Amnistía Internacional expresa su preocupación por la Causa 329/2018 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la República del Paraguay. La acusación por mal desempeño de funciones que originó la causa fue presentada por la Fiscal General Sandra Quiñónez Astigarraga[1] contra los Jueces Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón Fernández, quienes conformaron la Corte Suprema de Justicia[2] en la decisión final de absolución de los campesinos que habían sido condenados inicialmente en el caso conocido como la “Masacre de Curuguaty”.
El 9 de octubre de 2018 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó la decisión de admitir parcialmente la acusación formulada contra los Magistrados Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto y no admitir la misma contra el Magistrado Cristóbal Sánchez. El elemento que diferenciaría a unos de otro, es que éste último se había inclinado a disponer la realización de un nuevo juicio, mientras que los otros dos votaron por la absolución y libertad de los campesinos. Ello, al considerar que los vicios de la investigación adelantada por el Ministerio Público eran tales que no podían subsanarse, y pertenecían a etapas procesales en las cuales la ley no permite retrotraer el proceso.
Amnistia Internacional había denunciado en diferentes oportunidades que el proceso llevado en contra de las 11 personas campesinas estaba plagado de irregularidades y violaciones del debido proceso. La Corte Suprema de Paraguay conformada para el Caso Curuguaty por los magistrados ahora denunciados, decidió la libertad de los campesinos condenados por falta de garantías al debido proceso. Esta decisión fue calificada por Amnistia Internacional como una victoria para los derechos humanos.
Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido, con preocupación, información de organizaciones de la sociedad civil paraguaya que sostiene que existirían casos similares en los que el Ministerio Público ha formulado acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Magistrados que tomaron decisiones contrarias a lo que aquella institución esperaba. Estos hechos, llegado el caso, podrían constituir un atentado contra la independencia judicial, además de generar la percepción de hostigamiento a los jueces; especialmente en casos de interés público como lo fue el de la “Masacre de Curuguaty”.
En ese contexto, la organización insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a que analice la denuncia formulada, de manera independiente e imparcial, y que rechace la misma si ella se funda solamente en mera disidencia con el criterio adoptado por los jueces que conformaron la Corte Suprema.
Información adicional:
El 15 de junio de 2012, un operativo realizado por más de 300 policías para desalojar alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras en Curuguaty, departamento de Canindeyú, resultó en la muerte de 11 campesinos y seis policías.
Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron casos de tortura y el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, por policías durante los hechos ocurridos en Curuguaty. Sin embargo, las autoridades paraguayas investigaron únicamente la muerte de los seis policías, y determinaron la presunta responsabilidad de 11 personas campesinas. Las muertes de 11 campesinos continúan impunes hasta la fecha.
El 26 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a las 11 personas acusadas, al establecer que no se había demostrado que hubieran cometido los crímenes de los que se les acusaba. Los jueces anularon la sentencia condenatoria contra las 11 personas, ordenaron la liberación inmediata de los detenidos y descartaron un nuevo juicio.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: +52 (1) 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Leer más:
Paraguay: Absolución de campesinos acusados por el caso Curuguaty es una victoria para los derechos humanos (noticia, 27 de julio de 2018)
AI y OXFAM demandan justicia para familias campesinas del caso Curuguaty (investigación, 12 de julio de 2016)
https://www.amnesty.org/es/documents/amr45/4446/2016/es/
Paraguay: verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas del caso Curuguaty (investigación, 6 de junio de 2016)
https://www.amnesty.org/es/documents/amr45/4202/2016/es/
Paraguay: Continúa la impunidad a tres años de las muertes en Curuguaty (noticia, 15 de junio de 2015)
[1] El artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la Fiscal General del Estado es la titular del Ministerio Público.
[2] El Código de Ordenamiento Judicial (Ley 879) establece en su artículo 200 inc. a que en casos de inhibición o recusación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, éstos serán sustituidos por los miembros de los Tribunales de Apelación.
Foto: www.ultimahora.com.py
