En 1962, Amnistía envió a un abogado a Sudáfrica para que asistiera como observador al juicio de Nelson Mandela. En palabras de Mandela, «su mera presencia y la ayuda que prestó nos resultaron tremendamente inspiradoras y alentadoras».

En 1966, se realizó la primera Misión de Investigación que concluyó con un Informe sobre el Régimen Militar de Stroessner en Paraguay.

Entre septiembre de 1969 y septiembre de 1971, Amnistía Internacional despliega una segunda misión de investigación al Paraguay y publica su segundo informe de situación en 1971.

En 1973, Amnistía Internacional emite su primera Acción Urgente completa, para animar a la opinión pública a actuar en favor del profesor brasileño Luiz Basilio Rossi, detenido por motivos políticos. Luiz atribuyó después la mejora de su situación al apoyo popular a este llamamiento: “Sabía que mi caso se había hecho público, sabía que ya no podían matarme. Entonces la presión sobre mí disminuyó y las condiciones mejoraron».

En 1977, se realizó la primera Campaña por Presos de Conciencia y Desaparecidos/as en Paraguay, a partir de este año se realizaron varias campañas y acciones urgentes a favor de 382 personas.

Amnistía recibe el Nobel de la Paz por »Contribuir a afianzar la libertad, la justicia y, con ello, también la paz en el mundo», Este premio reconoce el trabajo y la determinación de los simpatizantes de Amnistía en todo el mundo.

Tras la caída del Régimen Militar, activistas, defensoras y defensores de Derechos Humanos conformaron el primer grupo de Amnistía Internacional en Paraguay denominada Save’y Reká (en búsqueda de la libertad).

Amnistía Internacional Paraguay junto a otras organizaciones locales realizó una campaña de incidencia y movilización para la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

En el 2006, AI Paraguay es reconocida como Estructura de Amnistía Internacional por Decisión N° 60-10 del Comité Ejecutivo Internacional.

En el 2007, es elevada a la categoría de Sección de Amnistía Internacional por Decisión N° 71-15 del Comité Ejecutivo Internacional.

Referentes a los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el marco del cumplimiento de las sentencias recaídas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se dio inicio de la entrega de los Premios Peter Benenson. El primer premiado fue Julio Fretes (+), por su lucha en favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ver aquí todos los premiados/as: https://amnesty.org.py/premios-peter-benenson/

Amnistía Internacional Paraguay en conjunto con otras organizaciones locales realizó campaña de incidencia y movilización para la aprobación y promulgación de la Ley Interna que incorpora la Convención contra la Tortura y crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

En enero de 2012, luego de 6 años y 7 meses de haber sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Paraguay asegura 12.312 hectáreas de tierras para Yakye Axa. Aunque el inmueble entregado no fue el reivindicado inicialmente, la comunidad aceptó la propuesta del Estado de recibir otras tierras puesto que las mismas forman parte del territorio Enxet y bajo el compromiso estatal de la construcción de un camino público y de todo tiempo, en atención que no había acceso terrestre a dichas tierras. Lamentablemente, a la fecha, aún está pendiente la finalización de la construcción del camino para ingresar a las nuevas tierras.

Lucía Sandoval, víctima de violencia contra las mujeres, fue absuelta en 2014 por la justicia paraguaya, luego de estar 3 años, 6 meses y 16 días privada de su libertad acusada por homicidio doloso. 

Amnistía Internacional Paraguay se sumó a la causa junto a CLADEM y otras organizaciones locales, a través de una campaña de movilización donde se solicitó Juicio Justo para Lucia Sandoval. 

Se realizó una acción urgente en apoyo a la lucha por la tierra que el Pueblo Indígena Ayoreo-Totobiegosode reclama como su territorio ancestral en el departamento de Alto Paraguay, que había sido invadida de nuevo. Esto amenazaba la supervivencia de los indígenas que viven en aislamiento voluntario en esta zona.

El 11 de junio de 2014, el Presidente de la República del Paraguay, promulga la ley 5194 que declara de interés social y expropia las 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, posterior a una campaña internacional, sin precedentes para el país, sobre la obligación del Estado paraguayo de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH.

Programa que busca promover la educación en derechos humanos a partir de conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para el fortalecimiento de capacidades de activismo y defensa de derechos humanos en Paraguay.

En conjunto con la organización Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC), realizamos acciones de incidencia y movilización para frenar la aprobación del Proyecto de Ley de Retención de Datos de Internet, conocida como ley “Pyrawebs”. Como resultado, el Congreso Nacional de Paraguay rechazó el Proyecto de Ley. 

Mainumby es la niña de 10 años que resultó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones, aparentemente por su padrastro, dando a luz el 13 de agosto. A finales de abril, se lanzó la acción urgente sobre el caso de la niña Mainumby, la cual se actualizó en tres ocasiones. 

Este trabajo se realizó en conjunto con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Paraguay y varias organizaciones locales, con quienes se coordinó una estrategia de incidencia. 

Fueron remitidas a las autoridades de Paraguay más de 500.000 firmas de personas de varias partes del mundo que se unieron a la causa.

Rosalía Amarilla fue engañada para viajar hasta China. Allí fue detenida y condenada inicialmente a pena de muerte. En seguimiento al caso Rosalía Amarilla se realizaron reuniones entre sus familiares y las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese año se concretó la visita de los familiares a Rosalía en las instalaciones penitenciarias en la que está recluida, en Shanghái, China. Un gran logro fue la conmutación de la pena, de una sentencia de pena de muerte a cadena perpetua.

Amnistía Internacional Paraguay se sumó a la campaña #PorEllas, en conjunto con otras organizaciones. Que tuvo como resultado la promulgación de la Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, que constituyó un hito fundamental en la evolución y la ampliación de los derechos para mujeres y niñas en el Paraguay.

En este año, Amnistía Internacional lanza su informe de investigación: “Una receta para criminalizar: Personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”, que devela un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por el cual los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Se realizó una acción urgente en apoyo a Amada Martínez, defensora de derechos humanos de la comunidad Indígena Tekoha Sauce del Pueblo Ava Guaraní Paranaense, quien fue amenazada por tres guardabosques armados en uniforme con el logo de la Hidroeléctrica Itaipú Binacional (Paraguay – Brasil), en presencia de tres menores de edad, su hermana y un taxista.

Tras seis años de lucha por la justicia en este terrible caso, el 27 de julio de 2018, celebramos la absolución de 11 personas campesinas acusadas injustamente de la muerte de seis policías, en uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad paraguaya y la comunidad internacional. La sentencia de la Corte es un triunfo importante para los derechos humanos en Paraguay. Sin embargo, aún queda pendiente el deber de las autoridades paraguayas de garantizar justicia, verdad y reparación por las muertes de 11 campesinos que se han negado a investigar, así como continuar con la investigación por la muerte de los seis policías.

En 2014 María Belén Whittingslow Castañé denunció por acoso sexual a un docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y Miembro del Consejo de la Magistratura, un órgano que tiene a su cargo la elección de jueces y fiscales en el país.

Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades paraguayas para que adopten las medidas necesarias para que las denuncias de acoso sexual sean investigadas de manera independiente e imparcial y, de hallarse pruebas admisibles y suficientes del acoso, se promuevan las acusaciones en contra de las personas que se sospechen puedan haber cometido tales actos. Todo ello, en el marco de un juicio justo.

Se realizó una acción urgente en apoyo a la comunidad indígena de Tekoha Sauce, que estuvo, una vez más, en peligro de ser desalojada de su territorio ancestral a causa de las acciones judiciales emprendidas contra ella por la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional (Paraguay-Brasil). 

Amnistía Internacional consideró que el juicio en contra de Ernesto Ojeda no contó con las garantías adecuadas y que estuvo basado en un uso abusivo del sistema penal, que representó una respuesta del Estado que criminaliza el activismo social y mandó un mensaje amedrentador a otras personas jóvenes que quieran luchar por sus derechos.

Amnistía Internacional junto al equipo Diversxs Alto Paraná, que promueve los derechos humanos de personas LGBTIQ+ presentó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución 036/19 de la Junta Municipal de la ciudad de Hernandarias que declaró Pro Vida – Pro Familia a esa ciudad y contra la Resolución 3076/19 de su Intendencia Municipal, que violó el derecho a la reunión, a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica, entre otros, de manifestantes LGTBI, en la mencionada ciudad.

En plena pandemia, con un duelo social a cuestas, Amnistía Internacional junto a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y la Coordinadora de Derechos Humanos, lanzan un Manifiesto por el Derecho a la Salud requiriendo la participación ciudadana en la construcción de un Sistema de Salud Público, Universal, Gratuito, Integral, de Calidad con activa participación ciudadana y sostenido con recursos públicos basados en criterios de justicia tributaria.

Luego de cuatro jornadas de juicio, durante las cuales Alexa y sus abogadas del Consultorio Jurídico Feminista estuvieron acompañadas por organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional Paraguay— y por miembros de la sociedad civil en su búsqueda de justicia, el sacerdote fue encontrado responsable de los hechos y sancionado.

Esta acción tiene como objetivo que sus documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican, recurriendo para ello al procedimiento establecido en leyes de carácter general que disponen la posibilidad de Cambio de Nombre para cualquier persona que así lo solicite. 

Se lanzó el Informe de investigación de Amnistía Internacional «Mitakuña Ndaha’eiva’erã Sy», que revela un laberinto de violencia sexual para niñas en Paraguay, es declarado de Interés Nacional por el Senado paraguayo.

Los casos de Yren Rotela y Mariana Sepúlveda son elegidos para la campaña internacional Escribe por Derechos. Estas dos mujeres trans, desde el 2016 se encuentran con peticiones judiciales pendientes de resolución, relacionadas al cambio de su nombre legal, que recogen la identidad de género autopercibida. 

Más 145.000 personas apoyaron la petición para el cambio de sus nombres.

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia culminó y aprobó el Programa Nacional de Prevención y Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, una de las recomendaciones de nuestro Informe Son #NiñasNoMadres.

En el marco del análisis de un proyecto de ley en estudio en Paraguay, Amnistía Internacional elabora un completo análisis de reflexión sobre las políticas de género.

Informe “La Deuda de la Salud”, una investigación que analiza la garantía del derecho a la salud en Paraguay a partir de la situación del sistema público sanitario. Este informe, revela que Paraguay es uno de los países más caros para enfermarse y que la precariedad del sistema público de salud es una decisión política que puede y debe cambiarse.

En el marco de un análisis de un proyecto de ley en estudio en Paraguay, Amnistía Internacional elabora un completo análisis de reflexión sobre la reducción del espacio cívico.

Paraguay dio un paso histórico al aprobar —primero en el Senado y luego en Diputados— la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Esta decisión representa una victoria clave para organizaciones y activistas que promueven políticas de autonomía, cuidados y no discriminación, como la Plataforma por los Derechos de las Personas Mayores que impulsa la campaña pública ¡Envejece con Fuerza! #AgeLoud

Vidal Brítez fue detenido el 26 de marzo en Paso Yobái, Guairá, como represalia por su defensa de un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Britez, viene denunciado desde hace años los impactos de la minera de oro en la zona, incluyendo la contaminación con sustancias toxicas que afectan a comunidades. Lanzamos una acción urgente exigiendo el fin de su criminalización, y de respetar las garantías procesales de Vidal Britez, además de retirar los cargos, lo que daría lugar a su liberación.

Tras varios meses de arresto domiciliario, Vidal Britez, defensor ambiental, recupera su libertad de movimiento. Esto le permitirá volver a trabajar en sus cultivos. Un paso enorme para seguir luchando para que nadie sea criminalizado por defender los derechos humanos. 

Tras la acción impulsada por Amnistía Internacional Paraguay  se declaró inconstitucional una resolución municipal que prohibió al grupo Diversxs que marchará en Hernandarias, marcando un precedente para todo el país sobre el derecho la libertad de reunión.

Amnistía Internacional Paraguay solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley Garrote y del decreto que la reglamenta por afectar a la misión de defensa de los derechos humanos, imponiendo controles intrusivos y sanciones desproporcionadas 

Se realizó una acción urgente por el caso de Rubén Irala, coordinador de la Pastoral Social de Guairá, quién sufrió un ataque armado tras recibir amenazas vinculadas a su trabajo en defensa del medioambiente y de comunidades afectadas por la degradación ambiental.  Se solicitó a las autoridades paraguayas que investiguen de manera efectiva los motivos tras el ataque y de proporcionar medidas de protección adecuadas a Rubén Irala y su familia.