Amnistía Internacional saluda la decisión del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de denunciar formalmente frente a la Fiscalía General del Estado a una agente fiscal de la Unidad Penal N. 3 de Hernandarias en Paraguay por el presunto uso indebido del sistema de justicia penal contra comunidades indígenas Ava Guaraní, en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el marco de una disputa por superposición de títulos de tierras con particulares.
De acuerdo con la denuncia del INDI, la agente fiscal inició una investigación penal en la que acusó a las comunidades de “invadir” su propio territorio, provocó el desalojo forzado de la comunidad a través del Plan de Acción Conjunta¹ y ordenó la detención de sus miembros. Dichas órdenes de captura aún están vigentes. Esto ocurrió a pesar de que las comunidades indígenas contaban con el título de propiedad de su territorio ancestral a nombre del INDI y de que la disputa debió ser resuelta por la vía civil.
En el informe Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, Amnistía Internacional identificó que, en la práctica, el Plan de Acción Conjunta deriva en la realización de desalojos forzosos que son llevados a cabo sin las debidas salvaguardas para respetar y proteger el derecho a una vivienda digna y el derecho de acceso de los Pueblos Indígenas a su territorio ancestral.
En ese sentido, la organización ha solicitado al Estado paraguayo que derogue el Plan de Acción Conjunta a fin de proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas. Las autoridades han conformado una mesa para la revisión del Plan, sin embargo hasta la fecha el mismo sigue vigente.
Amnistía Internacional concluyó además que en Paraguay existe un patrón de estigmatización, desalojos forzados y apertura de expedientes penales infundados contra líderes indígenas y personas defensoras derechos humanos que trabajan en asuntos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Amnistía Internacional instó por ello a las autoridades paraguayas a que empezaran los procesos necesarios ante alegaciones de uso indebido del sistema de justicia para hostigar e intimidar a personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, la organización considera la interposición de la denuncia del INDI como un avance para la protección efectiva de personas defensoras en Paraguay y solicita a la Fiscalía General del Estado investigar de manera pronta, efectiva e imparcial los hechos alegados en la misma.
¹El Plan de Acción Conjunta para Casos de Hechos Punibles por Invasión es un acuerdo entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de 28 de marzo de 2012, actualizado el 20 de marzo de 2017. El Plan señala las actuaciones de estas tres entidades dirigidas a hacer cesar la comisión de un presunto delito de invasión de inmueble ajeno. A pesar de que este documento no menciona la palabra “desalojos”, Amnistía Internacional ha podido constatar cómo este procedimiento conduce, de hecho, a desalojos forzosos disfrazados, e incluso así lo han reconocido algunas autoridades entrevistadas por la organización.
