Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el caso de la defensora de los derechos humanos en Honduras, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla; quien podría ser encarcelada por ejercer su legítimo trabajo.
El director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural de Honduras –FUNDEVI- demandó penalmente a Gladys Lanza luego de que ella y su organización se movilizaran para apoyar a una mujer afectada por acoso sexual, quien ya había acudido a varias instituciones estatales buscando apoyo. Al no recibir una respuesta adecuada de las autoridades, la mujer afectada por acoso sexual buscó al Movimiento para que le brindaran apoyo. La afectada logró una sentencia condenatoria en primera instancia y ésta fue revertida luego de una apelación.
En respuesta a esta demanda, el 28 de enero de 2015, la Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró culpable a Gladys Lanza por el delito de “difamación e injuria”, y el próximo 25 de febrero se le informará la pena que le será impuesta, la cual podría llegar a ser de hasta 2 años y ocho meses de privación de la libertad y también incluir una sanción económica.
El caso que enfrenta Gladys Lanza es un claro ejemplo de como en Honduras, así como en otros países de América Latina y el Caribe, el sistema de justicia es utilizado para criminalizar a quienes ejercen legítimamente el derecho a defender los derechos. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una resolución sobre la Protección a los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señaló claramente la necesidad de que los Estados tomen medidas para corregir la criminalización de quienes defienden los derechos humanos como una forma de reprimir sus acciones legítimas (A/HRC/RES/22/6).
Es crucial que cuando el sistema judicial esté viendo un caso como el de Gladys Lanza, se tome en cuenta si la acusación y los cargos presentados contra una persona se encuentran relacionados al ejercicio de su labor como defensora de los derechos humanos, y en consecuencia se busca criminalizar su legítima actividad. Gladys Lanza es una reconocida activista que actúa para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
En lugar de sancionar a esta prominente defensora, las autoridades hondureñas deberían redoblar sus esfuerzos para abordar la crítica situación que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país, y pronto establecer un mecanismo para su efectiva protección. Nadie debería ser perseguido o sancionado por ejercer el derecho a defender los derechos humanos y Gladys Lanza no puede ser la excepción.
