Dos mujeres transgénero denunciaron al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para exigir que se les reconozca su derecho a inscribir los nombres con los que se identifican socialmente. Tras seis años sin respuesta efectiva del Poder Judicial decidieron acudir a estrados internacionales.
Se trata de Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, quienes en 2016 iniciaron gestiones ante el Poder Judicial de Paraguay para inscribir los nombres con los que se identifican y que se adecuan a su identidad de género auto percibida, sin embargo, la respuesta fue una sistemática discriminación y tratamiento desigual.
Ambos casos han implicado que múltiples derechos de las afectadas estén siendo violados de forma simultánea, configurando así casos representativos de cómo el Estado viola derechos humanos. Es por eso que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), lleva la representación de las demandantes; y también forma parte de campaña Soy Real #MiNombreDebeSerLegal, que se lleva adelante en conjunto entre la Asociación Panambí, Amnistía Internacional Paraguay y Codehupy.
La Codehupy expone en la denuncia que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional para resolver sobre la solicitud configuró la violación de derechos como: derecho a la igualdad ante los tribunales, derecho a un juicio imparcial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada y derecho a no ser discriminada por identidad de género.
Los derechos mencionados están reconocidos en los Arts. 14.1, 16, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico ratificado por el Estado paraguayo. Además, Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo del mismo Pacto, otorgando así competencia al Comité para que entienda denuncias de particulares y, obligándose a cumplir las resoluciones resultantes del proceso.
La denuncia presentada busca que el Estado paraguayo respete el derecho de las personas trans a adecuar su nombre civil de manera congruente con su identidad de género, que garantice a las personas trans un recurso efectivo para el reconocimiento de su derecho al cambio de nombre y que, adopte medidas legislativas relativas al cambio de la identidad de género con el fin de establecer un procedimiento administrativo sencillo, rápido, transparente y accesible, que se base en la auto identificación de la persona solicitante.
Ambos casos, que actualmente están ante la Corte Suprema de Justicia, siguen su curso en el sistema nacional de Justicia e incluso, el Estado paraguayo podría evitar una sanción internacional si resolviera estos casos a favor de las personas trans, sin mayores demoras injustificadas.
En octubre del año pasado un grupo de personas trans anunció colectivamente que solicitarían el cambio de sus respectivos nombres. Hasta ahora son nueve las personas que han hecho la solicitud de cambio y están siguiendo cada una, sus cursos correspondientes. Las personas afectadas, además de la discriminación soportan múltiples problemas en la vida cotidiana, por no poder acceder a su derecho.
Más informaciones con:
Jorge Flores, Encargado de Comunicación de Amnistía Internacional Paraguay al 0982 333496
Flavia Borja, Responsable de Comunicación de la Codehupy al 0974 252061
