El gobierno de Pakistán debe poner fin inmediatamente a la oleada de ejecuciones que se está produciendo en el país tras el ataque contra la escuela de Peshawar, que ya ha matado a 19 personas en el último mes, ha declarado Amnistía Internacional.
Desde que se levantó la moratoria de las ejecuciones el 17 de diciembre, Pakistán amenaza con enviar al patíbulo a unos 500 presos condenados a muerte por cargos de terrorismo. Hay otra ejecución —la de Ikramul Haq, miembro del grupo armado Lashkar e Jhangvi condenado por asesinar a un musulmán chií en 2004— prevista para mañana en Lahore.
“La oleada de asesinatos que se está desplegando en Pakistán debe acabar de inmediato. Por atroz que fuera el ataque de Peshawar, demostrar mano dura con la delincuencia matando a más personas no es nunca la respuesta para combatir la violencia”, afirmó David Griffiths, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El gobierno debe restablecer inmediatamente la moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición definitiva de la pena de muerte.”
Amnistía Internacional, que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, considera que su uso en Pakistán es aún más preocupante, pues muchas de las condenas a esta pena se impusieron en juicios manifiestamente injustos.
“El sistema legal paquistaní está plagado de graves problemas que afectan a todos los niveles de la imparcialidad procesal, en particular en los casos de terrorismo, que suelen tramitarse apresuradamente. El uso frecuente de la tortura para obtener ‘confesiones’, la falta de acceso a representación legal y los largos periodos de detención sin cargos son sólo algunos de nuestros motivos de preocupación. Existe el riesgo real de que se condene o se haya condenado a muerte a personas cuyas declaraciones de culpabilidad son dudosas”, añadió David Griffiths.
Algunos de los presos ejecutados hasta ahora y de quienes corren riesgo de serlo han sido condenados por Tribunales Antiterroristas que suspenden derechos fundamentales de los procesados al celebrar juicios en ausencia o usando como prueba declaraciones obtenidas bajo tortura. Además, se presiona a los jueces para que concluyan las vistas en siete días laborables.
En las últimas semanas Pakistán ha reformado su Constitución para acelerar el enjuiciamiento de los casos de terrorismo y trasladarlos de los tribunales civiles a los militares.
La competencia de los tribunales militares sobre los casos de terrorismo suscita gran preocupación por las garantías de imparcialidad procesal, pues las prisas para obtener condenas rápidas por terrorismo podrían favorecer la violación de derechos.
“Las últimas medidas para acelerar los juicios de casos de terrorismo ante tribunales militares están llevando a Pakistán por un camino peligroso. Los tribunales militares nunca deben usarse para juzgar a civiles en ninguna circunstancia. No hay excusa para sacrificar el derecho a un juicio justo en aras de la seguridad nacional”, concluyó David Griffiths.
Información complementaria
La jurisdicción militar debe estar limitada únicamente a juzgar a personal militar acusado de infracciones puramente militares o disciplinarias. Los tribunales militares suelen incumplir requisitos sobre la independencia o la imparcialidad de los jueces y caracterizarse por imponer periodos prolongados de prisión preventiva, la falta de acceso a abogados y la inexistencia del derecho a apelar contra la sentencia.
Además, la tortura abunda en los centros de detención de la policía y el ejército de Pakistán, y las declaraciones obtenidas mediante tortura siguen usándose como prueba en los tribunales.
Muchas de las personas condenadas a muerte por actos de terrorismo fueron declaradas culpables en realidad de delitos que poco tienen que ver con la idea convencional de terrorismo. Según un estudio de Justice Project Pakistan (JPP), de los 6.872 presos condenados a muerte en Pakistán en 2012 (actualmente más de 8.000), 818 fueron juzgados por cargos relacionados con el terrorismo. La definición de terrorismo contenida en la Ley Antiterrorista de Pakistán de 1997 es tan general que puede abarcar casi todos los delitos. Las conclusiones de JPP revelan que 256 de estos 818 casos conocidos de enjuiciamientos por “terrorismo” no tenían relación con delitos relacionados con el terrorismo y fueron declarados culpables en aplicación del Código Penal paquistaní y no de la legislación antiterrorista. Algunos de los actos de los que estaban acusados no podían considerarse los “más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Pakistán es Estado Parte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la naturaleza del delito, las características del infractor y el método empleado por el Estado para realizar la ejecución. La organización considera que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.
