Anna Shea, investigadora sobre personas refugiadas de Amnistía Internacional
“Nos arrojaron al mar. Tuvimos que nadar durante horas: si intentábamos agarrarnos al barco, nos golpeaban. Cuando estábamos a punto de ahogarnos, nos subían al barco y nos golpeaban.”
Estas son las palabras de “Abdul”, un chico de 15 años de Myanmar que fue una de las miles de personas solicitantes de asilo y migrantes que huyeron por mar hace unos meses para escapar de la persecución violenta o la extrema pobreza.
En su país, Abdul se había mantenido a sí mismo cuidando ganado y lavando platos tras la muerte de su madre, que le dejó huérfano cuando tenía 8 años. Finalmente, se fue de Myanmar en barco a principios de 2015 con el objetivo de empezar una nueva vida en Malasia: “Pensé que podría ganar algo de dinero y tendría la oportunidad de estudiar”.
Pero en lugar de encontrar la vida mejor que esperaba, Abdul, al igual que muchas otras personas, quedó atrapado en condiciones infernales en el mar de Andamán. Cuando los traficantes de personas que lo habían tentado a subirse al barco descubrieron que no tenía familia que pagara un rescate, estuvieron a punto de matarlo. Cree que lo arrojaron al mar al menos 15 veces mientras seguían intentando sacarle dinero.
Cuando lo conocí hace unos meses en un albergue para solicitantes de asilo en Indonesia, Abdul escondía su doloroso pasado tras una sonrisa brillante. Es horrible pensar que una persona tan joven ya haya sufrido tanto.
Pero la verdad espantosa es que Abdul fue una de las personas “afortunadas”, porque sobrevivió a la crisis sin precedentes de personas refugiadas y tráfico de seres humanos que azotó al sudeste asiático en mayo de 2015. Otros ccientos o miles no lo lograron.
Abdul iba en un barco que encalló en Aceh, Indonesia, en mayo de 2015. Era una más de las decenas de embarcaciones abandonadas a su suerte en el mar después de que Tailandia anunciara medidas enérgicas contra el tráfico de personas: la tripulación de los barcos respondió rápidamente abandonando en mar abierto a las personas que transportaban. En un primer momento, Indonesia, Malasia y Tailandia expulsaron de sus costas los barcos abarrotados e impidieron el desembarco de miles de personas desesperadas que viajaban en ellos. Los gobiernos de la región también tardaron mucho tiempo en poner en marcha las operaciones de búsqueda y salvamento. Tras recibir críticas internacionales, Indonesia y Malasia permitieron que la gente desembarcara, a condición de que en mayo de 2016 las personas migrantes regresaran a sus casas y las refugiadas se fueran a otro país.
Ahora, Amnistía Internacional publica un nuevo informe, Deadly Journeys, en el que se documenta la horrible situación en Myanmar de la que huye la gente, el terrible trato que recibe por parte de la tripulación de los barcos y las condiciones actuales en las que se encuentra en Indonesia.
Al igual que Abdul, gran parte del pasaje pertenecía a la comunidad rohingya musulmana, una minoría étnica y religiosa en un Myanmar fundamentalmente budista, que ha estado sometida a persecución y violencia durante decenios. Las autoridades niegan su existencia y la denominan población bengalí, dando a entender que son migrantes del vecino Bangladesh.
Pero para muchas personas, escapar de Myanmar supuso cambiar una pesadilla por otra, puesto que sufrieron terribles abusos a manos de la tripulación de los barcos, en viajes que duraban entre varias semanas y varios meses.
Conocí a rohingyas que afirmaban haber visto cómo miembros de la tripulación mataban a personas y las arrojaban por la borda. Golpeaban a la gente por moverse, por suplicar que les dieran comida o agua, y que les dejaran utilizar el aseo. Incluso golpeaban a los niños y niñas por llorar. Las condiciones en los barcos eran inhumanas y degradantes: hacinamiento extremo, escasas instalaciones sanitarias y una total insuficiencia de alimentos y agua. Un indonesio que ayudó a rescatar a los pasajeros afirmó que el hedor procedente del barco era tan impresionante que quienes estaban realizando el salvamento no podían subir a bordo.
Muchas personas eran cruelmente golpeadas hasta que sus familias pagaban un rescate, tras lo cual las trasladaban a otro barco o a la orilla. Una niña rohingya de 15 años me dijo que la tripulación llamó a su padre, l hizo escuchar sus gritos mientras la golpeaban y pidieron 7.500 ringgits malasios (alrededor de 1.700 dólares estadounidenses) por trasladarla a otra embarcación.
Este tipo de terribles abusos transforman lo que podía haber empezado como un viaje de introducción ilícita de personas en un país, en el que gente desesperada en busca de seguridad sube voluntariamente a los barcos a cambio de dinero, en un episodio de trata de seres humanos, en el que se explota a las personas de forma despiadada. Desde hace varios años se tiene conocimiento de la trata de personas que se realiza desde Myanmar y Bangladesh. Las víctimas son secuestradas o tentadas a subirse a los barcos, para posteriormente ser vendidas con fines de explotación en condiciones de trabajos forzados en mar o tierra. Algunas veces, esto se produce en el contexto de la industria pesquera de Tailandia. Nuestra investigación indica que muchas, si no la mayoría, de las personas de etnia rohingya que llegaron a Aceh en mayo de 2015 eran víctimas de trata de seres humanos.
Otro desastre es ahora inminente, a menos que intervenga el gobierno. Con la llegada de los monzones al sudeste asiático, no cabe duda de que los tratantes y traficantes de personas reanudarán sus actividades comerciales. Sin la cooperación entre los gobiernos para combatir la trata de seres humanos, se volverán a cometer abusos graves contra los derechos humanos de algunas de las personas más vulnerables y desesperadas de la región.
Una lección clave del desastre del pasado mes de mayo es que los esfuerzos por que se cumpla la ley resultan insuficientes por sí solos. También se necesitan con urgencia operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, aunadas con procedimientos de desembarco seguros y predecibles.
Sorprendentemente, a pesar de las penurias de su vida en Myanmar y de los atroces abusos que sufrió en el mar, Abdul parecía tener esperanza en el futuro. Me dijo que quería hablar inglés y formarse como profesor para poder ayudar a su gente.
El futuro de personas como Abdul está ahora en el aire. Los gobiernos de la región deben actuar para proteger las vidas y los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y migrantes, sin esperar a que se despliegue otra tragedia.
