En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado la tortura y otros malos tratos en 141 países.
•Una nueva encuesta mundial realizada a más de 21.000 personas de 21 países de todos los continentes revela que el miedo a la tortura existe en todos estos países.
•Casi la mitad de los encuestados temen ser torturados si son detenidos.
•Más del 80% quieren unas leyes enérgicas que los protejan de la tortura.
•Más de un tercio cree que la tortura puede justificarse.
Amnistía Internacional ha acusado a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos de acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura.
«En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica», afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la presentación de Stop Tortura, la última campaña global de la organización para combatir la tortura y otros malos tratos en el mundo moderno.
«La tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificar la tortura bajo pretexto de la seguridad nacional erosiona los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años.»
Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. La organización observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014, más de la mitad de los Estados Parte de la Convención investigados por Amnistía Internacional. Otros 32 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja. El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor.
En algunos de estos países la tortura es habitual y sistemática. En otros, Amnistía Internacional sólo ha documentado casos aislados y excepcionales. La organización considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable.
La campaña Stop Tortura se inicia con una nueva publicación para los medios de comunicación: Torture in 2014: 30 Years of BrokenPromises («30 años de promesas incumplidas») que ofrece una perspectiva general del uso de la tortura en el mundo actual.
El informe detalla diversas técnicas de tortura —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales— que se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes, rivales políticos y otros.
Como parte de la campaña, Amnistía Internacional encargó a GlobeScan una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según la encuesta, casi la mitad (el 44%) de los encuestados —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturados si son detenidos en su país.
La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.
«Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra la tortura, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas circunstancias. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenir la tortura», afirmó Caroline Holme, directora de GlobeScan.
Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.
La lucha global de Amnistía Internacional contra la tortura continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada esta práctica y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.
•En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes. Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.
•La justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura de Filipinas. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos «por diversión». Según los informes, los policías hacían girar una «rueda de la tortura» para decidir cómo torturaban a los detenidos. Las informaciones de los medios de comunicación desembocaron en una investigación interna y algunos agentes fueron cesados, pero Amnistía Internacional pide una investigación exhaustiva e imparcial que haga que los policías implicados sean juzgados por los tribunales. La mayoría de los actos de tortura cometidos por la policía siguen sin denunciarse y los supervivientes de la tortura continúan sufriendo en silencio.
•En Marruecos y Sáhara Occidental, las autoridades rara vez investigan las denuncias de tortura. Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass a Marruecos a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde Aarrass dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Ali Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa «confesión». Sus denuncias de tortura nunca se han investigado.
•En Nigeria, la policía y el ejército usan la tortura de forma habitual. Cuando Moses Akatugba fue detenido por los soldados tenía 16 años. Según su testimonio, lo golpearon y le dispararon en la mano. Luego fue entregado a la policía, que lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Moses dice que lo torturaron para que firmara una «confesión» en la que reconocía haber participado en un robo. La denuncia de que había confesado como consecuencia de la tortura nunca se investigó exhaustivamente. En noviembre de 2013, después de ocho años esperando sentencia, Moses fue condenado a muerte.
•En Uzbekistán, la tortura está generalizada, pero pocos torturadores responden alguna vez de sus actos ante la justicia. El país está cerrado para Amnistía Internacional. Dilorom Abdukadirova estuvo cinco años en el exilio después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en una protesta a la que asistió. A su regreso a Uzbekistán, la detuvieron, le prohibieron ver a su familia y la acusaron de intentar derrocar al gobierno. Durante su juicio, tenía un aspecto demacrado y hematomas en la cara. Su familia está convencida de que la habían torturado.
«Hace treinta años, Amnistía Internacional encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. Se han hecho muchos avances desde entonces, pero resulta descorazonador que hoy sigamos necesitando una campaña mundial para garantizar que esas promesas se cumplen”, concluyó SalilShetty.
Información general:
La República del Paraguay, a través de la ley N° 69/89, aprobó y ratificó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, el 25 de septiembre, el Estado paraguayo aprueba por Ley 2754 el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
El Protocolo Facultativo es un instrumento en materia de derechos humanos que busca prevenir la tortura y otros malos tratos estableciendo un sistema en el cual se lleven a cabo visitas regulares a todos los lugares de detención dentro de la jurisdicción y control de los Estados Partes.
Por ello, y en cumplimiento de dicho instrumento internacional, en el año 2011, a través de la ley N° 4288/2011, el Estado paraguayo crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Institución del Estado paraguayo creada para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de libertad y en situación de encierro. Integra el sistema internacional de control para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
