Okunishi Masaru murió en el hospital penitenciario de Hachioji este domingo, a la edad de 89 años © Particular
La muerte en prisión de un japonés que estuvo recluido más de 46 años en espera de su ejecución, tras una declaración de culpabilidad basada en una confesión forzada, pone de relieve la necesidad urgente de revisar todos los casos similares, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Okunishi Masaru murió en el hospital penitenciario de Hachioji el domingo, a la edad de 89 años. Siempre mantuvo su inocencia y estaba resuelto a conseguir un nuevo juicio. Sus ocho peticiones anteriores de ser sometido a un nuevo juicio fueron rechazadas. En 2012, cuando su salud se deterioró, fue trasladado desde el centro de reclusión de Nagoya al hospital penitenciario.
“Aunque Okunishi Masaru no murió en la horca, el sistema de justicia de Japón le falló totalmente. Es un escándalo que se le negara el nuevo juicio que sin duda merecía su caso y que lo dejaran consumiéndose en el corredor de la muerte más de 46 años», declaró Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
“Para Okunishi Masaru ya es demasiado tarde, pero quedan otras personas que han sido condenadas a muerte basándose principalmente en confesiones forzadas.» Las autoridades japonesas deben revisar con carácter de urgencia sus casos para garantizar que no se les acaba el tiempo para que se les haga justicia.»
Okunishi Masaru estaba en el corredor de la muerte desde 1969, tras ser declarado culpable del asesinato de cinco mujeres. «Confesó» el crimen tras cinco días y largas sesiones de interrogatorios por la policía en las que no estuvo presente ningún abogado.
Durante su primer juicio se retractó de su «confesión» y fue absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, un tribunal superior revocó el fallo y lo sentenció a muerte.
Durante más de cuatro décadas, Masaru vivió con el temor constante de que cada día fuera el último. En Japón, los presos condenados a muerte sólo son informados de su ejecución unas horas antes de que se lleve a cabo en secreto. Como la mayoría de estos presos, Masaru pasó casi todo su tiempo en prisión en régimen de aislamiento.
Iwao Hakamada
Uno de los casos más apremiantes que exigen un nuevo juicio es el de Hakamada Iwao, de 79 años, que también lleva más de cuatro décadas condenado a muerte. En marzo de 2014, un tribunal ordenó su excarcelación inmediata y un nuevo juicio. Sin embargo, los fiscales recurrieron inmediatamente contra la resolución judicial de concederle un nuevo juicio y está pendiente la decisión.
“Los fiscales deben permitir que siga adelante el nuevo juicio de Hakamada antes de que sea demasiado tarde. Retrasando más su búsqueda de justicia, los fiscales sólo están agravando las décadas de tortura psicológica que llevan soportando Hakamada y su familia», prosiguió Hiroka Shoji.
Hakamada fue declarado culpable del asesinato de su jefe, la esposa de su jefe y sus dos hijos en un juicio injusto. Hakamada «confesó» después de 20 días de interrogatorios por la policía. Durante el juicio se retractó de la «confesión» y declaró ante el tribunal que la policía lo había golpeado y amenazado.
Según sus abogados, los resultados de unas pruebas forenses recientes demuestran que no hay coincidencia entre el ADN de Hakamada y las muestras tomadas de la ropa que, según la acusación, llevaba el asesino. Uno de los tres jueces que declararon culpable a Hakamada en 1986 ha declarado públicamente que cree que es inocente.
Hakamada contrajo una discapacidad mental como consecuencia de las décadas que lleva sometido al régimen de aislamiento.
Torturados para hacerlos “confesar”
El sistema de justicia japonés sigue basándose en gran medida en «confesiones» obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. No existen límites claros para la duración de los interrogatorios, que no se graban en su integridad y a los que no se permite asistir a los abogados.
Desde que el primer ministro Shinzo Abe tomó posesión de su cargo en diciembre de 2012 han sido ejecutadas doce personas. El número actual de reclusos condenados a muerte, 128, es uno de los más altos de Japón en más de medio siglo. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno japonés que introduzca una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte, así como reformas del sistema de justicia de Japón compatibles con las normas internacionales.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
