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos perpetradas por grupos armados en Kivu Septentrional, y pide al gobierno congoleño que cumpla su compromiso de investigar y procesar a los autores de abusos contra los derechos humanos.
En su discurso del 23 de octubre de 2013, el presidente Joseph Kabila afirmó que su gobierno se comprometía a identificar y procesar a las personas que organizan grupos armados.
Y sin embargo, el sistema de justicia le sigue fallando a las víctimas de abusos contra los derechos humanos: sigue teniendo una manifiesta falta de personal y de recursos y se caracteriza por unos centros de detención inadecuados y unos programas de protección de testigos y víctimas insuficientes.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a la RDC que resuelva los obstáculos con que se encuentran las víctimas para acceder a la justicia tomando todas las medidas necesarias para desarrollar una estrategia de justicia a largo plazo encaminada a reformar el sistema de justicia penal.
7. ¿Qué cree Amnistía Internacional que debe suceder para que se resuelva la impunidad en la RDC?
La CPI no puede abordar por sí sola el problema de la impunidad de forma integral. En realidad sólo se ocupará de un reducido número de casos. Por tanto, a la vez que la CPI lleva a cabo sus investigaciones y sus juicios, es preciso que las autoridades de la RDC hagan más, tanto en la ley como en la práctica, para establecer el Estado de derecho y garantizar los derechos de las víctimas de las violaciones que se cometieron en el pasado y las que se siguen cometiendo en la actualidad. Las autoridades deben abordar los obstáculos que encuentran las víctimas cuando tratan de conseguir justicia en el sistema nacional y para ello deben tomar todas las medidas necesarias a fin de desarrollar una estrategia de justicia integral a largo plazo encaminada a reformar el sistema de justicia penal.
La impunidad no puede continuar. Las autoridades deben emprender más iniciativas reales para investigar los miles de otros crímenes de derecho internacional –incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad– cometidos en el país.
En los casos en que hay pruebas suficientes, las personas acusadas de los crímenes deben comparecer ante la justicia en juicios con garantías. La creación de sólidos sistemas de justicia y seguridad en la RDC requiere ir más allá del procesamiento de miembros de los grupos armados, y debe incluir también la investigación y el procesamiento de miembros de los servicios de seguridad nacional, presuntos responsables de graves crímenes, sin importar su condición política o militar.
Las autoridades de la RDC también deben cooperar plenamente con todas las causas abiertas por la CPI, incluida la detención y el entrega de Sylvestre Mudacumura, que continúa en libertad.
Además, la seguridad sostenida de los habitantes del este de la RDC aún es un objetivo lejano. Actualmente, la magnitud de los crímenes perpetrados en el distrito de Ituri es menor que hace diez años. Sin embargo, los grupos armados continúan operando en ese distrito y en todo el este de la RDC, atacando y aterrorizando a las poblaciones locales. Por ejemplo, en el distrito de Ituri, hubo nuevas denuncias de secuestros de civiles por miembros de las FRPI a comienzos de 2014. Otros grupos armados, tales como el Ejército de Resistencia del Señor (L’armée de résistance du Seigneur, LRA), las Fuerzas Democráticas Aliadas (Forces démocratiques alliées) y las FDLR también siguen operando en la Provincia Oriental, Kivu Septentrional y Kivu Meridional.
8. ¿La causa contra Katanga confirma que la CPI está centrándose injustamente en los africanos?
En absoluto. Por el contrario, el juicio de Katanga confirma la gran demanda de justicia internacional que existe en África. Los Estados y los habitantes de África han atraído la atención de los mecanismos de justicia internacional por el nivel de impunidad de que gozan las violaciones de derechos humanos graves y los crímenes de derecho internacional en muchos países del continente. Y esto está muy relacionado con el hecho de que millones de africanos exigen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La consecuencia de ello ha sido que los Estados africanos han pedido a los tribunales penales internacionales que los ayuden a llevar ante la justicia a los presuntos perpetradores de crímenes de derecho internacional, incluida la RDC, que fue el primer Estado que pidió a la CPI que investigara crímenes de su competencia.
De hecho, las tres situaciones que investiga la CPI son consecuencia de peticiones de Estados africanos a la Corte para que interviniera porque dichos Estados (RDC, República Centroafricana, Uganda, Costa de Marfil y Malí) eran incapaces de poner a los perpetradores a disposición judicial. Otras dos situaciones fueron remitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de sus miembros africanos. La Fiscalía de la CPI inició una investigación sobre la situación de Kenia después de dar –sin éxito– al gobierno de este país todas las oportunidades posibles para que llevara a cabo investigaciones y enjuiciamientos nacionales.
Amnistía Internacional hace notar también que la CPI está llevando a cabo exámenes preliminares de numerosas situaciones fuera de África, como las de Afganistán, Colombia, Georgia, Honduras y la República de Corea.
9. ¿Por qué Amnistía Internacional apoya a la CPI?
Amnistía Internacional hace campaña en favor de la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de crímenes de derecho internacional de todos los continentes sin distinción de raza, religión, nacionalidad, etnia, género, orientación o identidad sexual o discapacidad.
La CPI ocupa el lugar central en el nuevo sistema de justicia internacional. Se trata de un mecanismo vital para insistir en que las autoridades nacionales cumplan con sus responsabilidad de investigar y enjuiciar crímenes, e intervenir cuando no lo hacen. Amnistía Internacional apoyó firmemente la creación de la Corte en 2002. Más de diez años después, la organización hace campaña para que todos los países firmen el Estatuto de la Corte, como ya han hecho 122 de ellos, y para que todos los gobiernos cooperen plenamente con su importante trabajo, especialmente deteniendo y entregando a los sospechosos para que sean juzgados.
Sin embargo, la CPI es también un tribunal de última instancia para cuando los Estados no son capaces o no están dispuestos a investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional. Amnistía Internacional insta a los Estados a cumplir con su obligación, con arreglo al derecho internacional, de combatir la impunidad en el ámbito nacional estableciendo mecanismos nacionales eficaces para otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas.
