Por Tamaryn Nelson, asesora de Salud de Amnistía Internacional,
La lucha contra la COVID-19 ha dado un gigantesco salto adelante este último mes. El histórico despliegue de la primera vacuna está en marcha en muchos países y otros harán en breve lo mismo. Para muchas personas, la noticia es una luz al final del túnel, pues podríamos tener la oportunidad de acabar con esta pandemia.
Pero estamos ante una crisis global que exige una respuesta global. El éxito de cualquier vacuna dependerá de que se distribuya equitativamente y se ponga a disposición primero de quienes más riesgo corren, con independencia de donde vivan, quiénes sean o lo que puedan pagar.
Todas las personas tenemos derecho a ser protegidas de la COVID-19. Pero mientras los países ricos acaparan dosis, existe el riesgo de que el potencial de las vacunas para salvar vidas se vea menoscabado por la desigualdad y los intereses de las empresas.
En un intento desesperado de garantizar sus propias vías de escape de esta pandemia, los países occidentales han hecho compras anticipadas de miles de millones de dosis de vacunas futuras para su población y han adquirido dosis suficientes para vacunarla casi tres veces antes del final de 2021. Esto, que se conoce como “nacionalismo de las vacunas”, implica grandes acuerdos bilaterales de compra entre empresas y un número selecto de países.
La nueva investigación de la Alianza Vacuna para el Pueblo —a la que pertenecen Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam— muestra claramente quién tendría acceso a una vacuna si estos contratos se aplicaran hoy.
Tanto Canadá como Reino Unido han comprado suficiente para vacunar cinco veces a cada ciudadano o ciudadana. Estados Unidos ha asegurado 800 millones de dosis de al menos seis vacunas, con la opción de comprar alrededor de 1.000 millones más. Y la Unión Europea, Japón, Canadá y Australia han seguido su ejemplo, al asegurar millones de dosis potenciales más.
El acaparamiento de vacunas está limitando suministros potenciales para que otros países protejan a su población de la COVID-19. De hecho, 67 países —como Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania, entre todos los cuales han comunicado casi 1,5 millones de casos— sólo podrán vacunar a una de cada 10 personas a menos que rectifiquemos el rumbo inmediatamente.
Los gobiernos y la industria farmacéutica tienen las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos de aumentar el acceso a estos avances que salvan vidas para el mayor número de personas de todo el mundo. La salud y el sustento de millones de personas dependen de que haya disponible una vacuna segura y efectiva que se asigne de forma justa y oportuna, que proteja el derecho a la salud, permita que las personas se ganen la vida y garantice que la gente puede ver a sus seres queridos sin temor ni restricciones.
Sin un acceso equitativo y global, sólo se ahondarán las desigualdades preexistentes, y quienes están marginados y discriminados históricamente seguirán sufriendo de forma desproporcionada las consecuencias.
Quienes viven en campos para personas refugiadas abarrotados y en condiciones insalubres probablemente están más expuestos a la infección y a menudo no tienen acceso a la atención médica que necesitan, incluidas vacunas. Las comunidades indígenas del Amazonas ecuatoriano están también en peligro, pues tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19 debido la escasez de agua potable, alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas vitales.
Varios organismos de la ONU ha advertido también de que casi la mitad de la fuerza laboral del mundo podría perder sus medios de sustento, y el Banco Mundial ha señalado que entre 88 y 115 millones de personas podrían verse sumidas en la pobreza extrema en 2021 y que es posible que la cifra ascienda a 150 millones.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que quienes más riesgo corren en todo el mundo tienen acceso a las vacunas cuando estén disponibles. Esto significa que los países más ricos deben abstenerse de suscribir grandes acuerdos bilaterales con empresas farmacéuticas. En su lugar, deben apoyar e incorporarse a iniciativas globales destinadas a garantizar un acceso equitativo a la vacuna para todos los países como el Mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
Las principales empresas farmacéuticas deben asimismo cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos y garantizar el acceso más amplio posible a sus innovaciones, anteponiendo las personas a las patentes..
Es vital amplificar las voces de los grupos marginados para garantizar que las políticas nacionales de vacunación no son excluyentes ni discriminatorias. Sólo trabajando en unión podremos poner fin a esta pandemia y construir un futuro más justo y sostenible.
Si desean más información, vean la guía completa de derechos humanos y recomendaciones de política de Amnistía Internacional sobre las vacunas contra la COVID-19.
Este artículo fue publicado previamente aquí.
