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De Salil Shetty, Secretary-General of Amnesty International
Se acabaron los miramientos. Con la orden ejecutiva del pasado viernes para “proteger a la nación contra ataques terroristas de extranjeros”, el presidente Donald J. Trump ha declarado la guerra a las personas refugiadas musulmanas de todo el mundo.
De un plumazo, el presidente ha prohibido, entre otras cosas, que personas refugiadas sirias accedan a EE. UU. y también ha impedido la entrada en el país de cualquier persona (especialmente si es refugiada) procedente de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Estos países tienen dos cosas importantes en común: son de mayoría musulmana y de ellos tratan de escapar la mayoría de las personas que buscan asilo por violaciones graves de derechos humanos, tales como la persecución o la tortura.
Si no fuera por lo preocupante y peligrosa que es, esta orden ejecutiva sería patética en su absurdidad.
Es ilógica porque no existen datos que respalden la idea de que hay más riesgo de que cometan actos de terrorismo las personas refugiadas —musulmanas o no— que el resto de la ciudadanía. Una persona refugiada no es una persona que comete actos de terrorismo. Es una persona que huye de quienes cometen actos de terrorismo. Según el derecho internacional, los autores de tales crímenes quedan automáticamente excluidos del estatuto de refugiado. Además, conforme al programa estadounidense de admisión de refugiados, para entrar en el país las personas refugiadas deben pasar los controles de seguridad más rigurosos y exhaustivos previstos para cualquier categoría de personas, ya sean inmigrantes o visitantes.
La orden ejecutiva es absurda por su irracionalidad. Pero no debemos tomarla a broma.
Es un documento enormemente alarmante. Ante una crisis global en la que 21 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, uno de los países más ricos y poderosos del planeta responde eliminando una de sus únicas vías de esperanza: “el reasentamiento”. El reasentamiento es un proceso que permite que personas vulnerables (como por ejemplo, sobrevivientes de tortura o mujeres y niñas en riesgo), atrapadas en circunstancias desesperadas en países como Líbano, Jordania, Kenia y Pakistán, puedan trasladarse a un país como EE. UU. En resumen, esta orden ejecutiva da la espalda a los países de acogida y castiga a las personas más vulnerables de un grupo ya vulnerable de por sí.
¿Prohíbe la orden ejecutiva explícitamente a las personas refugiadas musulmanas? No, pero su razonamiento es abiertamente antimusulmán. Todos los países afectados por estas estrictas restricciones son predominantemente musulmanes. Con esta acción, el presidente Trump transmite un mensaje claro: EE. UU. tiene que protegerse contra las personas musulmanas y éstas son inherentemente peligrosas.
Además, el texto identifica como una de las excepciones a las nuevas restricciones a las personas que solicitan asilo en base a su persecución religiosa, pero sólo si pertenecen a una minoría religiosa. De una lectura simple del texto se concluye que la administración Trump reasentará a los cristianos que huyan de países predominantemente musulmanes. Esta provisión camufla la discriminación religiosa bajo un lenguaje de persecución religiosa. Cabe incluso la posibilidad de que este trato de favor acentúe el riesgo de las minorías cristianas en algunos países en los que sufren discriminación y violencia por pertenecer presuntamente a una religión extranjera o estadounidense.
En definitiva, esta orden ejecutiva podría ser un instrumento de reclutamiento perfecto para grupos armados como el Estado Islámico, que están deseando demostrar que países como EE. UU. son inherentemente hostiles contra las personas musulmanas.
No nos equivoquemos: morirán personas a consecuencia de esta orden ejecutiva. Los países que acogen a un gran número de población refugiada se van a sentir agraviados y abandonados por la comunidad internacional y empezarán o aumentarán la expulsión de personas refugiadas. Mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables que de otra forma hubieran podido trasladarse a EE. UU., y que están atrapados en situaciones insostenibles, “elegirán” volver a casa, donde corren riesgo de tortura o de muerte.
Es importante que recordemos quienes son estas personas. En 2016, el 72% de las personas refugiadas asentadas en EE. UU. eran mujeres, niñas y niños. En mi opinión, el término “persona refugiadas” no hace justicia a las personas que se han enfrentado a mares, desiertos y peligros mortales provocados por el ser humano, con la esperanza de reiniciar sus vidas en paz. Yo he tenido el privilegio de conocer a algunas de estas personas y siempre me he sentido conmovido por su fortaleza ante una adversidad casi inimaginable. Cualquier país, incluido EE. UU., se beneficiaría de darles la bienvenida.
Puede que usted no tenga miramientos Señor Presidente pero, en solidaridad con los 21 millones de personas refugiadas en todo el mundo y con las innumerables personas y organizaciones que trabajan con y para los que buscan protección, nosotros tampoco los tendremos.
