El proceso judicial seguido contra Lucía Sandoval por la muerte de su ex cónyuge, debe adherirse al principio de imparcialidad y velar porque todos los elementos probatorios se analicen con su debido peso, ha dicho Amnistía Internacional. Lucía Sandoval había denunciado ser víctima de violencia doméstica por parte de su pareja. Según informes, durante más de tres años habría sufrido malos tratos verbales y físicos.
Según el testimonio de Lucía, el 7 de febrero de 2011, cuando informó a su entonces cónyuge que unos días antes había presentado una denuncia por violencia intrafamiliar y que había obtenido una medida de protección que obligaba al hombre a dejar el hogar, él reaccionó violentamente. Conforme relata Lucía Sandoval, su ex cónyuge la habría amenazado con un arma de fuego, diciendo que él era el varón y nadie podría contra él. Al intentar escapar para pedir ayuda, habría empezado un forcejeo entre ambos produciéndose un disparo con el arma del hombre que terminó con la vida de su ex pareja.
Lucía Sandoval fue detenida y ha estado en prisión desde entonces. Durante este tiempo no ha visto a sus dos hijos, ambos menores de edad. Conforme indica la defensa, a Lucía Sandoval se le habría denegado el régimen de relacionamiento, cuestión que actualmente está siendo apelada. Los abogados explicaron a Amnistía Internacional que los menores viven con los abuelos paternos.
Asimismo, en base a los antecedentes de la causa a los que Amnistía Internacional ha tenido acceso, existe una preocupación sobre la posible afectación al debido proceso y a una investigación efectiva en relación con la valoración de las pruebas aportadas para sustentar la acusación de la fiscalía.
A su vez, la acusación de la fiscalía tampoco toma en consideración los antecedentes de años de violencia alegados por Lucía Sandoval. Aunque ella había denunciado los hechos de violencia y se habían dictado medidas de protección con fecha 28 de enero de 2011, estas medidas no se estaban implementando, dejando a Lucia en una situación de extrema vulnerabilidad. De acuerdo a su testimonio, fue ella quien notificó a su ex cónyuge de las medidas, aumentando así el peligro y desencadenándose los dramáticos eventos del 7 de febrero de 2011. Además, estos hechos se dieron cuando la mujer víctima de violencia doméstica intentó salir de una relación violenta, que es cuando hay más riesgo para ella y su familia.
La violencia contra la mujer y la falta de medidas efectivas de protección y sanción de la misma es un flagelo que afecta fuertemente a Paraguay. Si bien existe una ley contra la violencia doméstica (Ley 1.600 del año 2000), las organizaciones de la sociedad civil indican que aún no existe un sistema coordinado y coherente de obtención de datos de violencia de género y que esta ley no aborda de manera integral la problemática de la violencia. Por ello, han hecho reiteradamente un llamado a las autoridades para el establecimiento de una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, esa ley aún no ve la luz.
Conforme a información entregada por el Estado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010, entre 2006 y 2010 se registraron casi 9.000 casos de violencia doméstica ante el organismo que otorga asistencia psicológica y jurídica, el Servicio de Atención de la Mujer. Por su parte, conforme a datos oficiales, entre 2010 y 2011 se presentaron casi 5.600 denuncias ante los Juzgados de Paz, encargados de llevar adelante los procesos por violencia doméstica.
En mayo de 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado acelerar la aprobación de una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de género y para “asegurar que las denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención o albergues especializados en todo el país.” Similar preocupación y recomendaciones había resaltado en 2011 a Paraguay por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Amnistía Internacional considera que para garantizar el derecho de Lucía Sandoval a un juicio justo, el Estado paraguayo debe atender el caso con una perspectiva de género, teniendo en cuenta la violencia a la que ella fue objeto durante varios años así como cumplir con sus obligaciones de implementar medidas efectivas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en el país.
Ver entrevista a Lucía Sandoval: Justicia y Libertad para Lucía Sandoval, campaña de CLADEM Paraguay
