Las autoridades civiles mexicanas deben investigar con urgencia un documento militar revelado recientemente que parece indicar que la masacre de 22 personas cometida en junio de 2014 no fue el resultado de un enfrentamiento entre soldados y una banda delictiva, como informaron las fuerzas armadas, sino de una orden de «abatir delincuentes”; así lo afirma Amnistía Internacional.
“Esta orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas. Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno», ha dicho Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Esta orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.”
Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América
El 30 de junio de 2014, 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya (México) murieron a manos de soldados en lo que las autoridades aseguraron que había sido un enfrentamiento con hombres armados. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de aquellas personas no habían muerto en un enfrentamiento, como afirmaba el secretario de la Defensa Nacional, sino abatidas a tiros cuando ya no representaban una amenaza para los soldados.
Ayer, organizaciones mexicanas de derechos humanos dieron a conocer públicamente la orden que precedió a la operación. El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería cursó una orden militar que decía lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Esta orden fue la base de las operaciones llevadas a cabo por la unidad militar en la zona específica de Tlatlaya en el momento de cometerse la matanza. Tras la operación del 30 de junio, los soldados comunicaron que habían «abatido» a 22 delincuentes.
En el contexto de este caso, no cabe duda de que el término “abatir” significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares. La misma terminología se ha venido usando desde hace muchos años en múltiples comunicados de prensa con ese significado. Amnistía Internacional no ha encontrado un solo ejemplo en el que «abatir» no fuera sinónimo de matar. Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales.
«Aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”, ha explicado Erika Guevara-Rosas.
“Aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes.”
Erika Guevara-Rosas
La organización pide que se someta al personal militar implicado en la masacre de Tlatlaya a una investigación imparcial, independiente y efectiva. Esto debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes y que no hizo nada para impedir o reprimir ese crimen ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Amnistía Internacional viene documentando casos desde hace años en los que las fuerzas armadas de México han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, delitos de violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional.
El gobierno de México, o bien ha negado su participación en tales crímenes, o bien los ha calificado de hechos aislados cometidos por personas que actuaban por su cuenta. Esta última revelación ha puesto en grave entredicho esa versión y debe impulsar a las autoridades civiles a abrir una investigación seria sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas.
El gobierno de México debe garantizar la cancelación inmediata de cualquier orden permanente parecida y poner fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.
