La ley que permite a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales -firmada hoy por el presidente de Paraguay- supone un triunfo para una comunidad indígena que lleva más de 20 años luchando por sus derechos, así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Hace unas horas, el presidente Horacio Cartes firmó la entrada en vigor de una ley aprobada en mayo por el Congreso Nacional que permite al Estado expropiar, mediante indemnización al actual propietario más de 14.000 hectáreas de tierra y devolvérselas a la comunidad Sawhoyamaxa.
“Es un momento que muchas familias Sawhoyamaxa jamás soñaron con ver hacerse realidad. Tras veinte años de desposesión, sobreviviendo precariamente con apenas acceso a servicios básicos, Paraguay finalmente está tomando medidas concretas para restituir los derechos a la tierra a la comunidad Sawhoyamaxa” ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
Unas 160 familias Sawhoyamaxa llevan decenios luchando para que les devuelvan sus tierras ancestrales en la región del Chaco. Estas familias han estado viviendo en estructuras de madera al lado una carretera principal, en un lugar donde el acceso a la salud, los alimentos y la educación es casi imposible.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en favor de los Sawhoyamaxa, pero han tenido que transcurrir otros ocho años para que Paraguay finalmente tomara medidas firmes para cumplirla.
«La firma de hoy es una victoria para los Sawhoyamaxa que finalmente pueden regresar a su hogar. Ahora, Paraguay debe aprovechar este impulso para abordar los derechos de otras comunidades indígenas a las que se les niega el acceso a sus tierras en el país.”
Según cifras oficiales, en Paraguay hay unos 108.600 indígenas –el 1,7 por ciento de la población– pero es probable que esta cifra sea considerablemente más baja que la real.
Otra comunidad indígena, la de los Yakye Axa, está también a la espera de tener acceso a sus tierras, a pesar de que en 2012 se alcanzó un acuerdo entre el Estado y el propietario de las tierras.
“Paraguay ha mostrado su voluntad de abordar los derechos de los Sawhoyamaxa. Ya es hora de ampliar este compromiso a todos los indígenas del país que sufren discriminación y marginación, y cuyos derechos vienen violándose desde hace muchos años”, ha manifestado Guadalupe Marengo.