10 de diciembre de 2013
Una investigación transparente sobre el ataque contra el Ministerio de Defensa puede contribuir al éxito de la transición política.
Sevag Kechichian, investigador de Amnistía Internacional sobre Yemen
La capital de Yemen, Saná, sigue conmocionada tras el descarado doble ataque contra el Ministerio de Defensa del 5 de diciembre. Al Qaeda en la Península Arábiga ha reivindicado la responsabilidad de los ataques suicidas, que se saldaron con al menos 56 muertos y más de 167 heridos.
Además de sembrar el pánico en la capital, el atentado ha desencadenado un frenético debate entre los yemeníes. Pero en medio de los rumores y acusaciones que circulan, las autoridades yemeníes tienen que averiguar la verdad, para lo que es vital que realicen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. Quienes están tras el atentado deben responder ante la justicia en unas actuaciones que cumplan las normas internacionales de imparcialidad y sin la imposición de la pena de muerte.
El ataque fue indiscriminado y mostró un total desprecio por el derecho a la vida. Entre las víctimas mortales había pacientes civiles, médicos, enfermeras y otros trabajadores del hospital del Ministerio de Defensa.
Las autoridades han declarado que el atentado tenía por objeto hacer fracasar la transición política en marcha desde noviembre de 2011. Pero ahora más que nunca, el éxito del proceso de transición de Yemen depende de la forma en que las autoridades investiguen y revelen los hechos que hay tras este atentado y numerosos abusos más que se remontan a antes de la rebelión de 2011.
Apenas una hora después del ataque, las autoridades yemeníes declaraban que habían logrado poner fin a la amenaza y que todo estaba bajo control. No obstante, los combates continuaron durante al menos dos horas más y volvieron a estallar esa tarde y esa noche.
Poco después del atentado aparecieron imágenes de vídeo que mostraban al presidente yemení Abd Rabbu Mansour Hadi visitando las instalaciones y reunido con los jefes del ejército y de las fuerzas de seguridad como prueba de la capacidad del ejército de restaurar con rapidez y por la fuerza el orden público. Sin embargo, quedó patente que la versión oficial no era más que una fachada cuando los combates se reanudaron apenas unas horas después.
La respuesta de las autoridades yemeníes a este reciente ataque es sintomática de su enfoque general hacia las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército o las fuerzas de seguridad, y la violencia perpetrada por los grupos armados. Antes de que el ataque concluyera, Hadi creó una comisión militar de alto nivel para investigar e informar de sus conclusiones en 24 horas. El breve informe que se dio a conocer el 6 de diciembre no añadió nada nuevo a las especulaciones que ya existían, salvo la afirmación sin fundamento de que algunos de los atacantes eran nacionales saudíes. Las autoridades yemeníes actúan una y otra vez sin transparencia y siguen sin realizar investigaciones serias.
Persiste la violencia
En las últimas semanas ha habido incidentes violentos en casi todos los rincones de Yemen. Proliferan los combates en el norte entre grupos armados que también participan en el diálogo nacional. En el sur y en el este, presuntos miembros de Al Qaeda en la Península Arábiga han asesinado a oficiales del ejército y de las fuerzas de seguridad y secuestrado a extranjeros. En las mismas zonas, los ataques de aviones no tripulados estadounidenses contra presuntos miembros de Al Qaeda han causado la muerte ilegítima de civiles.
En la misma Saná, en los dos últimos años, activistas, periodistas y parlamentarios han sido acosados, agredidos físicamente, secuestrados o asesinados. Los acusados de cometer estos actos van desde las fuerzas gubernamentales a una diversidad de grupos armados. No obstante, en ninguno de estos casos han podido las autoridades dar respuestas adecuadas sobre lo ocurrido ni hacer que los autores respondan ante la justicia.
Esta inacción erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país y suscita serias dudas sobre si la élite política de Yemen está realmente interesada en la rendición de cuentas y en dar una reparación por los crímenes cometidos, lo que es un punto de fricción clave en el diálogo nacional que ahora está llegando a su conclusión.
La transición política de Yemen ha alcanzado una fase crítica, en la que seis de los nueve grupos de trabajo del diálogo nacional ya han presentado su informe final. Pero dos asuntos fundamentales han llevado a las fuerzas políticas contrarias a un punto muerto. Uno es el futuro de la región meridional del país, sobre cuyo grado de autonomía las opiniones están muy divididas.
El otro es un proyecto de ley sobre justicia transicional. El actual proyecto promete garantizar cierta reparación para las víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no parece que la ley esté más cerca de ser promulgada que cuando se dio a conocer el primer borrador, al comienzo del periodo de transición. La élite política da largas a expensas de los derechos de las víctimas.
Aunque el texto del proyecto de ley nunca ha ofrecido la rendición de cuentas penal, todo intento de compromiso con exponer la verdad sobre los crímenes cometidos se ha diluido en sucesivos borradores. Algunos políticos han llegado al punto de querer eliminar la expresión “justicia transicional” y sustituirla por “reconciliación”, idea que muchos ciudadanos valorarían mucho, aunque querrían saber en qué se sustenta. Cualquier iniciativa que sacrifique la justicia y la rendición de cuentas podría transformar la transición de Yemen en una farsa.
Las autoridades tienen todavía una oportunidad de ganarse la confianza del pueblo yemení y hacer una transición que siente las bases de una justicia efectiva y de la estabilidad a largo plazo, rompiendo así los ciclos de derramamientos de sangre que han plagado la historia reciente del país. Pero eso exige un compromiso real con unas investigaciones serias —con la colaboración de expertos y apoyo internacionales cuando sean necesarios— que revelen la verdad sobre los abusos actuales y del pasado, y que garanticen que los perpetradores —sea cual sea su afiliación— rinden cuentas de sus actos.
El ataque más reciente en el centro de Saná merece una respuesta que demuestre este compromiso con total transparencia y garantice que los derechos humanos no son rehenes de ningún proceso político.
Texto publicado originalmente como artículo de opinión en el sitio web de Al Yazira.
Más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional sobre Yemen.
