Comunicados de prensa
24 febrero 2014
Un año después de que las excavadoras arrasaran los hogares de 9.000 personas en una comunidad que iba a beneficiarse de un proyecto financiado por el Banco Mundial en Lagos, el gobierno estatal y el Banco Mundial incumplen miserablemente su promesa de indemnizarlas y reasentarlas de forma adecuada, ha dicho Amnistía Internacional.
“Cientos de hombres, mujeres y niños de la comunidad Badia East han estado un año sin hogar, durante el cual muchas familias han permanecido separadas, los niños no han podido ir al colegio y los padres han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder trabajar”, ha dicho Oluwatosin Popoola, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
“El sufrimiento de esta comunidad se debe a que las autoridades del estado de Lagos han actuado imprudentemente y el Banco Mundial no se ha asegurado de que no se desalojaba a la fuerza de sus hogares a las personas que debían beneficiarse de sus proyectos.”
Los residentes de Badia East no fueron debidamente consultados ni se les avisó adecuadamente antes de que las excavadoras y la policía armada entraran en la comunidad el 23 de febrero de 2013. La mayoría de ellos no tuvieron tiempo de salvar ninguna pertenencia de sus hogares antes de las demoliciones.
Las autoridades del estado de Lagos ni siquiera han reconocido que las 9.000 personas de la comunidad vivían en el lugar, y afirman que la zona era un vertedero.
Sin embargo, las imágenes de satélite encargadas por Amnistía Internacional muestran a las claras una zona densamente poblada antes del desalojo, que redujo a escombros todas las estructuras.
Tras el desalojo forzoso y la presión de la comunidad y de las organizaciones de derechos humanos, el gobierno del estado de Lagos, en colaboración con el Banco Mundial, acordó desarrollar y aplicar un Plan de Acción para el Reasentamiento de los residentes de Badia East con arreglo al Marco de Políticas de Reasentamiento del Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Mundial no ha dado a conocer el proyecto del Plan de Acción a los residentes de Badia East, que no han podido expresar su opinión sobre su contenido.
El Plan de Acción para el Reasentamiento, que debería incluir una indemnización adecuada y apoyo para la subsistencia, aún no está finalizado.
“Las familias llevan un año sufriendo las consecuencias del desalojo forzoso y, para empeorar las cosas, el estado de Lagos ha reducido recientemente el paquete de indemnizaciones, que ya era inadecuado”, ha dicho Oluwatosin Popoola.
“Es hora de que el Banco Mundial tome medidas concretas para demostrar que asume la responsabilidad de no haber garantizado que unos proyectos financiados por él se ajustaran a las normas de derechos humanos y a sus propias políticas de salvaguardia de estos derechos”.
Dada la terrible situación en que se encuentra la comunidad que ha sido objeto de este desalojo forzoso, y las violaciones de derechos humanos que ha sufrido, el Banco Mundial debe garantizar que las personas afectadas reciben inmediatamente la indemnización económica propuesta en concepto de ayuda económica de urgencia. También debe garantizar que el Plan de Acción para el Reasentamiento se dé a conocer públicamente, se someta a consulta con las personas afectadas y se ajuste a las normas del Banco Mundial y a las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha documentado desalojos forzosos constantes por parte del gobierno del estado de Lagos.
“El gobierno de Nigeria debe suspender los desalojos masivos hasta que haya aprobado leyes para proteger a sus habitantes de los desalojos forzosos, que el derecho internacional considera ilegales”, ha dicho Oluwatosin Popoola.
