La interposición de medidas de prisión preventiva para tres jóvenes universitarios es una respuesta desproporcional del sistema de justicia basada en imputaciones que no estarían suficientemente fundamentadas, dijo Amnistía Internacional hoy. Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, fueron imputados junto con dos personas más, por el Ministerio Público en relación con un incendio en las instalaciones de la Asociación Nacional Republicana (ANR) el 17 de marzo. Las tres personas estudiantes se presentaron voluntariamente a una autoridad judicial en relación con su imputación. Actualmente se encuentran privadas de su libertad en comisarías de Asunción, con un riesgo inminente de un posible traslado a centros penitenciarios en otras partes del país lejos de la capital. Un traslado implicaría un alejamiento de sus grupos de contención, incluyendo a sus familiares y a quienes ejercen su defensa legal.
Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado vinculante al cual Paraguay es estado parte, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general y su aplicación debe ser excepcional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito”, y debe ser limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Además, la Corte establece que solamente se debe usar esta medida para satisfacer un fin legítimo, cuando el acusado impedirá el desarrollo del procedimiento o eludirá la acción de la justicia.
Amnistía Internacional considera que el Estado paraguayo no ha cumplido con los criterios de derecho internacional ni de su propio marco constitucional en aplicar la prisión preventiva en este caso, y por ende exhorta a las autoridades a poner inmediatamente en libertad a Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad.
La pandemia de COVID-19 hace que las personas privadas de la libertad sean especialmente vulnerables y estén en riesgo. En este contexto Amnistía Internacional ha exhortado a los Estados que se abstengan de abusar de la prisión preventiva y que efectivamente sea una medida excepcional. Esto para evitar que los centros de detención se conviertan en epicentros del brote. La organización insta a las autoridades de Paraguay a actuar de manera urgente acorde estos criterios, durante uno de los momentos más agudos de la pandemia de COVID-19 en el país.
Finalmente, Amnistía Internacional reitera que este caso representa un uso inadecuado del sistema penal, lo que podría representar un intento del Estado para criminalizar el activismo social y desincentivar la protesta.
