Declaración Pública
13 de enero de 2013
La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de la tortura y violencia sexual cometida en contra dos mujeres indígenas Me’phaa en Guerrero supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó hoy Amnistía Internacional.
Desde el año 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega han luchado por su derecho a la justicia. Sin embargo, el proceso que fue conducido en el ámbito de la justicia militar falló, como en otros casos, en realizar una investigación eficaz y como resultado ninguna persona rindió cuentas por estos abusos. Ante la negación al acceso a la justicia, las dos mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), corte que en el año 2010 emitió dos sentencias en contra el Estado Mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas.
El procesamiento dentro del sistema de justicia civil de cuatro de miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los derechos humanos quienes las han acompañado.
Además es evidencia de que la Procuraduría General de Justicia cuando se empeña a establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta nuevas violaciones.
No obstante, Amnistía Internacional está consciente de que el procesamiento de los implicados se debe realizar conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio justo. Esto incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados. Por este motivo Amnistía Internacional llama al Poder Judicial de la Federación para que garantice un procesamiento efectivo e imparcial.
Así mismo, la organización recuerda a las autoridades que en virtud de las sentencias dictadas por la CoIDH tienen el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas en instancias civiles.
Antecedentes
Amnistía Internacional documentó los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega desde 2002 y sus activistas por el mundo han acompañado los esfuerzos y el valor de estas dos mujeres indígenas en su lucha por la justicia.
