Las autoridades federales deben poner en marcha una investigación completa y exhaustiva sobre lo ocurrido a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (México), dado que persisten dudas sobre si los cadáveres hallados en una fosa común les pertenecen; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
“Es preciso que se siga buscando a fondo a los estudiantes desaparecidos. Este crimen atroz ha conmocionado al mundo y la verdad debe salir a la luz. Los próximos días van a ser cruciales para determinar lo que pasó en realidad, y estas investigaciones tan delicadas deben llevarlas a cabo autoridades federales del máximo nivel, con el apoyo de los expertos forenses internacionales que ya están ayudando a los investigadores”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Ya es hora de que el presidente Enrique Peña Nieto dé un paso más y garantice que estos abusos se investigan con rapidez y exhaustividad para conocer toda la verdad de lo sucedido a estas víctimas. Es fundamental que la promesa de respetar los derechos humanos por parte de México no se quede en un mero tópico esgrimido por el gobierno para esconder la comisión de múltiples abusos con impunidad.”
También es fundamental que se trate con respeto a los familiares de las víctimas y se los informe antes que a los medios de comunicación de cualquier novedad en la búsqueda de sus seres queridos y el proceso de identificación de los cadáveres hallados.
El macabro descubrimiento de una fosa común el domingo podría dar respuesta a alguna de las preguntas sobre lo ocurrido a 43 estudiantes que desaparecieron cuando un grupo de más de 80 que estaba saliendo de la ciudad en tres autobuses fue atacado sin previo aviso por la policía municipal y un grupo armado. Sin embargo, sólo se han descubierto 28 cadáveres y todavía no han sido identificados ni se ha establecido que pertenezcan a los estudiantes.
El 26 de septiembre, 6 personas murieron por disparos y más de 20 resultaron heridas en Iguala, estado de Guerrero. Según informes de prensa, hasta ahora han sido detenidas más de 30 personas, entre ellas 22 agentes de la policía municipal.
Aunque las autoridades federales están intentando identificar los restos localizados ayer en una fosa común, las autoridades responsables de las investigaciones sobre las desapariciones y asesinatos siguen siendo las estatales. A Amnistía Internacional le preocupa el perjuicio que esto pueda causar a las investigaciones, dados los problemas de presunta corrupción –como el de los elementos del crimen organizado infiltrados en las fuerzas policiales– y el historial de investigaciones fallidas e impunidad.
También es fundamental que los representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ya están en Iguala, tengan pleno respaldo institucional en las tareas de exhumación e identificación. Estos expertos internacionales independientes cumplen una función muy importante para garantizar un proceso fiable que merezca la confianza de los familiares. Los fallos reiterados en el proceso de identificación de restos humanos han socavado gravemente las investigaciones en otros muchos casos de gran resonancia en materia de derechos humanos.
“La investigación federal debe servir para establecer todo el conjunto de circunstancias que rodearon la participación de policías municipales y miembros de bandas delictivas en el ataque a los estudiantes, incluidos los secuestros y homicidios. Asimismo deberían investigarse los informes según los cuales el personal militar presente no intervino cuando fue requerida su ayuda. Mientras tanto, debe protegerse la seguridad de sobrevivientes, familiares y testigos”, ha dicho Erika Guevara Rosas.
“Estos alarmantes casos desaparición forzada y homicidio de estudiantes no suceden de manera aislada. Por desgracia, este episodio terrible es el último de una sucesión de abusos contra los derechos humanos cometidos en Iguala y en todo México. Ya es hora de poner fin a estos horrores de una vez por todas.”
Información complementaria
La desaparición de estos estudiantes ha sentado un precedente escalofriante en el estado.
En diciembre de 2011, las autoridades no obligaron a los responsables policiales estatales y federales a rendir cuentas por el homicidio de 2 estudiantes de Ayotzinapa y por la tortura y otros malos tratos infligidos a 20 más.
En mayo de 2013, tres líderes sociales fueron secuestrados y asesinados. Según la información recibida, la investigación se cerró en mayo de 2014 a pesar de que había indicios de implicación del presidente municipal de Iguala en los homicidios. En ambos casos, las autoridades federales no actuaron eficazmente para garantizar justicia.
Durante años, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado el patrón imperante de graves violaciones de derechos humanos que incluye desapariciones, tortura y uso excesivo de la fuerza, así como la impunidad en México.
El pasado mes, Amnistía Internacional publicó el informe Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, en el que señalaba que, en un decenio, los informes sobre tortura y otros malos tratos a manos de las autoridades habían aumentado un 600 por ciento.
El 64 por ciento de los habitantes de México encuestados por Amnistía Internacional manifestaron que temían sufrir tortura si eran detenidos por la policía u otras autoridades.
