Más de 150.000 niños y niñas no pueden ir al colegio debido a la falta de seguridad en el norte y el centro de Malí, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un informe publicado en vísperas del examen del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe Mali: Violations and abuses as instability spreads’, publicado antes de que Malí se someta al examen periódico universal (EPU) en enero del año próximo, revela que, a fecha de junio de 2017, se habían cerrado más de 500 colegios en las regiones donde hay grupos armados activos, como Gao, Kidal, Ségou, Mopti y Tombuctú. Especialmente en la región central, algunos tuvieron que cerrar tras ser amenazado su personal por miembros de grupos armados.
“Decenas de miles de niños y niñas están pagando un alto precio mientras la violencia y la inseguridad continúan en el norte de Malí y se propagan ya por la región central del país. La negación de su derecho a la educación ha alcanzado ya niveles de crisis. Hay que poner fin a esta situación”, ha señalado Gaetan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África occidental.
“Con ocasión de la celebración hoy del 57 aniversario de la independencia de Malí, las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para impedir el cierre de los colegios y garantizar la seguridad del alumnado y el personal escolar.”
Terribles condiciones de reclusión
En el informe se llama también la atención sobre las terribles condiciones de la Prisión Central de Bamako y de otras cárceles el país. Durante una visita realizada a esta prisión en abril de 2017, las autoridades penitenciarias dijeron a Amnistía Internacional que había 1.200 personas recluidas allí y que tenían que turnarse para dormir bebido a la falta de espacio. La prisión sólo tiene capacidad para 400 reclusos.
Amnistía Internacional ha confirmado que las condiciones de la Prisión Central de Bamako no han mejorado desde que la organización hizo sus últimas visitas en 2013 y 2014. Por ejemplo, ninguna de las personas detenidas y acusadas de actos de terrorismo desde 2013 han podido hacer ejercicio fuera de las celdas, donde están hacinadas y sin ventilación suficiente.
En noviembre de 2015, los grupos armados mataron a 19 civiles durante un cerco impuesto al hotel Radisson de Bamako en el que se tomaron más de 150 rehenes, que fueron liberados tras la intervención de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha sabido por organizaciones que trabajan sobre el terreno en Malí que en la actualidad hay al menos 15 personas, tanto extranjeras como malienses, retenidas como rehenes por grupos armados.
Desde comienzos de 2017 ha aumentado el número de ataques efectuados por grupos armados en el centro y el norte del país, incluidos los ataques selectivos contra imanes, jefes de poblado y representantes del Estado, lo que ha dado lugar a numerosos abusos y violaciones del derecho internacional humanitario.
El 18 de enero de 2017, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) atacó la base del Mecanismo Operativo de Cooperación en Gao y resultaron muertas más de 70 personas, muchas de ellas civiles. El 18 de junio de 2017 murieron cuatro civiles en el ataque de la organización armada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes contra un hotel de las afueras de Bamako.
Presistencia de la impunidad
En 2013, la última vez que se sometió al proceso del EPU, Malí aceptó la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de hacer rendir cuentas a los grupos armados por los graves abusos cometidos contra los derechos humanos. Sin embargo, ha habido muy pocos avances en este sentido. Persiste la impunidad de los abusos y violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, tortura y saqueos, especialmente de los cometidos en el contexto del conflicto. Debido a ello se priva a las víctimas y sus familias de verdad, justicia y reparación.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Malí que establezcan la comisión internacional de investigación prevista en el Acuerdo de Paz de Argel. La comisión deber realizar con prontitud investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otros delitos de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad malienses y los grupos armados.
“Mantener una situación en la que no se hace rendir cuentas las personas sospechosas de participación en abusos graves contra los derechos humanos conducirá al desastre a un país que se esfuerza por poner fin a un conflicto que ha dado lugar a terribles abusos en sus partes septentrional y central”, ha añadido Gaetan Mootoo.
Se puede consultar el documento presentado al EPU por Amnistía Internacional en: https://www.amnesty.org/en/documents/afr37/6835/2017/en/
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en África Occidental y Central, Dakar (Senegal), llamando al +221 77 658 62 27, o por correo electrónico en sadibou.marong@amnesty.org; Twitter: @amnestyWaro
Información complementaria
El examen de Malí durante el 29 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU tendrá lugar en enero de 2018. Malí aceptó 111 recomendaciones cuando se sometió al proceso del EPU en 2013, entre ellas las de promover la prohibición de la mutilación genital femenina, proteger a los niños y las niñas para impedir su reclutamiento por grupos armados e investigar las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, rechazó 14 recomendaciones, entre ellas las relativas a investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de tuaregs y las de tortura infligida por los servicios de seguridad del Estado.
Carlos Laguna (en nombre del AILRC-ES)
