Milicias y grupos armados sin ley de todas las partes que intervienen en el conflicto del oeste de Libia están cometiendo abusos contra los derechos humanos de forma desmedida, incluidos crímenes de guerra, según un nuevo documento publicado por Amnistía Internacional.
El documento Rule of the gun: Abductions, torture and other abuses by militias in western Libya ofrece datos que apuntan a posibles ejecuciones sumarias, torturas o malos tratos de personas detenidas bajo custodia de grupos armados, y da cuenta de la persecución de civiles en razón de sus orígenes o de sus supuestas lealtades políticas.
Igualmente, imágenes de satélite publicadas hoy por Amnistía Internacional muestran que combatientes de todos los bandos en el conflicto hacen gala de un desprecio absoluto por las vidas de la población civil, pues han lanzado indiscriminadamente cohetes y fuego de artillería contra áreas civiles densamente pobladas, con lo que han ocasionado daños en casas, infraestructuras civiles e instalaciones médicas.
“En la Libia actual impera la ley de las armas. Los grupos armados y las milicias se están comportando como enajenados, lanzando ataques indiscriminados contra zonas civiles y cometiendo abusos generalizados, incluidos crímenes de guerra, con total impunidad”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África.
Los líderes de las milicias y de los grupos armados de Libia deben poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y dejar claro a sus subordinados que no se tolerarán tales crímenes. De no hacerlo, podrían ser procesados por el Tribunal Penal Internacional.
Entre los grupos armados y las milicias que se cree han perpetrado abusos graves contra los derechos humanos están miembros de la coalición Amanecer de Libia (compuesta por grupos de Misrata, Trípoli y otras localidades del oeste del país) y la coalición Zintan-Warshafana (formada por grupos procedentes de Zintan y de la zona de Warshafana).
Las imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional muestran daños considerables en bienes civiles de la región de Warshafana, entre ellos el hospital de Al Zahra, que ha sufrido intensos bombardeos de cohetes. Sobre la unidad de cuidados intensivos del hospital de Zawiya también cayó un cohete que hirió a 10 personas, entre ellas médicos, enfermeros, pacientes y visitantes.
“Los ataques indiscriminados y los ataques contra instalaciones médicas están prohibidas por el derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, combatientes de todas las partes en el conflicto han disparado cohetes GRAD y fuego de artillería contra zonas civiles densamente pobladas”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui.
Secuestros, tortura y otros malos tratos
En una avalancha de represalias, grupos armados de Trípoli, Zawiya, Warshafana y localidades de las montañas de Nafusa han secuestrado a decenas de civiles y los han mantenido como rehenes hasta dos meses, por motivos como su localidad de origen o sus supuestas afiliaciones políticas. En algunos casos, se ha secuestrado a civiles como instrumento de negociación para intercambiar prisioneros. Desde el comienzo del conflicto, el 13 de julio, se han producido varios intercambios de esta índole, al tiempo que han continuado los secuestros y otros actos de represalia.
Residentes de Trípoli oriundos de Zintan contaron a Amnistía Internacional que las milicias de Amanecer de Libia han llevado a cabo “búsquedas de criminales” puerta por puerta para capturar a personas en razón de su afiliación tribal o sus supuestas lealtades políticas. Las milicias también han asaltado hogares civiles, saqueando y destruyendo bienes y prendiendo fuego a casas y granjas en la zona de Warshafana.
Cuando se cometen durante un conflicto armado, la tortura y los tratos crueles constituyen crímenes de guerra, como también es el caso de la toma de rehenes o la destrucción o confiscación de bienes del adversario, a menos que la destrucción o confiscación de esos bienes sea una necesidad militar imperiosa del conflicto.
“Como durante estos tres años las autoridades libias no han hecho rendir cuentas a las milicias, éstas se han envalentonado y se ha afianzado su convicción de que están por encima de la ley”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.
La comunidad internacional ha dado la espalda en gran medida al caos en el que se ha sumido Libia tras el levantamiento de febrero de 2011, a pesar de que el Tribunal Penal Internacional todavía puede ejercer su jurisdicción para investigar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde entonces. En virtud de una resolución adoptada en agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU, también se pueden imponer sanciones, como la prohibición de viajar o la congelación de activos, contra quienes cometen violaciones de derechos humanos en Libia.
“Al no existir rendición de cuentas, es probable que se prolongue la espiral descendente en la que han entrado los derechos humanos en Libia”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.
Muchas de las personas secuestradas relataron a Amnistía Internacional que las habían torturado o les habían infligido otros malos tratos, golpeándolas con tubos de plástico, palos, barras de metal o cables; aplicándoles descargas eléctricas; suspendiéndolas en posiciones dolorosas durante horas; manteniéndolas esposadas y con los ojos vendados durante días; privándolas de agua y comida, u obligándolas a soportar malas condiciones higiénicas.
Un camionero secuestrado por un grupo armado de Warshafana por ser oriundo de la localidad de Zawiya contó que sus captores lo golpearon con una barra de metal y le aplicaron descargas eléctricas, tras lo cual lo rociaron con combustible por todo el cuerpo y lo amenazaron con prenderle fuego.
Ahmad Juweida, combatiente herido de Warshafana, fue secuestrado por una milicia de Nalut cuando lo trasladaban a Túnez para dispensarle tratamiento médico, y murió en lo que posiblemente haya sido una ejecución sumaria al recibir un disparo, efectuado con casi toda probabilidad apuntándole una pistola en la parte posterior de la cabeza.
Amnistía Internacional insta a todas las milicias y grupos armados a que liberen de inmediato e incondicionalmente a todas las personas secuestradas meramente en razón de sus orígenes o lealtades políticas. Debe dispensarse un trato humano, conforme al derecho internacional humanitario, a todas las personas detenidas, incluidos los combatientes capturados, que corren especial peligro de sufrir tortura u otros malos tratos o de ser ejecutados sumariamente. Los jefes de estos grupos y milicias deben dejar claro que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos, y retirar de sus filas a toda persona sospechosa de participar en tales actos.
Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, desde el mes de julio han quedado desplazadas internamente al menos 287.000 personas a consecuencia de ataques indiscriminados o del miedo a ser atacadas debido a sus orígenes o supuesta afiliación política. Otras 100.000 se han visto obligadas a huir del país temiendo por sus vidas.
Decenas de periodistas, activistas de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos han abandonado Libia o han pasado a la clandestinidad, pues sus vidas corrían un peligro cada vez mayor al ser objeto de amenazas y ataques recurrentes por parte de las milicias. Milicias afiliadas a la coalición Amanecer de Libia han amenazado e intimidado a miembros del Consejo Nacional de Libertades Civiles y Derechos Humanos, organismo oficial libio de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 10 trabajadores de medios de comunicación que han huido de la capital e incluso del país temiendo por sus vidas. Las oficinas y el personal de Al Assema TV y Libya International TV también han sido blanco de ataques.
Según Reporteros sin Fronteras, al menos 93 periodistas han sufrido ataques en los nueve primeros meses de 2014.
Miembros de la comunidad desplazada de Tawargha –de quienes muchos libios sospechan desde hace tiempo que son simpatizantes de Gadafi– están también entre las víctimas de los grupos armados: ha habido decenas de secuestros desde agosto, así como ataques de represalia contra uno de sus campos.