Este informe fue preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) del Paraguay en mayo de 2021. En ella, Amnistía Internacional evalúa la implementación de las recomendaciones hechas al Paraguay en su anterior EPU.
Desde su último ciclo de revisión, el Paraguay registró avances normativos y acciones que implementan algunas de las recomendaciones aceptadas. Sin embargo, no con todas tuvo el empeño suficiente para concretarlas, puesto que los grupos en particular situación de vulnerabilidad señalados en el ciclo anterior, siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos. Amnistía Internacional llama la atención sobre las violaciones a derechos de Pueblos Indígenas; la insuficiente protección a niñas, niños y adolescentes, sobre todo en lo relacionado a abusos sexuales y educación integral de la sexualidad; discriminación, en particular respecto a políticas de género y de diversidad sexual; protección de personas defensoras de DDHH.
Seguimiento de recomendaciones del examen anterior
Paraguay aceptó 188 de las recomendaciones recibidas en el EPU anterior; dos de las cuales señaló como de formulación imprecisa; cuatro, relacionadas al acceso al aborto, no las aceptó; y 1 recomendación remitió al Congreso Nacional.
El Estado paraguayo no concretó las recomendaciones sobre titulaciones de tierras a comunidades indígenas con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tampoco avanzó en resolver reclamaciones de tierras o adopción de un mecanismo distinto al vigente, eficaz para la restitución territorial y protección de recursos naturales o la elaboración de un catastro completo e infalsificable.
Paraguay no estableció un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, tampoco difundió la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos ni se reconoció su papel legítimo, desconociendo las recomendaciones. Un proyecto de ley sobre la libertad de expresión y protección a periodistas y defensores de derechos humanos fue presentado en 2017, pero no presenta movimiento legislativo desde ese momento. De igual manera, la participación de personas defensoras de derechos humanos en la elaboración de esta iniciativa de ley ha sido limitada.
La enmienda de Kampala al Estatuto de la Corte Penal Internacional fue retomada en la ley 6269, promulgada en 2019, en cumplimiento del seguimiento de las recomendaciones en esta materia.
A pesar de haber aceptado recomendaciones relevantes, el Estado paraguayo no implementó medidas suficientes y efectivas para prevenir, detectar y atender casos de explotación y abuso sexual contra niños/as.
No hay indicios de seguimiento sobre las recomendaciones para establecer una comisión independiente para investigar la Masacre de Curuguaty de 2012.
