Amnistía Internacional manifiesta su extrema preocupación por la posición de las autoridades paraguayas que siguen negándole a la niña de 10 años violada y embarazada presuntamente por su padrastro todas las opciones posibles, incluida la opción del aborto seguro, para garantizar su vida y salud física y mental, a corto, mediano y largo plazo.
Hace ya 10 días se conformó una junta médica interdisciplinaria para evaluar la situación de la niña y emitir un informe con recomendaciones, que al parecer ya habría sido remitido a la Jueza de la Niñez, para que ésta dicte medidas de protección a favor de la niña. El contenido del informe de la junta médica no es público al involucrar a una menor.
Hasta la fecha, a pesar de la urgencia de la situación, aparentemente ni la jueza ni las autoridades paraguayas han adoptado medidas para asegurar todas las opciones posibles para salvaguardar los derechos humanos de la niña.
Amnistía Internacional considera que no es aceptable que habiendo pasado ya tres semanas desde que se detectó el embarazo de 21 semanas de la niña, y a más de una semana de la conformación de la junta médica, las autoridades sigan sin responder adecuadamente y de manera urgente a la gravedad de la situación.
En las últimas tres semanas, tras un llamado de Amnistía Internacional, más de 500 mil personas de varias partes del mundo han enviado llamados urgentes a las autoridades paraguayas expresando preocupación por este caso. También el Secretario General de la organización recordó al Presidente del Paraguay en una carta abierta que el acto intencional de las autoridades de forzarla a parir al negarle la opción de un aborto la convertirá en víctima de tortura, una violación grave de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional.
Cientos de miles de personas a través de otras organizaciones han manifestado también su preocupación por este caso, sumando ya más de un millón de firmas a las autoridades.
Pese a todos estos llamados de alerta y a favor de la protección de los derechos humanos de la niña, pareciera que las autoridades siguen desconociendo la urgencia y gravedad de este caso.
Amnistía Internacional considera que, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, el interés superior de la niña debe ser resguardado en el marco de la toma de decisiones, y para eso la niña debe ser escuchada teniendo en cuenta la evolución de sus facultades. A su vez, considerar el interés superior de la niña exige a las autoridades evaluar la seguridad e integridad presente así como la posibilidad de riesgos y daños futuros en la niña.
La madre de la niña está en prisión imputada por falta al deber de cuidado y abuso sexual en calidad de cómplice de los abusos. El 9 de mayo se le denegó la libertad.
Amnistía Internacional expresa su preocupación puesto que la ausencia de la madre estaría afectando la integridad psicológica de la niña.
Es incomprensible que las autoridades sigan ignorando sus obligaciones internacionales y sin querer ver la urgencia de la situación permitiendo que una niña de solo 10 años tenga que enfrentarse a más sufrimiento después de haber sido abusada sexualmente. Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades a que actúen de inmediato para resguardar todos los derechos de la niña ya que su futuro está en sus manos.
