Kenia: Ataque a la universidad pone de relieve deficiencias de seguridad

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El terrible ataque perpetrado esta mañana en una universidad keniana por hombres enmascarados pone de relieve la urgente necesidad de protección de estudiantes, personal universitario y otras personas corrientes en Garissa y otras zonas del norte del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La organización pide también que las autoridades lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva para poner a los autores de estos hechos a disposición de la justicia.

La Universidad de Garissa, que forma parte de la Universidad de Moi, está situado en el norte de Kenia, una zona del país cuya vulnerabilidad a los ataques de Al Shabaab es conocida.

“Instamos al gobierno de Kenia a actuar con contundencia y dentro de la Constitución y la ley para garantizar la protección de quienes sufren o corren el riesgo de sufrir ataques en Garissa y otras zonas del norte”, ha afirmado Muthoni Wanyeki, directora regional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos de Amnistía Internacional.

“Ciudadanos y funcionarios públicos del norte han manifestado en repetidas ocasiones su temor por su vulnerabilidad a los ataques de Al Shabaab que el gobierno de Kenia no ha abordado de manera adecuada. Las instituciones de enseñanza deberían ser lugares seguros para los estudiantes y sus profesores. Su protección debe estar plenamente garantizada.”

Según la Cruz Roja keniana, hasta ahora el ataque se ha saldado con 65 víctimas mortales, entre ellas un número no especificado de estudiantes y residentes. Cinco víctimas han sido trasladadas en avión a Nairobi para recibir tratamiento. Se cree que otras personas están desaparecidas y se supone que han sido secuestradas.

Medios de comunicación locales e internacionales han informado de que el grupo armado Al Shabaab ha reivindicado la autoría del ataque.

Amnistía Internacional subraya la responsabilidad del gobierno keniano de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos dentro de los límites de la Constitución y la ley.

“Es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, incluidos los del norte del país, y hacer cuanto esté legalmente en su poder para impedir que este tipo de ataques tengan lugar.”

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