Con motivo del 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional se dirige a las autoridades nacionales a fin de hacerles llegar recomendaciones en materia de derechos humanos que considera prioritarias para el país e instarles a incorporar decididamente un enfoque de derechos humanos en sus programas y acciones, a asumir un firme compromiso con su respeto y garantía, y a cumplir con las obligaciones asumidas por el estado paraguayo bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
El fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos debe estar en el centro de los debates, propuestas y compromisos para hacer realidad la promesa de un estado de derecho que garantice la dignidad humana, la igualdad y la justicia
El año 2019 presenta el desafío de asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación alguna. En particular, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades nacionales a que, de conformidad con las obligaciones internacionales de Paraguay en materia de derechos humanos, prioricen las medidas que se describen a continuación:
- Garantizar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, incluyendo aquellos en aislamiento voluntario, y en particular asegurar la protección de sus territorios. Amnistía Internacional exhorta al estado paraguayo a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la comunidad Yakye Axa a sus tierras, de conformidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, incluyendo la construcción del camino de acceso adecuado. Asimismo, exhorta a la restitución territorial, la asistencia humanitaria, y la protección de los derechos humanos de la Comunidad Indígena Tekoha Sauce, del Pueblo Avá Guaraní, de San Alberto, Alto Paraná. Instamos también a la protección de las personas de la Comunidad Indígena Itakyry, que actualmente se encuentran perseguidos por ejercer la legítima defensa de sus derechos a la tierra y territorio.
- Garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Amnistía Internacional llama a que el Estado prohíba la práctica de desalojos forzosos, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Particularmente, solicitamos la derogación del “Plan de acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno”, suscrito en 2012 por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, el cual no debe ser utilizado para efectuar desalojos forzosos. En este sentido, solicitamos una especial atención al caso de la Comunidad Campesina Guahory, donde 200 familias se encuentran en riesgo constante de desalojo.
- Proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación y reconocer públicamente su labor. Amnistía Internacional exhorta a que se diseñen e implementen políticas públicas, con una perspectiva integral étnica y de género, que reconozcan el trabajo legítimo llevado a cabo por las personas defensoras de derechos humanos para que puedan desarrollar su trabajo en un ambiente propicio y seguro. Así también el estado debe comprometerse al respeto irrestricto del derecho de periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación a ejercer su labor y a expresar sus ideas, sin intimidación ni represalias.
- Garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. Amnistía Internacional hace un llamado urgente a implementar políticas efectivas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes, que incluyan:
- Servicios médicos gratuitos para niñas y adolescentes en materia sexual y reproductiva, incluyendo medidas anticonceptivas de emergencia, y permitiendo que las niñas y adolescentes embarazadas a consecuencia de una violación que no deseen seguir adelante con su embarazo tengan acceso a servicios de aborto seguros y legales;
- Educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes;
- Servicios de atención psicosocial para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual;
- Acceso a la justicia para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
- Combatir la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual. Amnistía Internacional llama a promulgar una ley para prevenir, erradicar y castigar toda forma de discriminación, incluyendo expresamente aquellos realizados por motivos de orientación sexual e identidad de género. Adicionalmente, la organización exhorta a garantizar la inclusión de materiales sobre no discriminación en los programas educativos. Sobre este punto, resulta fundamental dejar sin efecto de forma explícita la Resolución 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencias, “por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación”.
- Proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las recomendaciones dadas por el Comité contra la Tortura de la ONU y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Amnistía Internacional exhorta a ajustar el marco normativo y monitorizar su aplicación efectiva respecto a la prisión preventiva como una medida realmente excepcional, así como a atender la sobrepoblación de los centros de detención y las condiciones inhumanas que han sido denunciadas en los mismos.
- Garantizar la independencia del sistema de justicia, estableciendo procesos públicos y transparentes de selección de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, garantizando la imparcialidad del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y sancionando todo intento de injerencia sobre los mismos por parte de otros actores.
La organización manifiesta su apertura a dialogar y profundizar sobre estas y otras medidas, convencida de que la concreción de estas recomendaciones será un paso fundamental en el camino hacia la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación.
