Isabel (nombre ficticio), profesional del sexo de la ciudad de Niterói, fue agredida y amenazada tras haber denunciado públicamente la violación y extorsión a que la policía sometió a profesionales del sexo durante unos desalojos y redadas ilegales el 23 de mayo. Unas 300 profesionales del sexo se encuentran ahora sin hogar, y la seguridad de Isabel y su familia corre peligro.
Isabel es una profesional del sexo de Niterói, ciudad del estado de Río de Janeiro. El 4 de junio participó en una audiencia pública en la que denunció varios actos violentos cometidos por agentes de policía contra ella y sus colegas el 23 de mayo, cuando la policía invadió un edificio en el que unas 300 profesionales del sexo viven y realizan sus transacciones con sus clientes. Además de extorsionarlas, Isabel y otras profesionales del sexo afirman que los policías las violaron, les robaron sus bienes y colocaron entre sus pertenencias pruebas para incriminarlas falsamente por delitos, antes de detenerlas sin orden judicial para interrogatorio y de precintar sus apartamentos como «escenarios del crimen». Pese a que se citaron «defectos estructurales» como uno de los motivos para clausurar el edificio, sólo se registraron y se precintaron las plantas y los apartamentos en los que vivían y trabajaban las profesionales del sexo. La compra o venta de servicios sexuales no constituye delito en Brasil, y un representante de la Defensoría del Pueblo ha argumentado que las acciones policiales fueron ilegales. Pese a los intentos de presentar denuncias contra la policía, las profesionales del sexo han informado de que la Unidad Especial de Atención a la Mujer (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) se negó a registrar sus denuncias el día de la redada, y que a los abogados que les asignaron les prohibieron presenciar sus interrogatorios.
Tras denunciar públicamente la violencia policial y las acciones ilegítimas del estado, el 21 de junio Isabel fue secuestrada por cuatro hombres y obligada a subir a un automóvil. Durante 30 minutos, los hombres le hicieron cortes en el brazo con una cuchilla, le mostraron fotos de su hijo entrando en el colegio y le ordenaron que dejara de hacer acusaciones contra la policía y de hablar con periodistas. Desde entonces, Isabel no ha vuelto a su casa, se siente incapaz de denunciar el secuestro y teme represalias contra su familia. El edificio permanece cerrado, y unas 300 profesionales del sexo están sin hogar.
La violencia, la extorsión, las detenciones arbitrarias y los desalojos ilegales llevados a cabo por las autoridades brasileñas violan los derechos humanos de las profesionales del sexo a la integridad física, la seguridad de la persona, la salud, la vivienda y la ausencia de discriminación. El secuestro, la violencia y la intimidación sufridos por Isabel por hablar en contra del gobierno constituyen violaciones de sus derechos humanos a la libertad y la seguridad de la persona, la integridad física, la salud y la libertad de expresión.
Escriban inmediatamente en portugués, en inglés o en su propio idioma:
– Instando a las autoridades a proteger a Isabel e investigar su secuestro y las amenazas contra su familia;
– Pidiéndoles que garanticen una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las denuncias de violencia policial contra profesionales del sexo, y sobre los desalojos ilegales llevados a cabo en Niterói durante la operación del 23 de mayo;
– Pidiéndoles que cancelen el precinto ilegal de los apartamentos donde vivían y trabajaban las profesionales del sexo, y que les permitan regresar a sus casas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 A:
Secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro
State Secretary of Public Security
José Mariano Beltrame
Praça Cristiano Ottoni, s/nº
Prédio da Central do Brasil
CEP 20221-250, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Fax: +55 21 2334-9329
Correo-e:
secretariodeseguranca@seguranca.rj.gov.br
Tratamiento: Dear Mr. Secretary / Señor Secretario
Fiscal General del estado de Río de Janeiro
Attorney General of the State of Rio de Janeiro
Dra. Lucia Léa Guimarães Tavares
Rua do Carmo, 27 – 13th floor
CEP 20011-900 Centro
Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Nº de teléfono/fax: +55 21 2332-9274 / 2332-9278
Correo-e: gpgsecretarias@pge.rj.gov.br
Tratamiento: Dear Attorney General / Señora Fiscal General
Copia a:
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (ALERJ)
President of the State Human Rights Commission (ALERJ)
Dep. Marcelo Freixo
ALERJ – Palácio Tiradentes
Rua 1º de Março, s/n
CEP 20010-090 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Fax:+55 21 2588-1268
Correo-e: marcelofreixo@alerj.rj.gov.br
Envíen también copias a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La ciudad de Niterói ha estado llevando a cabo una política de renovación del centro urbano. El edificio de apartamentos en el que vivían y trabajaban unas 300 profesionales del sexo, y en el que la policía llevó a cabo una redada el 23 de mayo, está situado en ese centro urbano. Estas personas alquilan sus apartamentos para poder trabajar legalmente (sin la ayuda de terceros, ya que eso está tipificado como delito en el Código Penal brasileño). Afirman que las acciones emprendidas contra ellas forman parte de una campaña gubernamental para «limpiar» el centro de Niterói y de los intentos, relacionados con esta campaña, de incrementar el valor catastral del edificio.
El desalojo ilegal de las profesionales del sexo de sus apartamentos las ha dejado en unas pésimas condiciones económicas, ya que, a consecuencia del desalojo, muchas han perdido sus ahorros, sus muebles y otros bienes. Algunas se han quedado sin hogar, y viven en la calle, y muchas tienen que vender sexo en entornos mucho menos seguros.
El 4 de junio, Isabel recibió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro (ALERJ) para representarse a sí misma y a las otras profesionales del sexo en una audiencia pública con el fin de denunciar la violencia ilegal, el acoso y los desalojos, así como el hostigamiento y la presencia policial constantes en el edificio de apartamentos. Un abogado de la Defensoría del Pueblo que está siguiendo el caso también ha declarado, tras examinar la información, los documentos y otras pruebas aportadas por las profesionales del sexo, que la operación fue ilegal en todos los aspectos. También hay indicios que sugieren que la redada y el cierre del edificio se llevaron a cabo de manera ilegal. Por ejemplo, las denuncias de fallos estructurales deberían haber sido ordenadas oficialmente por las autoridades de salud, y sin embargo no hay indicios de que un representante de ese órgano gubernamental haya visitado nunca el edificio. Además, el edificio fue clausurado por orden de la Policía Civil, un órgano gubernamental que no está facultado para emprender ese tipo de acciones. El Colegio de Abogados brasileño ha impugnado en el tribunal local la redada en los apartamentos, pero la jueza a cargo del caso ha respondido que no podía interferir en una acción llevada a cabo por otra autoridad gubernamental.
Desde la audiencia del 4 de junio, las amenazas contra la vida de Isabel y la seguridad de su familia se han intensificado. El 21 de junio, Isabel fue secuestrada, amenaza y herida en un aparente intento de silenciar su oposición a las acciones del estado. Además, a Isabel y a otras personas que apoyan a las profesionales del sexo las han seguido por la calle, y en ocasiones las han fotografiado, individuos no identificados.
La legalidad de la acción policial está siendo puesta en duda por el Colegio de Abogados de Brasil y por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro. Isabel y las profesionales del sexo están siendo representadas por la Defensoría del Pueblo del estado de Río de Janeiro, y cuentan con el apoyo de varias ONG y de congresistas federales y municipales.
Nombre: Isabel (nombre ficticio)
Sexo: mujer
